La docente atacada defiende que la Ley de Aguirre ayudará a la Educación y pide que no vuelva a ocurrir algo similar.
REDACCIÓN.-D.M.-Después de que un hombre agrediera presuntamente a la directora y amenazara al jefe de estudios del madrileño colegio Loyola de Palacio de Vallecas el pasado miércoles, el titular del juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha decidido dejar en libertad provisional con cargos de lesiones y amenazas al acusado. Además, ha dictado contra él su alejamiento a menos de 500 metros del centro educativo y de los domicilios de los perjudicados así como comunicarse con los demandantes. Una de ellas, la directora del centro educativo, defendió que la Ley de Autoridad del Profesorado propuesta por Esperanza Aguirre ayudará a la Educación, al tiempo que pidió que no vuelva a ocurrir un incidente de este tipo.
El magistrado del juzgado número 13, en funciones de guardia de detenidos, acordó la transformación en diligencias previas del expediente contra el padre del alumno del colegio madrileño detenido ayer por la Policía por la presunta agresión, que en un principio iba a ser tramitado como juicio rápido.
Pese a que las presuntas víctimas de la agresión y el propio acusado fueron exploradas por el médico forense de guardia, el magistrado ha considerado necesaria la realización de la práctica de nuevas diligencias, entre las que se encuentran otras pruebas médicas como la realización de radiografías. Además, junto con el citado informe médico, el juez tiene la intención de llamar a declara a otros testigos de los hechos así como acceder a otras pruebas documentales con el fin de aclarar la veracidad de lo ocurrido. Por este motivo, el juicio rápido no ha llegado a celebrarse.
Mientras se recogen estas diligencias, el juez ha dictado libertad provisional con cargos y orden de alejamiento para el presunto agresor. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha tomado estas medidas cautelares en virtud del artículo 544bis del Código Penal. Y a la espera de estas pruebas, la Fiscalía todavía no ha formulado el escrito de acusación. La que sí ha hablado al respecto ha sido la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que solicitará entre uno y tres años de prisión, y una multa de 2.000 euros por dos delitos de atentado a la autoridad. Además, según fuentes jurídicas, la Comunidad también ha solicitado que se acuse al detenido de una falta de lesiones contra la directora del centro.
Tras su declaración en los Juzgados de Plaza de Castilla, las primeras palabras de María José Fuentes, la directora agredida, fueron para agradecer el apoyo prestado por el claustro de profesores, la Asociación de Madrid y Padres de Alumnos y la Comunidad de Madrid. Sobre éste último, aseguró creer que la Ley de Autoridad del Profesor que promueve la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "ayudará a la educación".
La directora también manifestó sentirse "dolorida" por los hechos ocurridos el pasado miércoles, e interpeló a los padres del centro escolar para que "confíen" en el trabajo de los profesores, quienes "lucharán para sacar adelante el Loyola de Palacio y no repararán en esfuerzos" para alcanzar esa finalidad. Finalmente, expresó encontrarse "tranquila” al conocer la decisión del magistrado de imponer al agresor una orden de alejamiento. "Espero que esto no vuelva a ocurrir", sentenció la docente.
En el mismo momento en que la directora declaraba en el juzgado, los padres de los alumnos del colegio Loyola de Palacio se agolpaban a la entrada del colegio asombrados y sorprendidos por lo ocurrido en la jornada de ayer. Todos coincidieron en señalar que los hechos ocurridos son de suma "gravedad" y que demuestran que se está "perdiendo el respeto a los profesores".
"Nosotros apoyamos a la directora y al conjunto del profesorado del centro, porque los hechos son muy graves", resaltó la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del centro mientras colgaba un manifiesto condenando los hechos a la entrada del colegio. Esta agresión se produjo en medio del debate sobre el proyecto de Ley de Autoridad del profesorado que ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
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