ZURGENA.- Piden cárcel y nueve años de inhabilitación a exedil de Urbanismo de Zurgena por 67 viviendas

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Fiscalía ha solicitado penas de 21 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para el exedil de Urbanismo de Zurgena (Almería), Manuel Tijeras (PA), y el arquitecto municipal Carlos Domingo B.F., por autorizar presuntamente una promoción de 67 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable y a sabiendas de que no podían ser susceptibles de autorización de acuerdo a legislación urbanística vigente en la pedanía de La Alfoquía.

En el procedimiento, sobre el que el juez instructor ordenó apertura de juicio oral el 30 de abril, se ha formulado, asimismo, acusación contra los administradores de las mercantiles Sumlit SL y López y Silvente SL, promotora y ejecutora de la obra, respectivamente, y contra la arquitecto que elaboró el proyecto para la primera de las empresas por presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio. Todos se enfrentan al pago de 847.227 euros para sufragar el coste del derribo ya que 45 viviendas fueron vendidas antes de que la obra fuese paralizada en 2007 y están habitadas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa decretó, sin embargo, a petición del Ministerio Público, el sobreseimiento de las actuaciones contra parte de la corporación que ejerció hasta 2007 y contra el exalcalde y actual concejal de Urbanismo, Cándido Trabalón (PA) y la secretaria municipal, Trinidad L.G., al estimar que de las actuaciones practicadas no se desprende la perpetración de un delito de prevaricación urbanística ya que, al existir un informe favorable a la concesión de la licencia, no se puede apreciar dolo.

Según se recoge en el escrito de calificación fiscal, los acusados Francisco S.G. y José L.A. como administradores de la mercantil Sumlit SL, así como Luis S.D. y José Antonio L.A., administradores mancomunados de López y Silvente SL, construyeron 67 viviendas en la parcela 68 del polígono 16 del término municipal de Zurgena “con conocimiento de que el suelo sobre el que se levantaban era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación urbanística”.

Por su parte, Adoración G.F. elaboró el proyecto a petición de Sumlit para la promoción, un proyecto que fue ejecutado en calidad de arquitecto técnico por Carlos Domingo B.F. con el mismo conocimiento, según subraya. En el caso de Carlos Domingo B.F. resalta, además, que en su condición de asesor técnico del Ayuntamiento, emitió dos informes favorables a esta actuación en mayo de 2005 y en marzo de 2005 pese a saber de “su ilegalidad” y manifestando “mendazmente” que el suelo era urbano y que, por tanto, era posible construir.

A partir de ese informe, el exconcejal de Urbanismo zurgenero, “pese a que conocía que el tipo de suelo imposibilitaba la concesión de la licencia”, emitió sendos decretos en los que autorizaba la construcción de la promoción y, además, concedió, a partir de julio de 2006, la licencia de primera ocupación para cada una de las 67 viviendas.

El acusado Carlos Domingo B.F. se enfrenta, asimismo, a la pena de 12 meses de multa a razón de 50 euros al día como supuesto autor de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios ya que “compatibilizó” el cargo de arquitecto técnico de la ejecución de la obra y sus funciones como asesor técnico del ayuntamiento, “lo que le hizo –ahonda– perder toda la objetividad a la hora de hacer valoraciones y emitir informes favorables a la obra”.

El Ministerio Público exime, sin embargo, de responsabilidad al resto de imputados ya que el informe de la secretaria del Ayuntamiento de Zurgena “no era ni favorable ni desfavorable a la concesión pues se limitaba a señalar que debían ser los servicios tecnicos los que determinaran la adecuación del proyecto a la normativa urbanística”.

Tijera, junto al ex regidor, acumula más de una decena de procedimientos penales abiertos, entre ellos, el derivado de la macrooperación conocida como ‘Costurero’ que se saldó en el año 2007 con su detención. El juez instructor de esta causa ordenó incoar procedimiento abreviado hace más de un dos y medio contra él y otras 24 personas, entre ellos parte de la corporación local, por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.