La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al Gobierno que se atiendan las indicaciones de la Comisión Europea sobre la independencia de los órganos reguladores

Ante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

AUC cree que hay un proceso de “divergencia” con Europa en éste y otros temas como la financiación de las televisiones públicas o la compensación por copia privada, y teme las consecuencias que de ello puedan derivarse para España.

LAEDICION.NET.-La interpelación directa al Gobierno por parte de la vicepresidenta de la Comisión Europea, a la que se refiere hoy el diario El País, sería así un paso más en la oposición que las autoridades comunitarias vienen manifestado frente al proyecto español de crear un órgano “macrorregulador” que integre tanto las funciones en materia de competencia como las relativas a los diferentes mercados regulados, entre ellos todo lo relacionado con telecomunicaciones, audiovisual y comunicaciones electrónicas.

Desde los anteproyectos iniciales sobre la denominada Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se han planteado diferentes cambios, en la línea de dotar de una mayor independencia al área de competencia dentro de la Comisión o desgubernamentalizar el nombramiento de sus altos cargos. También alguno insuficientemente explicado, como  dejar el juego fuera de las actividades de la Comisión. En todo caso, no parece que por el momento la propuesta del Gobierno sea del agrado de las autoridades comunitarias.

Aunque los principales focos de conflicto con la Comisión parecen estar en las áreas de competencia y de telecomunicaciones (otros mercados regulados serían energía, postal o transportes), la Asociación de usuarios de la Comunicación recuerda que la CNMC vendría a asumir el papel del nunca creado Consejo Audiovisual de ámbito estatal, con un modelo más gubernamentalizado y en el que no se contempla el mantenimiento del Consejo Consultivo de participación social previsto en la actual legislación.

AUC hace un llamamiento para que se implante en España un modelo de órganos reguladores con la suficiente independencia del Gobierno en su estructura, en el  nombramiento de sus responsables y en sus competencias, en línea con los existentes en la mayoría de los países de nuestro entorno y que garantice la mejor protección para los intereses de los consumidores y usuarios. Y muestra también su preocupación por lo que considera un cierto proceso de “divergencia” entre España y la UE también en otras materias como la aportación de los operadores de telecomunicaciones a la financiación de la televisión pública o el modelo de compensación de derechos de propiedad intelectual por copia privada, que a medio plazo puede tener consecuencias muy negativas para nuestro país.