Sólo el 10% de empresas da empleo a discapacitados

LAEDICION.NET.-El empleo es una de las mayores barreras para la normalización • Las empresas incumplen los cupos dictados por la Ley
"Todavía queda mucho por andar". Con estas palabras, el delegado para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Luis López, ha resumido la situación de las personas discapacitadas en Almería durante la presentación de una jornada sobre integración social organizada por CCOO.

Tanto el delegado como la secretaria de Política Social de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, han incidido en la necesidad de hacer cumplir las cuotas de empleo dedicadas a personas con discapacidad en las empresas. En el caso de las privadas, el porcentaje de inclusión que se les exige asciende a un 2% y, en el de la administración pública, a un 5%. Sin embargo, la mayoría de las empresas optan por acogerse a las medidas sustitutorias como la ayuda a ONG's y "sólo un 10% de las empresas de la provincia cumple con las cuotas", situación que afecta, en mayor modo, al colectivo femenino. Para solventar esta situación, Berges considera que es necesario que la "Administración de ejemplo" y que la Inspección de Trabajo actúe en los casos en los que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no alcanza el porcentaje requerido de reservas para personas con discapacidad. "Si no son capaces de cumplirlo, deberían pasarlo a la siguiente convocatoria".

En los últimos años "se han alcanzado objetivos fundamentales desde el punto de vista asistencial" gracias a leyes como la de Dependencia o su precursora, la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi), con la que se empezó a dar visibilidad a un colectivo "hasta entonces, apartado a los ojos de la sociedad", pero para conseguir una "una verdadera inclusión social" esto "no basta". Según el delegado, es necesario complementar las acciones de la "mal llamada" Ley de Dependencia con objetivos también importantes como son las políticas de educativas, sociales, culturales o las de empleo que contempla la primera parte de la normativa, titulada Ley de Promoción de la Autonomía Personal.



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