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LAEDICION.NET.-D.M.-El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la inadmisión de la ampliación de querella presentada por el Grupo Municipal Socialista de Gádor contra el senador y alcalde de la localidad, Eugenio Gonzálvez, al entender que los hechos presentados no son constitutivos de “ilícito penal alguno” relacionado con un presunto delito de prevaricación en las obras de la Iglesia de la Villa.
El auto del TS llega dos meses después de que la Fiscalía pidiese el sobreseimiento de la causa abierta contra Gonzálvez a instancias del PSOE. En el escrito se lee que en la ejecución de las obras no se da “la inobservancia de trámites del expediente como decisión propia voluntaria y consciente, es decir no se aprecia ánimo subjetivo de actuar arbitrariamente del alcalde y Senador”.
El Supremo dice además que La representación procesal del portavoz socialista, Juan Antonio Almansa Almansa, mediante escrito de 21 de Junio pasado, “viene a interesar la ampliación de la querella formulada en su día contra el Excmo.
Sr. Don Eugenio Gonzalvez García que se encuentra en fase de instrucción ya casi agotada”.
En este escrito, los querellantes advierten que del estudio de la documentación recabada por el Instructor, existen otros dos hechos que serían similares a los que son objeto de la querella inicial, esto es la gestión de las obras de la nave municipal y la Escuela de Música y Danza, que fue aceptada a trámite por el Supremo al advertir inicialmente indicios de delito.
En este caso, se trata de la certificación de obra de un proyecto de acondicionamiento de accesos a la mencionada Iglesia por importe de 82.997,50 euros y de la correspondiente factura por el importe de dicha certificación. El Secretario Interventor había emitido un informe, en que indicaba que no se había tramitado expediente de contratación; así como en relación con la decisión del pleno de aprobar el gasto, relativo a las 5 facturas presentadas por KLORQUIMUR por trabajos realizados para el acceso a la Iglesia de Gádor por importe de 56.445,81 euros en el que constaba informe registrado por el Secretario Interventor en el que indicaba que las obras se habían ejecutado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
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