La familia de un diputado del PSOE en 1936 denuncia a Rosa Aguilar

Los allegados sostienen que la alcaldesa obstaculiza la exhumación de Luis Dorado
La familia de Luis Dorado Luque, el diputado socialista presuntamente fusilado en Córdoba en 1936, presentó ayer en la Audiencia Provincial una denuncia contra la alcadesa, Rosa Aguilar, a la que acusa de "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio" por haber "obstaculizado" los trabajados de exhumación que quieren realizar en el Cementero de la Salud, donde han detectado con georadar una fosa común en la que creen que pueden estar los restos de su antecesor. El escrito, al que tuvo ayer acceso El Día, relata las trabas que a su juicio les han puesto en el Consistorio y reclama las mismas responsabilidades penales para otros dos representantes municipales: el presidente de la empresa Cementerios de Córdoba Sociedad Anónima Municipal (Cecosam), Alfonso Igualada, y al gerente de esta misma compañía, José Cabrera Baena.

La denuncia se articula en 14 puntos en los que se informa al Juzgado de todo el proceso que ha desarrollado la familia desde que decidieron buscar los restos de Luis Dorado al amparo de la Ley de la Memoria Histórica. Para ello, solicitaron y consiguieron, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una subvención del Ministerio de Presidencia y emprendieron una serie de indagaciones que, según relata el escrito, les permitieron determinar "casi en su totalidad las circunstancias en las que fue muerto, dónde fue enterrado y dónde están los restos" de Dorado, en la llamada Zanja Z del Cementerio de la Salud. Sabido esto, y con la autorización de Cecosam, el pasado 3 de octubre emprendieron un estudio con georadar en el camposanto que les permitió acreditar de forma científica "una fosa y su contenido osteolológico", de lo que informaron al Consistorio.

Es a partir de ese momento, sin embargo, cuando comienzan a producirse los desencuentros entre la familia y el Ayuntamiento, que coinciden además en el tiempo con la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones que había ordenado el juez Baltasar Garzón.