La institución desacredita cada una de las excusas del
Gobierno andaluz para "enmascarar" la realidad. Constata la
"falta de impulso" para resolver las peticiones de nuevos
solicitantes
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La parálisis en la
aplicación de la ley de dependencia era una evidencia negada sistemáticamente
por la Junta de Andalucía. El Defensor del Pueblo andaluz, tras una
investigación realizada en los últimos cinco meses, ha constatado la
"inactividad" de la Administración andaluza para dar curso a los nuevos
expedientes, censura la "falta de transparencia" con los afectados y
la ciudadanía en general, y da a la Junta un ultimátum de un mes para que
informe sobre qué va a hacer, porque está vulnerando la ley al no conceder las
prestaciones que corresponden a los solicitantes.
En una durísima resolución a la que tuvo acceso esta redacción, el Defensor del Pueblo llega a afirmar además que en estos momentos "ni siquiera funcionan los recursos tradicionales del sistema de servicios sociales, como centros residenciales, centros de día o ayuda a domicilio, porque el acceso a los mismos se ha vehiculizado totalmente a través del procedimiento previsto en la ley".
Desde hace meses, pero sobre todo a la vuelta de verano, el número de beneficiarios de la dependencia se ha estancado en alrededor de 194.000, un volumen que se balancea muy poco desde hace más de un año y que incluso ha descendido. Esto indica que se incumple la tasa de reposición, es decir, que los nuevos solicitantes no suplen a los que salen del sistema por fallecimiento.
Desde la entrada en vigor de la ley en 2007, el Defensor ha venido advirtiendo de algunos fallos en su aplicación, sobre todo en la demora para conceder las ayudas, pero también ha reconocido la diligencia de la Junta con respecto a otras comunidades. Sin embargo ahora no hace distinción y censura la "franca vulneración de los derechos de los afectados a obtener las prestaciones que le corresponden", una situación que "casa bastante mal con el compromiso que esa Administración proclama para mantener el desarrollo" de la ley de dependencia.
La institución que dirige, en funciones, José Chamizo, quiso contrastar con la Consejería de salud y Bienestar Social de la Junta el aumento de quejas que estaba recibiendo sobre la "paralización" de los expedientes ,y por consiguiente, del propio sistema de dependencia, "vedado" para el acceso de nuevos solicitantes. Anotaba por ejemplo el Defensor que la paga económica se concedía en pocos meses tras la aprobación del PIA (Programa Individual de Atención), pero "ha pasado a prolongarse de manera indefinida, de forma tal que, por lo que sabemos, nunca llega a resolverse".
El Defensor desacredita cada una de las justificaciones alegadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, que lamentó la "ralentización" en la aprobación de ayudas por diversos factores, como la adaptación a los cambios aprobados en verano por el Gobierno de Mariano Rajoy. Chamizo considera que esa ralentización aludida por la Junta es un "eufemismo que trata de enmascarar una realidad que se nos presenta clara en las múltiples quejas que recibimos y que se traduce en una situación de absoluta falta de impulso respecto de los procedimientos en tramitación". No se emiten resoluciones de los PIA y, aunque se admiten nuevas solicitudes, tampoco se lleva a cabo la valoración para el reconocimiento de la situación de dependencia, critica.
Es decir, los trabajadores están de brazos cruzados por la falta de acción de la Junta, algo que negaba en conversación con esta redacción el pasado mes de septiembre José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
El Defensor rechaza la "manida" explicación sobre la saturación de expedientes, o el cambio de competencias que llevó esta materia a Salud, e incluso la adaptación a los cambios del Gobierno de Rajoy.
Sobre esta última cuestión, admite que supone un "retraso" en las prestaciones disponibles, pero duda de que las nuevas resoluciones tengan que paralizarse por ello hasta que se adapte la normativa y los sistemas informáticos. Para el Defensor, esa justificación tras cinco meses "esconde" la única argumentación que motiva esta situación: "las dificultades presupuestarias, traducida en falta absoluta de disponibilidad para resolver este estado de cosas".
