El Gobierno andaluz ha triplicado el presupuesto desde 2008
para hacer frente al aumento de solicitudes de personas sin recursos Griñán
quiere trasladar a Rajoy sus planes en una reunión
LAEDICION.NET.-El
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto ley de
medidas urgentes con el que la Administración andaluza quiere taponar el riesgo
de exclusión de miles de andaluces, en especial, parados de larga duración y
mayores y menores de edad.
El plan de la Junta contará con 120 millones de euros, de los que 76 ya estaban presupuestados este año para contrataciones laborales por parte de los ayuntamientos y para un plan de solidaridad alimentaria, que ahora se ejecutarán. La nueva aportación, 44 millones, se destinará a reforzar el Ingreso Mínimo de Solidaridad, denominado salario social, una paga que es el último recurso disponible para las personas que han agotado todos los demás recursos. Se concede durante seis meses y oscila entre 392,5 y 633,3 euros al mes dependiendo de los miembros de la unidad familiar.
Aparte de este plan, en salario social la Junta ya destina 71 millones este año y, sumada esta ampliación, habrá para este recurso el triple de los 41 millones que se destinaron al inicio de la crisis, en 2008. Entonces esta ayuda la pidieron 29.000 andaluces; el pasado año fueron 55.440 solicitudes presentadas, y se concedieron sobre el 60%.
Con este incremento presupuestario la Junta quiere hacer frente al crecimiento de peticiones de parados que agotan su prestación y las ayudas excepcionales de 420 euros. Además, el Gobierno andaluz pretende agilizar la tramitación de la ayuda y que ésta se conceda en el plazo máximo de dos meses. El año pasado hubo retrasos de hasta un año, según denunciaron el Defensor del Pueblo estatal y autonómico.
Estas medidas transitorias (acaban a final de año) suponen un parche contra la exclusión, a pesar del discurso exultante en el que incurrieron en rueda de prensa tanto la consejera de Salud, María Jesús Montero, como el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. La Junta lleva una década prometiendo una reforma de los Servicios Sociales de 1988 que desembocaría en una Ley de Inclusión Social que vincularía la percepción de estos subsidios a la búsqueda de trabajo. En ella se integraría la Renta Básica, una suerte de salario social universal y sin límite de tiempo que ya tienen País Vasco o Navarra.
La consejera aseguró que se trabaja en la aprobación de esta Renta en Andalucía, pero aseveró que mientras "no se puede esperar", en contraposición a la "paciencia" que reclamó este domingo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "No es posible esperar mientras el azote del paro está dejando sin ingresos a miles de familias", añadió el portavoz para justificar estas medidas "paliativas y de carácter temporal".
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, reclamará una reunión a Rajoy para trasladarle estas medidas, según confirmó Vázquez. Griñán ha pedido, entre otros pactos (empleo, contención fiscal y modernización de la economía), uno de exclusión social. La Junta demuestra que "otra política es posible" para no "dejar a nadie en la cuneta", dijo Vázquez entre otras glosas a un decreto ley que puede ser catalogado como de autoría compartida del PSOE con IU, tras el éxito del decreto ley de vivienda acuñado a la coalición de izquierdas.
Entre otras novedades, Montero avanzó que se pedirá al Gobierno que el plan de contratación en los ayuntamientos, el PER social, pueda librarse de las cuotas a la Seguridad Social, y así destinar otros 16 millones suplementarios a estos contratos.
También se supo qué niños se beneficiarán de las tres comidas de la red alimentaria. Serán aquellos cuyas familias no ganen más de 1,5 veces el Iprem (unos 800 euros). Se estiman 46.800 menores con "privación material severa" de lo 72.000 que en la actualidad ya tienen bonificado el almuerzo en su totalidad y no pagan nada.
La consejera comentó que será cada colegio el que decida cómo se ofrece el desayuno y la merienda, pero apuntó como posibilidad que se podría aprovechar el almuerzo para hacerle entrega de las otras dos comidas. En principio, no se abrirán los comedores escolares en verano. Para ayudar a los niños sin recursos en época estival, las ONG irán a las zonas con necesidades de transformación (barriadas marginales) con campamentos alimentarios. Se han identificado 5.536 niños en estas circunstancias. Habrá que esperar al BOJA para conocer si se añaden festivos y fines de semana.
También se ampliará el servicio en los centros de día de personas mayores y se sufragará el catering a domicilio que ya ofrecen algunos ayuntamientos para mayores de 65 años con dificultades para desplazarse a los comedores.
La Junta dotará con 4 millones de euros más el plan de ayudas económicas familiares, que este año tenía 1,2 millones para las necesidades alimentarias de menores (leche de continuidad, entre otras). Cambiará los requisitos y perderán las ayudas las madres en unidades familiares que superen en 4 veces el Iprem (por encima de los 2.000 euros) para beneficiar en mayo grado (de un 100 a un 120% de bonificación) a las madres con ingresos inferiores a 800 euros (1,5 veces el Iprem).
