Considera que la administración «actuó conforme a derecho», por lo que desestima íntegramente la demanda de Guerrero y le condena al pago de las costas
LAEDICION.NET.-El Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 7 de Sevilla ha desestimado el recurso planteado por el exdirector
general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, contra la
decisión del Ejecutivo andaluz de decretar su suspensión provisional de
funciones como funcionario por su imputación en el caso de los expedientes
de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, por el
que actualmente permanece ingresado en prisión.
En una sentencia dictada el pasado 5 de abril, dicho órgano judicial
avala la decisión adoptada en enero de 2012 por la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública de la Junta, que concedía a Guerrero el
reingreso al servicio activo y simultáneamente le declaraba en suspensión
provisional de funciones sin asignación de puesto ni derechos económicos, por
considerar que el exdirector general de Trabajo "no cumple las
condiciones para desempeñar las funciones correspondientes a un puesto de
trabajo que se le asignara" al encontrarse imputado por el Juzgado de
Instrucción número 6 de Sevilla y actualmente en prisión.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, la sentencia
considera que la resolución dictada en su día por la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública "motiva suficientemente la medida de suspensión
provisional de funciones" y subraya que la administración autonómica
"actuó conforme a derecho", por lo que desestima íntegramente la
demanda de Guerrero y le condena al pago de las costas.
La Junta decidió en enero de 2012 suspender el reingreso como
funcionario de Guerrero, que había solicitado su reincorporación al Servicio
Andaluz de Empleo (SAE), como "medida cautelar proporcionada a la
naturaleza de los delitos que se le imputan" en la investigación judicial
del caso ERE "y las circunstancias en que presuntamente se han
cometido".
Por «necesidad perentoria» de su familia
El exdirector general defendió entonces, en declaraciones a Europa
Press, que no solicitaba su reincorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
por una "chulería", sino por "una necesidad perentoria"
ante las dificultades económicas de su familia.
Con posterioridad, en concreto el pasado mes de marzo, Guerrero
elevó un escrito ante la Dirección General de Función Pública de la Junta de
Andalucía para reclamar a la administración autonómica los 24.750 euros que
considera que le "corresponden" como funcionario del SAE pese a
estar suspendido cautelarmente en sus funciones desde el mes de enero de 2012
debido a su imputación judicial.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, argumentó entonces que la
Ley estipula que todo funcionario suspendido cautelarmente "tendrá derecho
a percibir el 75 por ciento de su sueldo, trienios y pagas
extraordinarias", algo que en su caso "no se ha producido" y que
alcanza los 24.750 euros, y advirtió a la Junta de que, de no atender su
petición, emprenderá acciones legales contra la Administración al entender
que podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario