Martínez acusa a la Junta de ser “la mayor inmobiliaria de Andalucía” y funcionar “con criterios especulativos”

·        La empresa pública de suelo de la Junta ha estado vendiendo urbanizaciones para segunda residencia en la costa andaluza, subastando suelo público para VPO “al mejor postor”, y vendiendo viviendas públicas mientras se desahuciaba a familias y debía ayudas al alquiler social ·        El PP exige al bipartito que ponga el alquiler a las familias más vulnerables las viviendas públicas que no son capaces de vender ·        Recuerda que los desahucios a los colectivos más vulnerables ya están paralizados por el Gobierno de la Nación, y que el decreto de la Junta se “solapa” y “queda en nada”.

LAEDICION.NET.-La portavoz de vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, ha afirmado hoy que la Junta de Andalucía, gobernada por el bipartito PSOE-IU es “la mayor inmobiliaria de Andalucía”, con un parque de más de 81.000 viviendas en la comunidad y un presupuesto total anual de más de 32.000 millones de euros, por lo que criticó su “incapacidad” para solucionar por sí misma el problema de la vivienda social. Martínez recordó que la política de vivienda de la Junta, a través de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) “ha funcionado con criterios especulativos”, promoviendo urbanizaciones de vivienda libre de segunda residencia en la costa andaluza, subastando suelo público para VPO “al mejor postor”, o vendiendo el parque público de viviendas sociales, “sin apostar por el alquiler”.

Para el PP andaluz, las declaraciones del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre la función social de la vivienda, “tienen credibilidad cero porque ha tenido tolerancia cien con todos los desahucios que se han producido en Andalucía, y ha recortado año tras año el presupuesto de vivienda hasta casi un 70 por ciento”

La diputada del PP andaluz dijo que, cada día que pasa, el decreto sobre vivienda aprobado la semana pasada por el bipartito “queda en papel mojado”, ya que la consejera del ramo “tiene en su mano” dar la solución a las familias poniendo en alquiler las viviendas que EPSA tiene destinadas la venta.

“Que destine las viviendas en venta de EPSA al alquiler social, que es lo que ellos dicen pero no hacen”, insistió, al tiempo que acusó al gobierno andaluz de “desmantelar la política social de vivienda”.

Alicia Martínez recordó que de 2008 a 2011, bajo los gobiernos de Zapatero, Chaves y Griñán, ha habido 63.468 ejecuciones hipotecarias en Andalucía sin que se tomara ningún tipo de medida. Además, recordó que las ejecuciones hipotecarias que se han producido ahora son “herencia del PSOE”, ya que el trámite hasta el desahucio es de unos dos años y medio.

Por el contrario, recordó que en la actualidad los lanzamientos sobre las viviendas de las familias más vulnerables están paralizados por el gobierno de la Nación. En este sentido, hizo hincapié en que el sector de población al que ampara la paralización de los desahucios llevada a cabo en otoño de 2012 por el gobierno de Rajoy es el mismo al que supuestamente da cobertura el decreto de la Junta, por lo que, a su juicio, “se nutre de la legislación estatal”.

La portavoz de vivienda del PP andaluz criticó que el decreto de la Junta no tenga dotación presupuestaria, por lo que, para el PP, se trata de una medida que “no conduce a nada”. Apuntó que el PP ha sido el primero gobierno en regular la dación en pago con carácter retroactivo en marzo de 2012, a través del Código de Buenas Prácticas;  y el primer gobierno que ha puesto en marcha el Fondo Social de Viviendas.

En este sentido, criticó  la negativa de la Junta a hacer lo mismo con las viviendas vacías de su parque social, que cifró en unas 5.000, aunque aclaró que se trata de una cifra estimativa ya que la Junta no ofrece información sobre este punto, “que controla la administración paralela”.

“El bipartito elige el camino de la confrontación en vez de el de la responsabilidad”, dijo la dirigente popular. Alicia Martínez recordó la promesa incumplida de la Junta al prometer en 2008 viviendas gratis a quienes cobraran menos de 3.000 euros al mes; así como la supresión de ayudas para incentivar la puesta en alquiler de viviendas vacías; o el impago de las ayudas de fomento del alquiler. Asimismo, informó que la Junta tiene pendientes de justificar ayudas por más de 27 millones de euros transferidas por el gobierno socialista de Zapatero al amparo del plan 2005-2008, y que “no se sabe dónde han ido a parar”.

Por ello, anunció que el PP pedirá la comparecencia de la consejera del ramo, Elena Cortés, a la que acusó de hacer un decreto que es “demagogia pura”, y que, al “solaparse” con el decreto de protección de deudores hipotecarios que paraliza los desahucios de colectivos en situación vulnerables, “sin efectividad”. “Es un brindis al sol”, afirmó.