Es decir, la Junta no ha priorizado recursos para la dependencia, ha prolongado "indefinidamente situaciones insostenibles" y no ha informado de ello ni de las previsiones que tiene para solucionarlo. Todo esto le reclama el Defensor: que informe antes de un mes (la resolución es de la última semana de diciembre) de cuándo va a "reactivar" el acceso a las ayudas de la dependencia.
En una durísima resolución a la que tuvo acceso esta redacción, el Defensor del Pueblo llega a afirmar además que en estos momentos "ni siquiera funcionan los recursos tradicionales del sistema de servicios sociales, como centros residenciales, centros de día o ayuda a domicilio, porque el acceso a los mismos se ha vehiculizado totalmente a través del procedimiento previsto en la ley".
Desde hace meses, pero sobre todo a la vuelta de verano, el número de beneficiarios de la dependencia se ha estancado en alrededor de 194.000, un volumen que se balancea muy poco desde hace más de un año y que incluso ha descendido. Esto indica que se incumple la tasa de reposición, es decir, que los nuevos solicitantes no suplen a los que salen del sistema por fallecimiento.
Desde la entrada en vigor de la ley en 2007, el Defensor ha venido advirtiendo de algunos fallos en su aplicación, sobre todo en la demora para conceder las ayudas, pero también ha reconocido la diligencia de la Junta con respecto a otras comunidades. Sin embargo ahora no hace distinción y censura la "franca vulneración de los derechos de los afectados a obtener las prestaciones que le corresponden", una situación que "casa bastante mal con el compromiso que esa Administración proclama para mantener el desarrollo" de la ley de dependencia.
La institución que dirige, en funciones, José Chamizo, quiso contrastar con la Consejería de salud y Bienestar Social de la Junta el aumento de quejas que estaba recibiendo sobre la "paralización" de los expedientes ,y por consiguiente, del propio sistema de dependencia, "vedado" para el acceso de nuevos solicitantes. Anotaba por ejemplo el Defensor que la paga económica se concedía en pocos meses tras la aprobación del PIA (Programa Individual de Atención), pero "ha pasado a prolongarse de manera indefinida, de forma tal que, por lo que sabemos, nunca llega a resolverse".
El Defensor desacredita cada una de las justificaciones alegadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, que lamentó la "ralentización" en la aprobación de ayudas por diversos factores, como la adaptación a los cambios aprobados en verano por el Gobierno de Mariano Rajoy. Chamizo considera que esa ralentización aludida por la Junta es un "eufemismo que trata de enmascarar una realidad que se nos presenta clara en las múltiples quejas que recibimos y que se traduce en una situación de absoluta falta de impulso respecto de los procedimientos en tramitación". No se emiten resoluciones de los PIA y, aunque se admiten nuevas solicitudes, tampoco se lleva a cabo la valoración para el reconocimiento de la situación de dependencia, critica.
Es decir, los trabajadores están de brazos cruzados por la falta de acción de la Junta, algo que negaba en conversación con esta redacción el pasado mes de septiembre José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
El Defensor rechaza la "manida" explicación sobre la saturación de expedientes, o el cambio de competencias que llevó esta materia a Salud, e incluso la adaptación a los cambios del Gobierno de Rajoy.
Sobre esta última cuestión, admite que supone un "retraso" en las prestaciones disponibles, pero duda de que las nuevas resoluciones tengan que paralizarse por ello hasta que se adapte la normativa y los sistemas informáticos. Para el Defensor, esa justificación tras cinco meses "esconde" la única argumentación que motiva esta situación: "las dificultades presupuestarias, traducida en falta absoluta de disponibilidad para resolver este estado de cosas".
Es decir, la Junta no ha priorizado recursos para la dependencia, ha prolongado "indefinidamente situaciones insostenibles" y no ha informado de ello ni de las previsiones que tiene para solucionarlo. Todo esto le reclama el Defensor: que informe antes de un mes (la resolución es de la última semana de diciembre) de cuándo va a "reactivar" el acceso a las ayudas de la dependencia.
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