Sanidad da seis meses para que las CC AA actualicen los datos de dependientes y eviten los fraudes

• Un informe del Tribunal de Cuentas estima que hay 29.169 beneficiarios fallecidos.
• Las comunidades habrían recibido por ellos más de 140 millones de euros.
• Atribuyen el error a un fallo en el sistema informático que regula el sistema.

LAEDICION.NET.-El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia.

El motivo de esta actualización reside en un informe realizado por el Tribunal de Cuentas y, según el cual, al menos 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios de la dependencia.
El informe, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.
Ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable
El Tribunal de Cuentas indica que ha habido "falta de comunicación" de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una "financiación indebida".
El Tribunal apunta a una "ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización".

En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato ha explicado que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo ha planteado una "mayor transparencia del sistema", después de tratar, entre otros asuntos, dicho informe del Tribunal de Cuentas.

Según el informe, Andalucía, Castilla y León y País Vasco -4.194, 4.105 y 3.444, respectivamente- son las comunidades con mayor número de beneficiarios fallecidos, mientras que Baleares, La Rioja y Canarias -6, 59 y 197- son las que menos.

Para Mato, estos datos demuestran que "había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia" y que las listas tienen que estar "permanentemente puestas al día".

Servicios sobre ayudas

La ministra ha expuesto a los consejeros que el sistema de la dependencia dará prioridad a la prestación de servicios por encima de las ayudas y ha recordado la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la ley.

Ha subrayado que en la reunión se ha pactado unificar toda la normativa sobre las prestaciones del sistema de la dependencia que quedarán recogidas en un único decreto y que las CCAA plantearán planes de prevención con iniciativas dirigidas específicamente a las personas mayores.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, han reiterado sus críticas a la reforma de la ley, al considerar que el Gobierno quiere privatizar el sistema de la dependencia.

También Cataluña y el País Vasco se han opuesto al actual modelo de financiación porque las administraciones territoriales aportan mayor cantidad para el desarrollo del sistema cuando en principio debería haber un equilibrio del cincuenta por ciento, en su opinión.

Mato ha negado que esa sea la intención del Ejecutivo y ha subrayado que los socialistas "tratan de equivocar a la sociedad española" pero que el tiempo dará la razón al Gobierno y los ciudadanos verán que se mejora la atención y no pensarán que se les está perjudicando.

Durante el Consejo, que ha durado cerca de tres horas, se ha aprobado, por primera vez, un catálogo de referencia de Servicios Sociales para todo el Estado, que no se trata de una norma, sino de una recomendación.

Además, ha recordado que en un plazo máximo de seis meses el Ejecutivo aprobará un plan de acción para la inclusión social, que incidirá en apoyar a los colectivos más vulnerables y la lucha contra la pobreza infantil, que se financiará, en parte, con fondos europeos programados hasta 2020.

Por último, el Consejo Territorial ha establecido el reparto de los créditos para la ejecución de los servicios sociales básicos: 27,5 millones de euros para el Plan Concertado y 412.000 euros para el Plan de Desarrollo Gitano