PSOE-A alerta de que ocho de cada diez municipios andaluces quedarían "intervenidos" con la reforma local del Gobierno

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El PSOE-A ha elaborado un informe sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local planteado por el Gobierno central, en el que alerta de que ocho de cada diez municipios andaluces pueden quedar "intervenidos, sin apenas competencias" de llevarse a cabo esa reforma del modelo local, que pretende una vuelta al que existía en la "etapa franquista".
   En el documento elaborado por el PSOE-A sobre el citado anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que la propuesta del Gobierno del PP "pretende imponer un modelo que nace de una opción ideológica aprovechando la situación de crisis económica y el discurso dominante del adelgazamiento de la administración pública, aunque en este caso, se trata de una redefinición política del ámbito local, y por tanto, de la articulación del Estado".
   "Refuerza el control e incidencia del Estado en los ayuntamientos y entes de naturaleza municipal en una dinámica de recentralización mediante la tutela directa de otras administraciones y la pérdida de competencias en detrimento de la autonomía local, consagrada en la Constitución Española, y activa un empoderamiento de las diputaciones como entes superiores o supramunicipales por encima de los ayuntamientos", según los socialistas.
   El PSOE-A recuerda que en Andalucía, son 2,7 millones las personas que viven en los 619 municipios menores de 20.000 habitantes (394 con menos de 5.000 habitantes), un 80 por ciento del número global de municipios andaluces (771). "Con la propuesta del PP, ocho de cada diez municipios de Andalucía pueden quedar intervenidos, sin apenas competencias", indica.
   En cuanto al recorte en un 30 por ciento en el número de miembros de las corporaciones locales que plantea el Gobierno, el PSOE-A ha indicado que, sin duda, parte de una "premisa falsa: que todos los todos los miembros de las corporaciones locales reciben un sueldo, cuando son numerosos los estudios que concluyen que siete de cada diez ediles no cobran un sueldo público".
   En este sentido, el PSOE-A entiende que recortar representantes públicos "no es un ahorro, es más, tiene un alto coste democrático, en términos de representatividad electoral de las formaciones minoritarias y contribuye al descrédito de la política".
   Con respecto a la regulación de las retribuciones de los cargos públicos municipales mediante los presupuestos generales del Estado, atendiendo a criterios de población, los socialistas ponen de manifiesto que la propuesta del Gobierno sitúa el tope salarial de los alcaldes de las grandes ciudades en las retribuciones de las secretarías de Estado, en torno a 100.000 euros, mientras que en Andalucía se acordó entre partidos y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que ningún alcalde podría ganar más que un consejero andaluz, que perciben poco más de 60.000 euros.
   Al mismo tiempo, critica que el Gobierno no plantee la limitación salarial de cargos de confianza y personal directivo de ayuntamientos de grandes ciudades, gobernadas en su mayoría por el PP y donde hay sueldos "superiores" a 100.000 euros.
LOS AYUNTAMIENTOS, "LACAYOS" DE LAS DIPUTACIONES
   Para los socialistas andaluces, la reforma local que plantea el Gobierno del PP "es un viaje en el tiempo, a la etapa franquista, con alcaldes pidiendo en la puerta de las diputaciones, que se fortalecen porque los ayuntamientos se debilitan".
   "Esta ley convierte a los ayuntamientos en lacayos de las diputaciones, en pedigüeños a merced de la voluntad de sus presidentes, a su discrecionalidad, a la vez que se someten al control y tutela del Gobierno central", según el PSOE-A, para quien, sin duda, se pretende "privatizar los servicios municipales y eliminar derechos de los ciudadanos".
   Para el PSOE-A, las diputaciones no sustituyen a los ayuntamientos, sino que su papel es garantizar la ayuda material y técnica para que éstos cubran sus competencias y garanticen los servicios ciudadanos. Estima además que el golpe a la autonomía local queda patente con la propuesta de eliminación de mancomunidades. Según el PSOE-A, los  ayuntamientos deben tener libertad para decidir si quieren o no pertenecer a una mancomunidad y la autonomía para decidir si ésta es o no viable.
   Muestra su preocupación por que los ayuntamientos y los alcaldes "van a ser simples ejecutores de los dictados del Gobierno, el cual establecerá técnicamente los parámetros y estándares de los servicios públicos municipales". El PSOE-A echa en falta en la reforma local nuevos mecanismos de participación y control ciudadanos sobre la gestión municipal, así como para posibilitar gobiernos locales más abiertos y transparentes.
   El PSOE-A señala que el Gobierno del PP no plantea una reforma para la ciudadanía, sino que se trata de que los ayuntamientos y entes locales en general paguen "justos por pecadores los excesos y el descontrol de las grandes ciudades gobernadas por el Partido Popular".