El plan de la Junta contará con 120 millones de euros, de los que 76 ya estaban presupuestados este año para contrataciones laborales por parte de los ayuntamientos y para un plan de solidaridad alimentaria, que ahora se ejecutarán. La nueva aportación, 44 millones, se destinará a reforzar el Ingreso Mínimo de Solidaridad, denominado salario social, una paga que es el último recurso disponible para las personas que han agotado todos los demás recursos. Se concede durante seis meses y oscila entre 392,5 y 633,3 euros al mes dependiendo de los miembros de la unidad familiar.
Aparte de este plan, en salario social la Junta ya destina 71 millones este año y, sumada esta ampliación, habrá para este recurso el triple de los 41 millones que se destinaron al inicio de la crisis, en 2008. Entonces esta ayuda la pidieron 29.000 andaluces; el pasado año fueron 55.440 solicitudes presentadas, y se concedieron sobre el 60%.
Con este incremento presupuestario la Junta quiere hacer frente al crecimiento de peticiones de parados que agotan su prestación y las ayudas excepcionales de 420 euros. Además, el Gobierno andaluz pretende agilizar la tramitación de la ayuda y que ésta se conceda en el plazo máximo de dos meses. El año pasado hubo retrasos de hasta un año, según denunciaron el Defensor del Pueblo estatal y autonómico.
Estas medidas transitorias (acaban a final de año) suponen un parche contra la exclusión, a pesar del discurso exultante en el que incurrieron en rueda de prensa tanto la consejera de Salud, María Jesús Montero, como el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. La Junta lleva una década prometiendo una reforma de los Servicios Sociales de 1988 que desembocaría en una Ley de Inclusión Social que vincularía la percepción de estos subsidios a la búsqueda de trabajo. En ella se integraría la Renta Básica, una suerte de salario social universal y sin límite de tiempo que ya tienen País Vasco o Navarra.
La consejera aseguró que se trabaja en la aprobación de esta Renta en Andalucía, pero aseveró que mientras "no se puede esperar", en contraposición a la "paciencia" que reclamó este domingo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "No es posible esperar mientras el azote del paro está dejando sin ingresos a miles de familias", añadió el portavoz para justificar estas medidas "paliativas y de carácter temporal".
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, reclamará una reunión a Rajoy para trasladarle estas medidas, según confirmó Vázquez. Griñán ha pedido, entre otros pactos (empleo, contención fiscal y modernización de la economía), uno de exclusión social. La Junta demuestra que "otra política es posible" para no "dejar a nadie en la cuneta", dijo Vázquez entre otras glosas a un decreto ley que puede ser catalogado como de autoría compartida del PSOE con IU, tras el éxito del decreto ley de vivienda acuñado a la coalición de izquierdas.
Entre otras novedades, Montero avanzó que se pedirá al Gobierno que el plan de contratación en los ayuntamientos, el PER social, pueda librarse de las cuotas a la Seguridad Social, y así destinar otros 16 millones suplementarios a estos contratos.
También se supo qué niños se beneficiarán de las tres comidas de la red alimentaria. Serán aquellos cuyas familias no ganen más de 1,5 veces el Iprem (unos 800 euros). Se estiman 46.800 menores con "privación material severa" de lo 72.000 que en la actualidad ya tienen bonificado el almuerzo en su totalidad y no pagan nada.
La consejera comentó que será cada colegio el que decida cómo se ofrece el desayuno y la merienda, pero apuntó como posibilidad que se podría aprovechar el almuerzo para hacerle entrega de las otras dos comidas. En principio, no se abrirán los comedores escolares en verano. Para ayudar a los niños sin recursos en época estival, las ONG irán a las zonas con necesidades de transformación (barriadas marginales) con campamentos alimentarios. Se han identificado 5.536 niños en estas circunstancias. Habrá que esperar al BOJA para conocer si se añaden festivos y fines de semana.
También se ampliará el servicio en los centros de día de personas mayores y se sufragará el catering a domicilio que ya ofrecen algunos ayuntamientos para mayores de 65 años con dificultades para desplazarse a los comedores.
La Junta dotará con 4 millones de euros más el plan de ayudas económicas familiares, que este año tenía 1,2 millones para las necesidades alimentarias de menores (leche de continuidad, entre otras). Cambiará los requisitos y perderán las ayudas las madres en unidades familiares que superen en 4 veces el Iprem (por encima de los 2.000 euros) para beneficiar en mayo grado (de un 100 a un 120% de bonificación) a las madres con ingresos inferiores a 800 euros (1,5 veces el Iprem).
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