PAC: Andalucía evita el desastre

LAEDICION.NET.-EL pasado miércoles, la Comisión Europea, la Eurocámara y los 27 estados alcanzaron un acuerdo sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) que se aplicará hasta 2020. En lo que respecta a Andalucía, el texto suaviza la propuesta inicial de Bruselas, que proponía una evolución gradual hacia la tasa plana, en la que todo productor -sea cual fuere su territorio, cultivo o sistema productivo- recibiría lo mismo. Eso hubiera supuesto para Andalucía -con un nivel de ayudas por agricultor bastante superior a la media española y europea- una transferencia de rentas a otras regiones que se calculó en su momento en mil millones anuales. Teniendo en cuenta que en pagos directos la región recibe 1.600 millones, el daño hubiera sido terrible. La fórmula acordada neutraliza la amenaza: la temida convergencia -la evolución hacia esa tasa plana- se podrá efectuar sólo dentro de una comarca, lo que impediría el trasvase entre autonomías, y únicamente entre sistemas productivos similares, lo que evita una transición hacia un modelo agrario de bajo rendimiento. Además, esa convergencia queda limitada al 60% de la renta media en 2019, con lo que la transferencia entre agricultores de la misma comarca tampoco será excesiva. Viendo de dónde se partía y hacia dónde se ha llegado, es indudable que la negociación se ha saldado de forma positiva para España, y es de valorar el trabajo del ministro, Miguel Arias Cañete, en Europa, y del consejero de Agricultura, Luis Planas, que en un caso raro en la vida política nacional no sólo no ha convertido la PAC en un asunto de confrontación sino que se ha mostrado como un leal aliado del Gobierno. Es lógico que el consejero se muestre prudente sobre el resultado. Falta culminar el reparto interno -muy complejo, por su dificultad técnica- en la negociación con las autonomías, aunque ya el marco está establecido y no parece probable que Andalucía pierda peso. También tiene razón en que, pese a los avances respecto al punto inicial, ésta no es la PAC que hubiera querido Andalucía. No hay que olvidar que el presupuesto europeo para la política agraria se reduce un 13% y que a España llegará más o menos lo mismo -35.000 millones hasta 2020- que en el periodo anterior, lo que en la práctica es una merma por la evolución de los precios. Tampoco ha sido escuchada la principal reivindicación del sector: medidas de mercado suficientes para hacer rentable la producción. Salvo detalles, la UE ha pasado por ahí de puntillas. Y la tasa plana, aunque descafeinada, entra en la agenda y no es improbable que después de 2020 se profundice en ella. Los nubarrones se han alejado pero pueden volver, y por ello es necesaria, más que nunca, una estrategia nacional para el campo que haga más competitivo al sector y menos dependiente de las ayudas.