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Plantea conflicto
colectivo por el cierre de las Residencias
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La Junta discrimina a sus propios empleados
Un centenar de trabajadores públicos han sido despedidos por cese de actividad de las Residencias. Continua, por tanto, el despido de los empleados públicos. Los primeros fueron los orientadores de empleo del S.A.E., despedidos en junio de este año.
Estos trabajadores fijos discontinuos han estado trabajando en periodos durante años en la misma actividad y ahora se ven, de la noche a la mañana, en la calle por el cese de actividad.
Según la Directiva europea 99/70/CE, que consagra la plena equiparación entre el personal temporal y el fijo, se produce una segregación inadmisible con el resto de los trabajadores de la Administración. La marginación de derechos de los trabajadores fijos discontinuos será llevada a los tribunales, amparándose en sentencias favorables similares.
La medida revela el escaso compromiso de la Junta de Andalucía con los trabajadores de la Administración, “agravado por el hecho de que se trata de empleados públicos sujetos al VI Convenio Laboral de la Junta”.
En palabras de Loli Junco, responsable de la sección sindical de Ustea en la Residencia de Aguadulce: “Estamos ante un despido encubierto para gran parte de los compañeros y de una discriminación inaceptable. No lo no podemos consentir. Entendemos que son los programas sociales, y sus beneficiarios, los principales sacrificados de esta medida política de recorte social del gobierno andaluz. Rechazamos tajantemente el cierre de los centros y el despido de los trabajadores fijos discontinuos”.
El Sindicato va a iniciar una campaña de apoyo con recogida de firmas y otras medidas de presión en defensa del empleo público.
Una Administración con escaso compromiso social
“Poca credibilidad puede tener una empresa que ni avisa ni negocia el cierre de centros, cuando afirma que el año que viene abrirán las Residencias”, asegura USTEA.
En efecto, es significativo que la Junta de Andalucía haya contraído el compromiso de retomar la actividad en los medios de comunicación y no por escrito ante los trabajadores.
La reubicación de unos y el despido de otros no sugiere que se trate de una falta de liquidez “transitoria”. Más bien, augura el cierre definitivo y la apertura puntual de los centros mediante su privatización o a través de la “administración paralela”.
El bipartito andaluz había presentado las medidas de ahorro del pasado junio en el Plan Económico-Financiero de Reequlibrio de la Junta de Andalucía (2012-2014) como un compromiso por mantener el empleo. De hecho, la Junta se ha manifestado en repetidas ocasiones en el mismo sentido, entre ellas en la propia Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública, publicada en BOJA el 1 de octubre. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Como siempre.
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