Competencia afirma que la normativa que el sector agrario
esperaba que le garantizase mejores precios frente a la distribución generaría
"inseguridad jurídica" según está redactada
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La
agricultura almeriense ha comenzado el nuevo año con una mala noticia. La
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) hizo público ayer un informe en el
que criticaba duramente el 'Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria' desarrollado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como uno de los proyectos estrella
de Miguel Arias Cañete.
La normativa, esperada por el campo almeriense como agua de mayo desde su anuncio, hace un año, tenía como objetivo, según el ministro, "mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena y conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus distintos operadores, evitando aquellas prácticas que favoreciendo a una parte, van en claro detrimento de la fortaleza del conjunto". Desde el campo almeriense se interpretaba como una apuesta por una fórmula para mejorar la transparencia en la formación de los precios de las frutas y las hortalizas, garantizando unos mejores márgenes y rentabilidad para el productor en origen.
El retraso que acumula la normativa responde a los obstáculos que el texto se ha encontrado durante su recorrido, incluso, desde el propio Gobierno (por parte de otras áreas ministeriales), hasta toparse, también, con este dictamen de la CNC, que considera que de publicarse la ley tal como está redactada, generaría "inseguridad jurídica", así como una "burocratización no necesaria y desproporcionada" de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena, y que se tipifican como "infracción administrativa determinadas prácticas comerciales que, de hecho, resultan eficientes y fomentan el dinamismo a lo largo de la cadena de producción".
Concluye que se "debería reconsiderar parte de su contenido" y recomienda "eliminar el catálogo de prácticas comerciales que se consideran abusivas en la Ley y, en consecuencia, el régimen sancionador administrativo previsto", pues considera que "las prácticas comerciales abusivas o desleales surgidas del desequilibrio en la relación comercial ya están prohibidas en el ordenamiento vigente".
Asaja, Coag y UPA criticaron el informe de la CNC, apoyando "sin fisuras" el anteproyecto, y aplaudieron que no se cuestione la "fehaciente existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas".
La normativa, esperada por el campo almeriense como agua de mayo desde su anuncio, hace un año, tenía como objetivo, según el ministro, "mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena y conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus distintos operadores, evitando aquellas prácticas que favoreciendo a una parte, van en claro detrimento de la fortaleza del conjunto". Desde el campo almeriense se interpretaba como una apuesta por una fórmula para mejorar la transparencia en la formación de los precios de las frutas y las hortalizas, garantizando unos mejores márgenes y rentabilidad para el productor en origen.
El retraso que acumula la normativa responde a los obstáculos que el texto se ha encontrado durante su recorrido, incluso, desde el propio Gobierno (por parte de otras áreas ministeriales), hasta toparse, también, con este dictamen de la CNC, que considera que de publicarse la ley tal como está redactada, generaría "inseguridad jurídica", así como una "burocratización no necesaria y desproporcionada" de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena, y que se tipifican como "infracción administrativa determinadas prácticas comerciales que, de hecho, resultan eficientes y fomentan el dinamismo a lo largo de la cadena de producción".
Concluye que se "debería reconsiderar parte de su contenido" y recomienda "eliminar el catálogo de prácticas comerciales que se consideran abusivas en la Ley y, en consecuencia, el régimen sancionador administrativo previsto", pues considera que "las prácticas comerciales abusivas o desleales surgidas del desequilibrio en la relación comercial ya están prohibidas en el ordenamiento vigente".
Asaja, Coag y UPA criticaron el informe de la CNC, apoyando "sin fisuras" el anteproyecto, y aplaudieron que no se cuestione la "fehaciente existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas".
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