La Policía desarticula en un mes dos redes de explotación sexual en el Poniente y Almería

Han sido detenidas seis personas por delitos de asociación ilícita, contra la salud pública, relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. Las denuncias de varias víctimas han hecho posible la intervención policial

LAEDICION.NET.-ALMERÍA.- En el marco de la operación “Lince II”, agentes de la Policía Nacional han desmantelado una segunda red en Almería de explotación sexual de mujeres gracias a las denuncias de varias de sus víctimas. Han sido detenidas seis personas, tres hombres de nacionalidad española y tres mujeres de nacionalidad brasileña. Se les imputan los delitos de tráfico de estupefacientes, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita.

A través de las declaraciones efectuadas por varias mujeres, acogidas a la Ley de Protección de Testigos, los agentes tuvieron conocimiento de de la existencia de una organización de ciudadanos españoles que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres procedentes de América Latina y de países del Este de Europa, las cuales llegaron a España con intención de ejercer la prostitución, y al tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína.

Se han realizado cinco registros, en casas de citas y domicilios particulares, dos en Aguadulce y tres en Almería, en los que se ha intervenido numerosa documentación relativa a la explotación sexual de mujeres, pequeñas dosis de cocaína y hachís, equipos de informática, dinero en efectivo y munición de 9 mm.

Esta es la segunda operación contra la explotación sexual a mujeres que se desarticula en Almería en dos meses.

Operación Lince I en Almería

A finales de diciembre de 2009 se llevo a cabo la primera fase de la operación “Lince”, dónde se efectuaron de forma simultánea siete registros en distintas casas de citas de la capital interviniéndose más de 4.000 euros, 7 gramos de cocaína, ordenadores y diversa documentación.
Fueron detenidas doce personas de nacionalidad, en su mayoría, argentina. Cuando las víctimas llegaron a España, los encargados de las casas de citas les obligaron a consumir sustancias estupefacientes y a distribuirlas entre los clientes.

Las mujeres permanecían las casas de alterne las 24 horas del día y sólo podían salir a la calle durante dos horas y con autorización previa. Además, debían pagar 20 euros por el uso de una cama litera que era compartida con otras diez chicas y únicamente percibían el 50% del importe que cobraban por los servicios. El resto del dinero era para los encargados, quienes también las amenazaban para que se sometieran a la voluntad de sus clientes.

Asimismo, los responsables de la organización recibían los beneficios íntegros que obtenían al obligar a las mujeres a vender estupefacientes a la que eran obligadas.

En estos operativos policiales han participado un total de 45 agentes de la UCRIF y UDyCO de Almería, junto con la UCRIF Central, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Asistencia y Protección a la víctimas

Estas dos operaciones han sido posibles gracias a las denuncias de algunas de las víctimas de estas redes. Grupos organizados que someten a un férreo control a las mujeres que son explotadas y de los que es muy difícil escapar. Interior ha reforzado la asistencia y protección a las víctimas de estos delitos para que colaboren con las autoridades administrativas, policiales y judiciales con la intención de frenar la trata de seres humanos.

Los agentes destinados en las unidades responsables de investigar estos delitos están recibiendo una formación específica. Además, los bienes incautados a estas mafias pueden ser destinados a la asistencia a las víctimas y a fortalecer la actuación policial contra estas redes.

Las mujeres que se encuentran en situación irregular en nuestro país y que colaboran en la desarticulación de estos entramados pueden obtener la tarjeta de residencia y trabajo o solicitar su repatriación a su país de origen. Además, todas las víctimas que facilitan este trabajo policial y judicial pueden adquirir la condición de testigos protegidos que las otorga un total anonimato en todas las actuaciones realizadas por la policía y los jueces.