Ocho empresas vinculadas a la Operación Poniente no podrán acogerse el Plan de pago a Proveedores del Ayuntamiento de El Ejido

El juez, a petición del alcalde ejidense y de la Fiscalía, ha ordenado intervenir las cantidades indefinidamente
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El juez que instruye el sumario de la Operación Poniente, Jesús Miguel Hernández, dictó el pasado viernes un auto por el que ordena intervenir el dinero que el Ayuntamiento de El Ejido tendría que abonar a ocho empresas que aparecen relacionadas con la trama de presunta corrupción municipal. Fue el propio alcalde ejidense, Francisco Góngora, quien pidió que se tomara esta medida según anunció en un pleno, y es que con la aplicación del Plan de Pago a Proveedores, Jardines del Alcor, Agua y Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos, así como Contenedores Lirola, Hermanos Lirola, Lobelia Gestión y Clabert Gestión podrían haber recibido cantidades millonarias que le adeudaba el Consistorio. Y es que se da la circunstancia de que una de las claves del caso es que supuestamente esas cantidades económicas podrían no corresponder a servicios reales, si no a un plan preconcebido para saquear las arcas municipales.

Entre esas mercantiles figuran algunas propiedad de imputados directamente como pueden ser Contenedores Lirola o Jardines del Alcor, pero la principal con diferencia es Elsur, formada por Agua y Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos, y a la que gracias al Plan de Pago a Proveedores podría recibir 81 millones de euros, siendo según el sumario el centro de toda la trama investigada, y la principal vía para que los imputados transfirieran presuntamente el dinero municipal a sus propias empresas.

A la solicitud de Góngora se sumó la Fiscalía, y ahora el auto del juez se ha puesto en conocimiento de un total de once entidades bancarias relacionadas con ellas, así como al propio Ministerio de Economía para que se abstengan de ejecutar los pago. Hay que recordar que fruto de las primeras medidas cautelares adoptadas contra los imputados estaba la intervención de sus cuentas bancarias desde octubre de 2009, que es cuando se judicializó el caso.