Artistas, autores, editores y productores rechazan el actual modelo español de canon digital

300 organizaciones de todo el mundo, encabezadas por entidades de gestión españolas, reclaman que el pago de la copia privada no sea asumido por todos los ciudadanos indiscriminadamente

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Coincidiendo con el 25º aniversario de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada el 11 de noviembre de 1987, las entidades españolas de gestión de derechos AGEDI, AIE, AISGE, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP han hecho público en el día de hoy un manifiesto en el que rechazan el actual modelo de canon digital, aprobado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre que obliga a los ciudadanos a su pago, vía Presupuestos Generales del Estado. El texto, que está respaldado por 300 organizaciones de artistas, autores, editores y productores de todo el mundo, reclama que sea la industria tecnológica, verdadera beneficiaria de la existencia de la copia privada, quien la afronte, como venía sucediendo hasta ahora.

El manifiesto recuerda que el Gobierno español, tras casi un año, no ha establecido el modelo prometido y únicamente ha conseguido efectos contrarios a los que supuestamente perseguía: condona 115 millones de euros anuales a las multinacionales del sector tecnológico, principalmente extranjeras, pero no reduce el déficit público; no beneficia a los consumidores de aparatos o soportes sujetos al pago de la compensación, pues estos no han bajado de precio; y, por último, perjudica a todos los ciudadanos, quienes tendrán que pagar la compensación, y a los miles de creadores que se han visto privados de sus legítimos derechos, que sí son reconocidos en el resto de países europeos.

Las entidades de gestión españolas, que representan en nuestro país a más de un millón de creadores nacionales y extranjeros, reivindican el valor de la Cultura como industria nacional, generadora de empleo y avance económico. “Sin creadores no hay creatividad y sin creatividad no hay progreso ni desarrollo económico o humano”, reza el manifiesto. A su juicio, el Decreto-Ley de 30 de diciembre de 2011 contribuye, en un momento de crisis generalizada, al empobrecimiento del sector cultural. 

Al mismo tiempo, piden a la Secretaría de Estado de Cultura que vele, precisamente, por la Cultura y no por los beneficios económicos de las empresas tecnológicas