LAEDICION.NET.-Los
concejales de Izquierda Unida de El Ejido, Zaida Ruiz y Serafín Pedrosa, así
como la coordinadora loca, Ángeles Fernández, han comparecido hoy en rueda de
prensa para presentar la moción que han registrado en el Ayuntamiento de
medidas para paliar los costes fiscales de los afectados por procesos de
ejecución hipotecaria y dación del inmueble en pago de la deuda hipotecaria de
viviendas de residencia única y habitual.
El
portavoz, Pedrosa, ha recordado que ya hace un año IU El Ejido propuso medidas
al equipo de Gobierno para que quienes sufrieran ejecuciones hipotecarias y
dejar su casa por las deudas o realizaran la dación en pago no tuvieran que
pagar el impuesto de la plusvalía, pero fue rechazado por la mayoría del PP.
Ahora presentamos una nueva moción con nuevas medidas que pueden llevarse a
cabo”.
Así, ha
recordado que según datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2007 y
2012, en el Estado Español se registró una cifra aproximada de 400.000
ejecuciones hipotecarias. Una realidad que ha ido en aumento. Solo en los meses
de enero a marzo de 2013 el número aproximado de ejecuciones rozaba los 22.000,
uno cada 10 minutos, “también en nuestro municipio”.
En este
contexto miles de familias se enfrentan no solo a la pérdida de su vivienda
sino también a una condena económica de por vida. Una vez interpuesta la
demanda por parte de la entidad bancaria se inicia el proceso de ejecución, que
terminará con la subasta de la vivienda. Cuando la subasta queda desierta, como
sucede en la mayoría de casos desde el inicio de la crisis, el ejecutante se
adjudica el inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la
deuda (principal, intereses y costas judiciales) a las personas en situación de
insolvencia y sus eventuales avalistas. Así pues estas miles de familias están
siendo condenadas vitaliciamente a la exclusión social y la economía sumergida
por una legislación anómala, que no tiene comparación en los países de nuestro
entorno. Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la
parte más vulnerable del contrato hipotecario mientras las entidades
financieras, en gran medida responsables de esta, reciben ayudas millonarias
sin asumir ninguna responsabilidad. Hecho del todo inadmisible en un Estado
autodenominado social y democrático de derecho por su Constitución.
“A
veces, algunas de estas familias consiguen evitar la condena financiera
forzando que el banco acepte la vivienda como dación en pago y que con su
recepción cancele la deuda. Tanto si esto se produce como si se llega a la
ejecución, cuando el banco adquiere el inmueble quien pierde su vivienda tiene
que abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, también conocido como Plusvalía, a su ayuntamiento, algo que
nos parece injusto, ya que no es una compra venta donde se gana dinero, se pierde
todo y además hay que pagar impuestos”, argumenta Pedrosa.
Por
ello, la moción de Izquierda Unida pide instar al Gobierno de España a
completar la modificación del artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en el sentido de hacer extensiva a todas las adjudicaciones
hipotecarias de vivienda única y habitual y las entregas de estas como dación
en pago la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley
6/2012, por el que el sujeto pasivo sustituto del contribuyente pasa a ser la
entidad adquiriente del inmueble. De forma que se atribuya la condición de
sustituto del contribuyente, sin posibilidad de repercusión, al acreedor de la
hipoteca que recibe el inmueble en pago de la deuda o promueve el proceso de
ejecución, liberando así al sujeto pasivo de la carga de sufragar el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Asimismo
se solicita habilitar en el ayuntamiento de El Ejido una partida presupuestaria
destinada a una línea de ayudas que se otorguen a los sujetos pasivos del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en
los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y
habitual. “De esta manera el transmitente presenta la auto-liquidación sin
ingresar el importe y solicita la ayuda correspondiente que, tras un estudio
individual de cada supuesto y en caso de ser beneficiario, no se da, sino que
se destina al pago del tributo. La moción recoge que esto sea de aplicación
retroactiva desde el 1 de enero de 2013.
Por otro
lado IU solicita instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a eximir del pago
del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a
aquellas personas que pierdan su vivienda habitual y única, por los mismos
motivos antes expuestos y transmitir esta moción para su conocimiento y
adhesión a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, al Parlamento
Autonómico, al Consejo de Ministros, a los grupos parlamentarios del Congreso y
el Senado.
IU El
Ejido trasladará esta moción a otros ayuntamientos y también a Diputación,
“porque es posible ayudar a quienes pierden su casa y que no tengan que pagar
esa injusta plusvalía, algo que ya se está haciendo en numerosos ayuntamientos,
aquí en la provincia de Almería por ejemplo en Rioja, donde gobierna IU”.
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