Todo apunta a que la campaña 2013/14 se hará con el marco financiero actual
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.- Los agricultores y
ganaderos españoles prestarán este año más atención, si cabe, a Bruselas por el
desenlace de las negociaciones sobre la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC) y, sobre todo, por las decisiones acerca del presupuesto para el campo
entre 2014 y 2020. En 2013, la Unión Europea (UE) debe cerrar un acuerdo sobre
las perspectivas financieras para los próximos siete años y de ellas depende la
conclusión de la reforma de la PAC. Pero las discusiones van con retraso
respecto a los planes iniciales y a simple vista es difícil pensar que las
nuevas políticas y las nuevas cuentas vayan a aplicarse en 2014. Los líderes de
la UE no consiguieron llegar a un compromiso sobre los presupuestos, tras una
cumbre en noviembre, por lo que se reunirán de nuevo de forma extraordinaria
con ese fin, posiblemente en febrero, aunque aún no está fijada la fecha.
En las últimas negociaciones circularon
documentos, como el que presentó la anterior presidencia rotatoria de la UE (Chipre),
que planteaban una rebaja de los presupuestos, que afectaría sin duda a la
agricultura.
En cuanto a la propia reforma de la
PAC, la presidencia irlandesa de turno de la UE ha fijado como objetivo, para
este semestre, un acuerdo político en el Consejo de ministros de Agricultura de
la UE en el mes de junio. Pero la reforma debe ser aprobada también por el
Parlamento Europeo.
Ante esta incertidumbre, que en la
práctica sufren los productores, España y otros países pidieron que en 2014 se
prorrogue el actual modelo de la PAC.
Una vez que se aprobara la reforma
quedarían el desarrollo legislativo y el trabajo administrativo necesario para
su entrada en vigor, que podrían durar un año.
Todo apunta, según el propio ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a que la
campaña 2013/2014 de la PAC se hará con el marco financiero actual.
La PAC es la política que más
presupuesto absorbe de los fondos de la UE, cerca de la mitad, con unos 56.000
millones anuales, y España es el segundo país más beneficiado, con 7.839
millones en 2011.
En cuanto al contenido de la propia
reforma, Bruselas propuso ideas como un pago fijo por hectárea o "tarifa
plana", diferente al sistema de derechos históricos que rige para las
subvenciones agrarias en la actualidad.
Otra de las medidas centrales es el
"reverdecimiento" o "greening" de las ayudas, consistente
en que un 30 % de esas primas se conceda a productores que presten determinados
servicios al medio ambiente.
España, según la posición consensuada
entre el Gobierno y las autonomías, rechaza que ese requisito se aplique al 30
% de los apoyos, pero sobre todo demanda que se mantenga el presupuesto para el
campo.
Por otro lado, Gobierno y CCAA
reclaman que continúen los derechos de plantación del viñedo, las cuotas de
azúcar y de leche, entre otras peticiones para que mejoren las medidas de
regulación de mercado y vertebrar la cadena de valor de los productos
agroalimentarios.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario