LAEDICION.NET.-Daniella Montenegro ROQUETAS DE MAR.- En 1995 se adjudicó a una empresa la gestión de un servicio básico como el suministro de agua potable a los ciudadanos, algo que se venía haciendo desde el Ayuntamiento. Tras más de 15 años de gestión por parte de una empresa privada lo único que se ha conseguido es subidas (año tras año) del precio del agua de forma desproporcionada e injustificada, la pérdida de más de cuatro millones de metros cúbicos anuales y que los vecinos tengan que beber agua embotellada, amén de electrodomésticos inutilizados por la cal u otras partículas o impurezas.
La oposición de INDAPA a esta subida se basa en la pura lógica y es un paso más en la consecución de un servicio más justo y de mayor calidad:
La principal excusa expuesta para la subida era el canon de la Agencia Andaluza del Agua. Ya no se puede esgrimir ese pretexto puesto que la Junta de Andalucía ha aplazado el pago de ese canon y lo lógico es hacer lo mismo con la ordenanza y la subida que lleva aparejada.
Ante una situación de crisis y desempleo es injusto gravar aún más el presupuesto de las familias para que una gran empresa presente un balance más saneado. En lugar de la subida se ha de actuar en pro de una mayor racionalidad y austeridad en la gestión.
La subida no lleva aparejada una mejora de la calidad del agua. Esta seguirá teniendo mala calidad, un mal sabor y olor y una alta concentración de cal. Los electrodomésticos seguirán averiándose algo que no es tan frecuente en otros municipios.
Los ciudadanos no han sido debidamente informados sobre esta subida de la Tasa, ya que incluso, en el acta del Pleno de 2 de diciembre de 2010 colgada en la página web del Ayuntamiento, y que hace referencia a ese punto concreto, se pueden apreciar errores en las nuevas cuantías a pagar por los ciudadanos. A no ser que se pretenda penalizar a las familias numerosas en el tramo de 7 a 30 metros cúbicos, cuyo precio indicado es más elevado que el del resto de las familias.
En lugar de subir el agua habría que empezar porque no se perdieran más de cuatro millones de metros cúbicos, pérdida que también pagan los ciudadanos.
Ayuntamiento y empresa optan por la vía más sencilla y rentable, cobrárselas a los vecinos. Más desidia desde el Ayuntamiento, menos trabajo para la empresa y, por tanto, aumento de los beneficios.
Además, desde que se privatizó el agua no se ha constituido la Comisión de Control que estipulaba el pliego de condiciones. El Gobierno municipal renuncia a tener algo que decir sobre la gestión y deja las manos libres a que la empresa haga lo que quiera.
No es justificable la subida de la Tasa de Agua y Saneamiento sin haber realizado una comprobación y estudio contrastado e independiente por una empresa o técnicos cualificados que despejen las dudas que se ponen de manifiesto en la prestación del servicio.
INDAPA afirma que antes de subir la Tasa en cuestión se usen los 600.000 euros; que la empresa ha aportado al Ayuntamiento en concepto de no haber realizado el sondeo que se le exigía en el último convenio de 2001 y que debía haberse realizado antes de 31 de enero de 2003; destinándose a mejorar la calidad del agua; ya que esta fue la justificación para exigírselo a la empresa en su momento.
Ante la realidad actual conviene plantearse la recuperación o rescate de este servicio público para que sea el Ayuntamiento el que lo gestione directamente, situación que sí beneficiaría los intereses generales de los ciudadanos.
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