La Audiencia ve “dentro de las pautas” la suspensión de ingreso en prisión del imputado por la muerte de la bebe

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha asegurado este jueves que la suspensión del ingreso en prisión de Raúl R.F., imputado por la muerte de la niña onubense de 16 meses, se “adoptó dentro de las pautas de comportamiento” para este tipo de casos, si bien ha indicado que ha existido “evidentemente retraso” en la tramitación, un extremo que ha achacado a que en ese órgano existen “cerca de 2.000 ejecutorias”.
En declaraciones a Europa Press, Molina ha descartado en esta línea que proceda comparar este caso con el crimen de Mari Luz Cortés y ha demandado “cautela” en relación a lo dicho por el abogado que ejerce la acusación particular de la familia de la víctima, quien ha lamentado la “lentitud” de la Justicia y ha exigido “explicaciones técnicas” de porqué Raúl R.F. no se encontraba cumpliendo la pena de dos años y tres meses a la que fue condenado en firme por malos tratos a su novia menor de edad.
“No se puede anticipar y hacer una valoración apresurada de estas situaciones porque causan gran alarma”, ha destacadop. Asimismo, ha abogado por “estudiar cuál ha sido el proceso que ha seguido el asunto y las incidencias que se han producido durante su tramitación para ver si ha sido la adecuada o ha habido negligencia”. “Por un hecho desgraciado no vamos a cargar las tintas sobre la persona que ha resuelto”, ha apuntillado.
Molina, quien ha insistido en que no le parece “vía adecuada” hacer “comparación” entre los casos de la bebé y de Mari Luz Cortés, ha afirmado que el “retraso” es un “mal” que están “padeciendo todos” los órganos judiciales y ha hecho referencia al plan de refuerzo de los juzgados de lo Penal implantado en Almería “y que se ha prolongado hasta marzo después de un informe demoledor” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En esta línea, ha señalado que los inspectores “quedaron sorprendidos” del “cúmulo de trabajo” que soportaban estos órganos en la provincia “pese al esfuerzo, según destacaron, de magistrados, funcionarios y secretarios judiciales”. “Los datos están ahí, son palpables e incontestables”, por lo que, ha añadido, “existe una gran carencia de medios para soportar un control exhaustivo de cada una de las ejecutorias pese al ímprobo esfuerzo”.
“DESAFORTUNADA E INJUSTA”
Tras remarcar que centrar la atención mediática en este caso particular sin atender al contexto resulta, a su juicio, “desafortunada e, incluso injusta”, ha recordado que la ley “no impone” en caso de recurso de amparo la suspensión del procedimiento ya que “se abriría de esa forma el camino a dilaciones indebidas y sistemáticas”.
Molina ha destacado que “no se pueden establecer criterios generales” y ha indicado que cada juez “valora en cada caso particular y concreto” las “posibilidades” que tiene de prosperar un recurso. “Los criterios los marca el juez moviéndose en los límites legales que marca el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, según ha ahondado para subrayar que, en el caso de Raúl R.F., “la suspensión no se prolongó más de un mes, lo que no es un plazo excesivo”.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería acordó suspender en septiembre el ingreso en prisión de Raúl R.F., uno de los imputados por el crimen de la niña onubense de 16 meses, a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviese sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó contra la sentencia firme dictada en octubre de 2010 que le condenaba a dos años y tres meses de prisión por maltratar a su novia, menor de edad.
Según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el auto dictado por la jueza Marta Inés Sierra, quien ordenó el inicio de los trámites para la ejecución en noviembre de 2011, es un resolución “habitual” cuando las penas no superan los tres años de cárcel.
Así, el TC inadmitió a trámite el recurso de amparo de Raúl R.F. a “finales del pasado mes de noviembre” y el traslado de la decisión no llegó al Juzgado de lo Penal número 4 hasta “mediados de diciembre de 2012″. Cabe recordar que la bebé fue secuestrada el día 20 de ese mismo mes por Jonathan Moya y que su cuerpo sin vida fue recuperado del interior de una balsa de riego el día 28.
Según la cronología remitida por el TSJA, la Fiscalía Provincial pidió en enero de 2012 los antecedentes penales de Raúl R.F. y, en marzo, “una vez recabados los antecedentes”, informó negativamente a una posible suspensión o sustitución de las penas que se le impusieron como autor de delitos de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la mujer y de lesiones. “Es mismo mes, el condenado presentó el recurso de amparo”, apuntilla.
La titular del Juzgado de lo Penal número 4 dictó en agosto un nuevo auto en el que, en la misma línea que el Ministerio Público, denegaba la suspensión y sustitución de la pena y en aras de continuar la ejecución para su ingreso en prisión solicitó informe al TC para que comunicase cuál era el estado del recurso, que finalmente resolvió en noviembre.