Una jueza pide a Hacienda información sobre el ático de Ignacio González

  

• Tras la denuncia del Sindicato Unificado de Policía en relación a ese inmueble.
• La esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento por un precio, "muy inferior" a la media de la zona y pagado a una empresa "sin actividad".
• El SUP cree de que la venta "supone un trasvase de capital de dudoso origen".

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha solicitado a Hacienda que le remita toda la información fiscal que posea sobre la entidad Coast Investor LLC, la empresa que figura como propietaria del ático alquilado en Marbella por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En una providencia fechada el pasado 9 de enero, la jueza Mariana Peregrina Blanco resuelve formular esta petición a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria en línea con lo solicitado por el fiscal.
Una decisión que se enmarca en las diligencias previas abiertas el 25 de octubre tras la denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en relación a ese inmueble, ubicado en una urbanización de lujo de Marbella, en la denominada "milla de oro".
El SUP ya denunció con anterioridad posibles irregularidades en la compraventa del ático alquilado por González y su esposa y la Policía abrió una investigación, pero después la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito.
Según la nueva denuncia del SUP, Pedro Javier Villate vendió en 2008 a través de una agencia inmobiliaria el citado ático y tres plazas de garaje a Coast Investor, por un importe de un millón de euros, aunque la compraventa no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad por "tema de impuestos", según el vendedor.

Precio bajo y pago irregular

"Al momento de la trasmisión", continua la denuncia, la esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, al parecer por 2.000 euros al mes, "muy inferior" a la media que se paga en la zona, unos "6.000 euros al mes" y pagados a una empresa "sin actividad".
El SUP: La venta del ático ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen
El SUP aporta diferentes datos en su denuncia y llega a la conclusión de que la venta del ático "ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen" y de que la operación "ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital".
Y todo ello "eludiendo el fisco ante el flagrante impago de impuestos. Y siendo disfrutada su posesión por González y su esposa por un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonado a una empresa sin actividad".
El SUP explica que, según algunas informaciones, Coast se creó en marzo de 2008 y quedó inactiva hasta el 19 de julio de 2010, fecha en la que es abandonada por su agente sin ser sustituido por ningún otro y, por tanto, sin funcionamiento ni actividad económica no representatividad alguna.
No obstante, el SUP asegura que "fue reactivada en marzo de 2012 tras las manifestaciones públicas" de González "de ser él quien abonaba el alquiler a dicha sociedad".

Empresas "relámpago"

El sindicato subraya que Coast está inscrita en Delaware, estado que "permite la creación de empresas en mínimo tiempo, permitiendo su constitución que parece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como parecer que es el caso que nos ocupa".
La dueña de Coast es "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá"
La denuncia explica que, al parecer, la propietaria de Coast es la sociedad Waldford Oversead Investements, "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios".
En el auto de octubre, la jueza de Estepona razona que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", si bien no están determinadas las "naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenidos".
Tras la apertura de estas nuevas diligencias previas, el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reclamó a la jueza que recabara de la Agencia Tributaria "toda la información fiscal" que posean sobre Coast Investor "de cara a impulsar la investigación de los hechos".
Entre otros datos, el fiscal reclama el nombre de la persona que representó a Coast ante Hacienda para obtener el NIF de esta entidad, así como las declaraciones tributarias presentadas por esta empresa en los últimos cinco años.

La oposición pide nueva ordenanza de rehabilitación privada, pero con dinero

El PSOE exige que "al menos" se destine un millón de euros e IU considera que la revisión del texto normativo es una "excusa"

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Almería han criticado la decisión del equipo de gobierno de consignar una partida económica destinada a las ayudas de rehabilitación privada de solo un euro. Aunque son conscientes de que en cualquier momento el Presupuesto Municipal de 2013 puede ser objeto de modificación, tanto el Grupo Socialista e Izquierda Unida desconfían de que la Gerencia de Urbanismo retome este mismo año la línea de subvenciones, que ha llegado a estar respaldada hasta con 2,5 millones de euros.

El portavoz municipal socialista, Joaquín Jiménez, ha transmitido esta inquietud junto a la petición dirigida directamente al alcalde de nutrir cuanto antes esta partida con esos 2,5 millones que se quedaron en la cartera de la convocatoria de 2011, ya que las solicitudes no fueron atendidas. "O como mínimo un millón de euros", puntualizó Jiménez, quien exige también que la revisión de la ordenanza que regula la concesión de estas subvenciones "no se demore". Las últimas otorgadas corresponden a 2009 y desde entonces el programa permanece suspendido.

Según ha desvelado Jiménez, el actual concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, ha remitido a su grupo una propuesta de ordenanza, que puede estar en sintonía con algunas reclamaciones formuladas por la oposición: la eliminación, precisamente, de los cambios practicados por su antecesor en el cargo, Juan Megino. "Está pasando lo mismo que con el Plan General de Ordenación Urbana: el PP está revisando las decisiones que adoptó su socio de Gobierno y con las que compartió voto". En este caso, se refiere Jiménez a la ampliación de los límites zonales para poder acogerse a estas subvenciones -que volverían ahora a ceñirse de nuevo al casco histórico- y a la posibilidad de que pudieran acceder las personas jurídicas sin ánimo de lucro o con escasos ingresos.

"Se ha estado dando dinero a empresas que han arreglado su edificio y luego lo han vendido", critica el portavoz de Izquierda Unida, Rafael Esteban, quien considera que, aunque la revisión de la ordenanza es necesaria, está siendo utilizada por el equipo de gobierno como "mera excusa para tapar que no se ha hecho nada desde 2009 por la recuperación de edificios"