Hacienda constata que Elsur infló el precio de sus obras hasta un 22%

LAEDICION.NET.-La juez Montserrat Peña interroga al ex gerente, Manuel Caballo, sobre los contratos firmados y por quién controlaba las subcontratas • Los hermanos Lirola pagaban a Alemán más de 60.000 euros al mes
La investigación por las implicaciones de la denominada Operación Poniente ha continuado en los últimos días con la declaración del ex gerente de la empresa Elsur, Manuel Caballo, quien deberá explicar ante la juez Montserrat Peña la política de subcontratas y los precios de las obras realizadas por la entidad y que suponían unos sobrecostes para las arcas municipales de hasta un 20%.

Según ha podido conocer este digital, las preguntas que la magistrada ha efectuado al ex responsable de la empresa participada por el consistorio ejidense, versarán sobre los contratos firmados por la misma y sobre los que los consejeros que han declarado con anterioridad han señalado que "desconocían tales contratos porque en los consejos de administración nunca se trataba de los mismos y era algo que realizaban de manera directa los gerentes de Elsur".

Las subcontratas afectaban a todas las sociedades pertenecientes a la empresa; así, con Jardines del Poniente se celebraron 6; con Jardines del Alcor, 3; con Lobelia Gestión el mantenimiento de obras pavimentadas; con Contenedores Lirola sobre jardines públicos; con la compañía Aguilera Callejón, cuñado del alcalde Juan Enciso, otros 2 y con las empresas de José Amate, verdadero núcleo de la truculenta gestión llevada por Elsur se celebraron entre 2000 y 2008 hasta 63 contratos sin explicación contable.

La conclusión de la juez fundamentada en informes de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado, además de que Elsur "subcontrató la totalidad de su objeto social" es que "había una desviación de precios de entre el 10% y el 12%, aunque en algunos casos concretos, dichos aumentos eran del 14% e incluso llegaron hasta el 22% por encima de su coste realizado por las subcontratas que usaban medios y material de Elsur". Entre las investigaciones realizadas a instancia de la magistrada, se constata que "cuando los consejeros de la parte privada de Elsur (el 70% pertenecía a Agua y Gestión y el 30% restante al Ayuntamiento de El Ejido) oyen comentarios al respecto, intentan rescindir las subcontratas o que se rebajen los precios, pero al negarse, negocian un arbitraje ya que la rescisión unilateral era muy cara para la empresa.