José Castro se inclina por la imputación a pesar de que Anticorrupción cree que sería imposible sostener la acusación durante una vista oral
LAEDICION.NET.-Si hay que imputar a Cristina de Borbón se le
imputa». Son palabras textuales del juez del 'caso Nóos', José Castro, en el
interrogatorio de la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, el pasado 16 de
febrero. Es un secreto a voces desde hace semanas. El magistrado quiere poner
el broche a la instrucción de este sumario con la imputación de la hija menor
del Rey. Castro, que mantiene desde hace años excelentes relaciones personales
con el fiscal del caso, Pedro Horrach, ha abierto, no obstante, un duro
enfrentamiento jurídico con él, que se niega a citar a la infanta, siquiera
como testigo, porque cree que con las pruebas que hay en los más de 12.000
folios del sumario sería imposible sostener una acusación contra ella por
malversación de dinero público.
Si Castro persiste en su intención de citar a la infanta se va a
encontrar con el recurso del Ministerio Público, según adelantan varios
responsables de este departamento, que insisten en que «no ha habido órdenes de
Madrid», de la Fiscalía General del Estado, y que la oposición a la imputación
se basa en motivaciones «estrictamente jurídicas». Un recurso de Anticorrupción
a la imputación de Cristina de Borbón no paralizaría el interrogatorio, pero el
magistrado, explican responsables judiciales, «estudia seriamente» la
posibilidad de, a modo de deferencia con la Fiscalía, suspender la cita y dejar
en manos de la Audiencia Provincial la decisión de si la duquesa de Palma debe
o no hacer el paseíllo del callejón de los juzgados en Vía Alemania.
«Sin indicios sólidos»
Los responsables de Anticorrupción, que admiten que quizás no se
hubieran opuesto a la citación de la infanta al inicio de la instrucción
basándose en su puesto como vocal del Instituto Nóos, insisten en que un año y
medio de interrogatorios y diligencias no han aportado «indicios sólidos» para
probar que la duquesa de Palma tomó «decisiones pro activas» para ayudar a
Iñaki Urdangarin en la comisión de un delito. Algunos de los últimos correos
electrónicos aportados por Torres, explican, podrían apuntar a que en algún
momento pudo estar al tanto de los negocios de su marido, pero ese conocimiento
o el hecho de que ella misma fuera beneficiaria de ese dinero supuestamente
ilícito dista mucho de ser una prueba en la que basar una acusación.
Desde la Fiscalía recuerdan que en todo el sumario no hay un solo
papel que pruebe que Cristina de Borbón estuviera en el día a día de los
trabajos en el Instituto Nóos o el enjambre de empresas que rodeaban esa
institución o que controlara las cuentas de estas firmas, como sí hacía Ana
María Tejeiro.
Castro, por su parte, ya demostró que no le tiembla el pulso para
imputar a un alto cargo de la Casa Real sin el apoyo de Anticorrupción, ya lo
hizo con Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, al que llamó a
declarar sin que lo pidiera el fiscal, aunque no se opuso a esta medida. El
juez, también sin el respaldo del Ministerio Público, ordenó que Hacienda
investigara si la infanta pudo acogerse a la amnistía fiscal.
El magistrado comparte algunos de los argumentos de Anticorrupción,
pero considera que la acumulación de tantos indicios, aunque sean débiles,
hacen imprescindible el interrogatorio de Cristina de Borbón. Y citarla como
testigo sería poco garantista para ella, que debería responder, sin derecho a
mentir, sobre cuestiones que podrían implicarla.
Suma de pruebas
La acumulación de indicios que apunta el juez recoge todo tipo de
pruebas. Las primeras son la última tanda de mails de Torres, en los que el
yerno del Rey pone al día a su mujer de algunos de sus negocios de Nóos. Otros
correos anteriores entregados por el exsocio ya apuntaron a la supuesta
intervención de la duquesa de Palma para engrasar gestiones de su esposo al
frente del polémico instituto o de la fundación de niños discapacitados, como
hizo para intentar sacar adelante la presencia de un segundo sindicato español
de vela en la Copa América.
Al margen de los correos, Castro también valora otras pruebas, como
el hecho de que sea la única de los cinco miembros de la Junta Directiva de
Nóos que no está imputada; que fuera la coopropietaria de la inmobiliaria
Aizoon presuntamente usada por Urdangarin para desviar cerca de un millón de
dinero público a su bolsillo; que ella aprobara las cuentas anuales de esa
firma; que fuera la primera titular de la cuenta que abrió Aizoon; o que girara
facturas contra esa mercantil por valor de 600 y 700 euros semanales como si
fuese un proveedor más. Todo ello, además del hecho de que recibió en una
cuenta a su nombre, no compartida con su marido como otras muchas usadas para
desviar dinero, 12.671 euros procedentes de Nóos Consultoría, una de las
sociedades satélites de Urdangarin y Torres.
Así las cosas, según explican diversos responsables judiciales de
Palma, la única posibilidad de que la citación de la infanta no termine al
arbitrio de la Audiencia Provincial por la oposición de la Fiscalía sería un
cambio de parecer de la acusación pública. Un cambio así, señalan estas mismas
fuentes, solo sería posible si hay pruebas contundentes de que Cristina de
Borbón hizo gestiones determinadas a favor de Nóos -«no que otros refieran que
las iba a hacer»-, especifican en Anticorrupción, o que se aporten pruebas de
que controlaba la caja. Algo que, todos reconocen, solo puede hacer Torres con
una nueva hornada de mensajes.
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