LAEDICION.NET.-Juan Miguel Fernández, secretario-interventor del Ayuntamiento de Gádor ratificó ayer en el Tribunal Supremo, ante el que declaró como testigo de la acusación, que advirtió al menos en dos ocasiones a Eugenio Gonzálvez, alcalde del municipio, de la ilegalidad en el procedimiento por el que se construyó una nave municipal y por el que Gonzálvez se encuentra imputado por presunto delito de prevaricación.
El letrado de la acusación, Juan Manuel Llerena, ha confirmado este punto, así como el portavoz del PSOE de Gádor, Juan Antonio Almansa, quienes aseguran que el secretario informó de este punto al regidor antes del inicio de la obra y que posteriormente, cuando se presentó el pago de las facturas puso un reparo al entender que ‘las dos últimas fases no debían hacerse de la misma forma que las anteriores’.
Entre 2000 y 2005, en las primeras fases de las obras, ‘el constructor era el Ayuntamiento y los materiales se adquirían directamente’, dice el secretario, pero en 2005 se cambia el sistema de contratación, se paraliza y en 2007 se reanuda. El secretario entiende en su declaración que ‘esas obras no se pueden realizar por terceros porque se cambia el sistema de contratación’.
Además de entender que el Ayuntamiento podía acabar directamente las obras, el secretario mantuvo y mantiene ahora que para proceder como quería el alcalde ‘era necesario un concurso con su correspondiente expediente’. Dice asimismo que ‘puso un reparo a las facturas – que afectaban al Plan de Empleo Agrario - y no a la obra porque no conoce el proyecto’.
Así, el secretario entendía que el procedimiento de contratación era distinto y que a partir de 2005 para culminar dicha obra era precisa otra forma administrativa. Fernández añade que mientras que en otras obras incluidas en los presupuestos municipales, como la guardería o el campo de fútbol, los proyectos fueron aprobados por el Ayuntamiento, no sucedió lo mismo con estas últimas fases de la nave, pese a haber dejar constancia de que ‘la finalización de esas obras había que licitarla’ encontrándose posteriormente con ‘las facturas a las que puso el reparo’.
El secretario añade que en el caso de la guardería y el campo de fútbol, Gonzálvez le preguntó ‘qué se necesitaba para ejecutar las mismas’ pero no ‘sabe nada más de las otras dos hasta el Decreto del alcalde’ por el que se entiende que las obras pueden ejecutarse, y reconoce que ‘siempre trataba estos temas con el alcalde y no con el concejal de Obras’.
El secretario se desvincula además de dicho decreto, que fue redactado por el propio regidor sin consultar a los servicios jurídicos de Diputación u otra administración.
En este sentido, Fernández recuerda que Gonzálvez es maestro y no licenciado en derecho, si bien no recuerda si el regidor tenía delegadas las funciones en ejecución de obras.
Puesto que Gonzálvez tiene la condición de aforado por su cargo como senador, es el Supremo (TS) el organismo al que le corresponde tratar este caso; por lo que hoy comparece en dicha Sala Segunda, destinada a causas especiales y conformada por cinco magistrados, siendo el instructor de la causa Miguel Colmenero.
El TS se declaró competente para instruir el proceso el pasado mes de junio, tras admitir a trámite una querella interpuesta por el PSOE de Gádor, después de que la Fiscalía del Supremo encontrase indicios suficientes de este delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de una nave en este municipio.
El auto de la Sala Segunda estimó así la querella tal y como solicitó la Fiscalía del PSOE acerca de "la adjudicación de un contrato administrativo de obras sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación".
El ponente, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, expuso que "pudiendo, en principio, los hechos relatados en la querella ser, tal y como informa el Ministerio Fiscal, una vez tomado testimonio íntegro del Procedimiento Contencioso-Administrativo interpuesto sobre la misma cuestión, Procedimiento Ordinario 540/2007 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería...." y "estando suficientemente acreditado en las presentes actuaciones la condición de Senador del Excmo.
SrDon Eugenio Jesús Gonzálvez García, es procedente, de conformidad con los arts. 71.2 de la Constitución Española, 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 22.1 de Reglamento del Senado, asumir la competencia de esta Sala, para el conocimiento de la causa y la designación de Instructor, conforme al turno previamente establecido".
Las obras fueron iniciadas en el año 2.000, sin que se hubiese realizado un concurso público para escoger a la empresa encargada de las mismas. El portavoz socialista de Gádor, Juan Antonio Almansa aseguró en su día que "para darle apariencia de legalidad, Gonzálvez pidió un presupuesto a tres empresas que pertenecen al mismo grupo y que comparten sede social".
El secretario interventor, ante la orden de pago de las facturas del alcalde puso un reparo en el que se decía que "se habían omitido requisitos y trámites esenciales" o que "no habían sido fiscalizados los actos que generaban las órdenes de pago".
Testigos
Por otro lado, el Supremo ha informado además de las citaciones de los testigos de la acusación. El 19 de abril declararán a partir de las 10:30 horas Juan Miguel Fernández Jurado, secretario interventor del Ayuntamiento de Gádor, Francisco Quesada Sánchez, ingeniero técnico industrial del Consistorio, y María del Rosario Cañizares Gonzálvez, representante de Montajes Metálicos Almería SL.
El día 26 de abril, a la misma hora, pasarán por la Sala Segunda, también como testigos de la acusación, los representantes legales de las empresas Acerama SC y Lamas Estructuras Metálicas SL.
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