Destitución del Rector de la UAL, Pedro Molina

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, ha vulnerado la Ley 3/1995, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, al aceptar el nombramiento como asesor de Caixabank al mismo tiempo que desempeña un alto cargo público, el de Rector de la UAL. Aparte de inmoral y poco ético, es una falta muy grave, que incumple la mencionada ley pues no se puede estar en nómina de una empresa privada al tiempo que se gestiona el dinero público. Con mayor razón en un banco que tiene numerosos intereses económicos y que es accionista de diversas empresas concesionarias de obras y servicios públicos, por lo que la confusión de intereses públicos y privados es en este caso escandalosa.

Tras la denuncia pública, Pedro Molina, en lugar de dar explicaciones y asumir su responsabilidad, publica un artículo en un periódico local al que titula “Ética y política” y exije a otros, políticos, “ética y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”. ¿Por qué no se lo exije también a sí mismo él, Catedrático de Filosofía y Rector de la Universidad de Almería?

He puesto en conocimiento de la Fiscalía de Almería la vulneración de la ley de incompatibilidades por parte de Pedro Molina y espero sus actuaciones. También he presentado una reclamación administrativa, con petición de responsabilidades disciplinarias, al Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Grinán, quien, además, es licenciado en Derecho, y tiene ahora la responsabilidad de hacer cumplir la ley y habrá de abrir el correspondiente expediente administrativo como Presidente del órgano competente, el Consejo de Gobierno andaluz.

Ante los numerosos casos de corrupción que se están dando a conocer, en los que los corruptos no se dan por aludidos y no presentan su dimisión, las autoridades competentes han de actuar, haciendo cumplir las leyes y exigiendo las correspondientes responsabilidades, pues si no lo hacen se hacen cómplices de esa corrupción. Desde mi punto de vista, es incluso más grave el que no actúen pues con su inacción fomentan la corrupción y hacen que prolifere.

Adjunto a continuación el escrito presentado al Presidente de la Junta de Andalucía:

AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

D. Jorge Lirola Delgado, con DNI 27.494.505-Y y domicilio a efectos de notificación en C/ Al-Andalus, 9, Almería (04008), ante usted comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito interpongo reclamación administrativa instando el CESE DE DON PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA DE SU CARGO DE RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, nombrado por Decreto nº 449/2010, de 21 de diciembre (BOJA nº 250 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2010) y  se le aplique el régimen disciplinario establecido por vulnerar la Ley 3/1995, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos (BOE nº 117, de 17 mayo de 2005, todo ello con base en los siguientes HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

HECHOS

PRIMERO. D. Pedro Roque Molina García fue nombrado Rector de la Universidad de Almería por decreto  142/2007, de 2 de mayo (BOJA nº 89, de 7 de mayo de 2007) y, con posterioridad, por decreto 449/2010, de 21 de diciembre (BOJA nº 250, de 24 de diciembre de 2010).

Además, el Sr. Molina García forma parte del Consejo Asesor de Caixabank en Andalucía (.http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-caixabank-constituye-presencia-faine-consejo-asesor-andalucia-formado-empresarios-region-20130111124536.html).

SEGUNDO. El ciudadano firmante de este escrito posee un interés directo en el cese del Sr. Molina García más allá de la mera defensa de la legalidad, pues soy profesor de la referida Universidad y, por tanto, miembro de una comunidad universitaria que, desde mi perspectiva, sufre un grave perjuicio debido a la mala gestión del rector, quien permite una inacabable sucesión de recortes y negaciones de nuestro derecho a impartir una formación de calidad, en lugar de defender la universidad pública.

La UAL padece una deuda de varios millones de euros. Como consecuencia de esta deuda y de los recortes que se acumulan, sufrimos el despido de profesores y la falta de muchos recursos. Si hubiese otro rector que luchase por la universidad, esto no sucedería, y por ello la permanencia del Sr. Molina García me perjudica gravemente en mis derechos como miembro de la comunidad universitaria.

Por otro lado, la legislación sobre incompatibilidades se fundamenta en la necesidad de que quien ostenta un alto cargo se dedique en exclusiva a él, sin dispersar su tiempo en otras actividades que absorben especialmente a sus protagonistas ni participar en proyectos para cuyos fines pueda aprovechar el poder derivado de su alto cargo.

