sábado, 30 de abril de 2011

La Fiscalía pide multar a una mujer que grabó un pleno en Uleila y lo colgó en internet pese a ser un acto público

Para el fiscal prima que el alcalde en funciones le ordenara no hacerlo, que el derecho a la información de los ciudadanos del pueblo que tiene como alcaldesa a la socialista Águeda Cayuela, también coordinadora del IAM
Laedicion.net.-Daniella Montenegro.-. La Fiscalía de Almería pide una multa de 120 euros para una vecina de Uleila del Campo por grabar un pleno municipal y colgarlo en una página web. Para el Fiscal pesa más que la acusada desobedeciera una orden "expresa" del alcalde en funciones, el socialista Ángel Hernández, que el hecho de que legalmente sean públicas las sesiones y que se estuviera impidiendo el derecho a la libertad de información.

Durante la vista oral que ha tenido lugar en el juzgado de Instrucción 2 de la capital, el fiscal ha mantenido la tesis de que se trata de una falta de desobediencia, por lo que pide una condena de 20 días a razon de seis euros diarios. Por su parte la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Uleila del Campo, ha interesado la pena máxima que recoge el artículo 634 del Código Penal con respecto a faltas al orden público --60 días de multa-- y a los que suma otros 20 por la presunta falta leve de vejación injusta.

Carmen P. ha reconocido haber grabado el vídeo y haberlo subido a internet, pero ha negado que Hernández se lo prohibiera, pese a lo que la letrada del Ayuntamiento ha hablado de que "en una conducta incívica que vulneró el principio de autoridad" siguió grabando pese a que el alcalde en funciones le "diese la orden prohibitiva como ha quedado acreditado en la prueba testifical y documental con el acta emitida por el secretario municipal". Lo que hizo la acusada fue colocar la cámara en una silla y seguir grabando, alegando en el juicio que la orden no fue directa, por lo que según la acusación "se aprecia ánimo tendencioso de incumplir". Pero no es eso lo que sostiene Carmen P. ya que reconoce que hubo una conversación entre el secretario y el alcalde en funciones, pero no le llegaron a prohibir la grabación, si bien ante la polémica la dejó en la silla y siguió activa la grabación de audio.

La defensa ha protestado por no admitirse como prueba la reproducción del pleno colgada en la web y ha apelado para pedir la absolución y rechazar la falta de vejación al artículo 20.1 de la Constitución española y al "derecho de los vecinos a saber". En esa misma línea ha recordado que prima la libertad de información, señalando que lo que motivó la grabación era "darle publicidad a un debate ante el que había expectación porque se abordaba la construcción de una depuradora muy reclamada debido a los continuos vertidos muy contaminantes que hay en el pueblo", y además añadió que las sesiones plenarias son públicas como recoge la ley de la administración local.

Mientras Carmen P. ha pedido disculpas al alcalde en funciones por si le había ofendido, éste ha insistido en que se sintió vejado por el contenido de la grabación.

Hernández ha contado con el apoyo de la alcaldesa y coordinadora provincial del IAM, Agueda Cayuela.

La Fiscalía ha pedido la absolución para una segunda denunciada, la presidenta de la plataforma vecinal 'Cerro de la Virgen de Uleila del Campo', Juana Antolín, también denunciada por el Ayuntamiento por haber asistido al pleno. DEJA TU COMENTARIO
ideres en audiencia
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