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Pregunta
al ejecutivo andaluz qué piensa hacer tras la carta de la CE advirtiendo de las
consecuencias de su decreto antidesahucios
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Recuerda
que ya existen medidas, aprobadas por el Congreso, que evitan que las familias
en riesgo de exclusión pierdan su vivienda
LAEDICION.NET.--. La delegada del
Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha recordado hoy que el Gobierno de
España ya había advertido que el decreto de la Junta de Andalucía sobre Función
Social de la Vivienda, que contempla expropiaciones de uso de los inmuebles y
sanciones a los propietarios de inmuebles vacíos, “crea inseguridad jurídica y
podría tener consecuencias negativas para la economía y la recuperación del
mercado inmobiliario”.
Crespo ha hecho estas declaraciones al término de una reunión
mantenida esta mañaba en Marbella (Málaga) con alcaldes de la Costa del Sol
para analizar el refuerzo de la seguridad de cara a la temporada turística.
La delegada ha defendido las medidas contra los
desahucios impulsadas desde hace meses
por el ejecutivo de Mariano Rajoy y aprobadas por el Congreso de los Diputados
como la fórmula más equilibrada de ayudar a las familias en riesgo de exclusión
y ha afirmado que “la solución al
problema de las familias que pueden perder su vivienda por impago de la
hipoteca no son las expropiaciones.”
Las medidas contra los desahucios vigentes para todo el
territorio español contemplan una serie de medidas escalonadas que incluyen un
código de buenas prácticas al que se han adherido la mayor parte de las
entidades bancarias, posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de
los intereses de demora, creación de un banco de viviendas para familias
desfavorecidas y, en última instancia, paralización de los procesos de
desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión
social.
Crespo se ha hecho eco de “la preocupación” que denota la
carta remitida por el Comisión Europea al Gobierno de España avisando de “las
posibles consecuencias” del decreto antidesahucios de la Junta, ya que, según
ha recordado la delegada, “además de
crear inseguridad jurídica en este momento, podría hacer aumentar las dudas
sobre el mercado inmobilidario español, provocar subidas de la prima de riesgo
y reducir el interés de los inversores extrranjeros en el mercado inmobiliario
español”.
Finalmente, la delegada ha pedido al presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio griñán, que diga “qué piensa hacer” tras conocer las advertencias de Bruselas
sobre “los riesgos de su decreto para la economía española” y se ha mostrado
partidaria del consenso en torno a las medidas cotras los desahucios aprobadas
por el Congreso de los Diputados, comunes para todos los españoles.
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