En mi caso, tengo derecho a que el rector de la UAL se ocupe exclusivamente de su trabajo, sin ostentar cargos de asesor en sociedades mercantiles, primero porque aquellos le impiden, en contra de las exigencias que marca la ley, ocuparse con el rigor exigible a su labor de rector y, en segundo lugar, porque ser asesor de Caixabank y rector provoca un riesgo cierto de que se use la universidad para satisfacer los intereses mercantiles del banco (precisamente por eso la ley prohíbe ser consejero/asesor de una empresa y alto cargo), y no podemos evitar recelar de posibles acuerdos directos o indirectos a través de empresas interpuestas, favoreciendo las ambiciones y ansias de expansión del banco.

CUARTO. El mantenimiento del Sr. Molina García como Rector de la UAL mientras ostenta su otro cargo es contrario a Derecho con base en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Ante todo, debemos dilucidar si el Sr. Molina García es un alto cargo. La Ley Ley 3/1995, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos califica como altos cargos en su art. 2. g) a los presidentes, directores y asimilados de los organismos autónomos de la Junta de Andalucía.

Pues bien, el Estatuto de Autonomía dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. Los Estatutos de la UAL evidencian sin género de dudas y en coherencia con lo anterior que es un organismo público de la Comunidad Autónoma. Así, el rector, máxima autoridad de la UAL (art. 50.1 de sus Estatutos) es un alto cargo de la misma.

Dicha postura es ratificada por la jurisprudencia. Así la Sentencia nº 568/2004 de TSJ Comunidad de Madrid (Madrid), Sala de lo Contencioso, 16 de Abril de 2004 (FJ 1):

La Intervención General del Estado, con ocasión del control financiero de la UNED correspondiente al Ejercicio de 1997, detectó que se había reconocido el referido derecho a catorce funcionarios de la misma habiéndose además satisfecho las cantidades correspondientes por ese concepto, solicitando el oportuno informe del Servicio Jurídico del Estado a fin de que se pronunciase sobre la procedencia de tal reconocimiento; informe que fue emitido con fecha 12 de Abril de 1999 (folios 44 y siguientes del expediente administrativo) y en el que, previas las consideraciones jurídicas que refleja, se concluía que el Rector de la UNED tenía la condición de Alto Cargo a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo , por lo que a los Catedráticos que ocuparon dicho puesto les era de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.dos de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre.

SEGUNDO. Una vez aclarado que el Sr. Molina García es un alto cargo con toda certeza, incidiré en sus incompatibilidades. Dispone el art. 6  de la Ley 3/1995, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos que Conforme a lo previsto en el artículo 3, los altos cargos son incompatibles entre sí y en particular:

a.       Con todo otro cargo que figure al servicio o en los presupuestos de las administraciones, organismos o empresas públicas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de las mismas, así como las funciones públicas retribuidas mediante arancel, participación o cualquier otra forma especial.

b.       Con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas, con la excepción prevista en el artículo 5.

c.       Con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.

d.       Con el ejercicio por sí o por persona interpuesta o mediante sustitución de la profesión a la que por razón de sus títulos o aptitudes pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales o científicas efectuadas de forma no continuada.

e.       Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

f.        Con el ejercicio de toda clase de actividades en instituciones culturales o benéficas, salvo autorización del órgano que los nombró o que fueran anejas al cargo.

g.       Con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos, cuando por la índole de las operaciones de los asuntos competa a las Administraciones Públicas resolverlos o quede implicado en ellos la realización de algún fin o servicio público.

h.       Con figurar en cualquier forma de promoción de empresas o actividades profesionales privadas.

i.         Con el ejercicio de funciones de dirección en cámaras, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales.

Pues bien, el Sr. Molina García forma parte del Consejo Asesor de Caixabank en Andalucía, la cual es accionista de numerosas empresas concesionarias de obras y servicios públicos, por lo que la confusión de intereses públicos y privados es en este caso escandalosa.

Esto implica, automáticamente, el incumplimiento de la referida Ley.

TERCERO. Dada la incompatibilidad del Sr. Molina García, éste carece de los requisitos esenciales para mantener sus cargos, vulnerando igualmente el art. 62.2 Ley 30/1992 por atentar contra las normas ya señaladas.

El Sr. Molina disfruta de estos cargos, habiéndolos aceptado a sabiendas de su incompatibilidad.

Por todo lo anterior,

SOLICITO se declare el cese del nombramiento como Rector Magnífico de la Universidad de Almería de don Pedro Roque Molina García, con todos los efectos jurídicos que de ello se deriven, además de que se le aplique el régimen disciplinario establecido por vulneración de la referida Ley de Incompatibilidades.

OTROSÍ DIGO: Que solicito igualmente se me tenga como interesado en el presente procedimiento al reunir los requisitos del art. 31.1 a) Ley 30/1992, tal y como ya he expuesto  en este escrito, a efectos de ejercitar los derechos reconocidos en los arts. 84 y ss. de la citada ley.