La petición la hará en los próximos días “como medida protectora a las personas en situación económica vulnerable”, informó Europa Press. Para ello solicitará una modificación de la Ley de Haciendas Locales en el apartado de los cambios de titularidad catastral y el pago de la plusvalía municipal en las ejecuciones hipotecarias para que sean los bancos los que se hagan cargo de esos desembolsos.
La delegada de Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa, ha manifestado a través de un comunicado que los desahucios son “verdaderos dramas personales y familiares. Son personas que se quedan sin hogar por la imposibilidad de pago del préstamo hipotecario correspondiente, principalmente por la situación de desempleo de uno, varios o incluso todos los miembros de la unidad familiar”.
A esta “situación de indefensión” del ciudadano desahuciado se acoge Ana Botella para instar al Gobierno central a que cambie la normativa actual, que establece que cuando se produce una ejecución de estas características es el desahuciado quien está obligado al pago de la plusvalía municipal.
Para Dancausa “no es razonable que la Ley obligue al pago de la plusvalía municipal a quien se ve obligado a perder su vivienda por un proceso de ejecución hipotecaria o dación en pago ya que sus posibilidades económicas son mínimas y viene a agravar aún más la delicada situación de las familias que sufren este penoso trance”.
Estos son los argumentos que esgrime el Gobierno de Ana Botella para “dar un paso al frente ante esta situación y tomar la iniciativa para instar al Estado” a que se consideren estas operaciones de ejecución hipotecaria como no sujetas al impuesto sobre la plusvalía municipal.
La propuesta que plantea el Ayuntamiento se limita a la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Esto no significa que la operación quede sin tributar por completo, lo que se conseguiría con esta propuesta sería demorar el pago del impuesto hasta la posterior transmisión, en la que se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada del desahucio.
En definitiva, como explican desde el Ayuntamiento, el número de años de posesión que se tendría en cuenta para la siguiente transmisión -que sería realizada no por la persona desahuciada sino por el que adquiere el inmueble en dicho proceso, que en la mayoría de los casos es la entidad financiera titular del crédito hipotecario- no se contaría de nuevo. Así, la plusvalía municipal de la persona desahuciada finalmente sería abonada por la entidad financiera en el momento de la posterior transmisión del inmueble.
Dancausa ha destacado que quien de verdad denota capacidad económica en estos supuestos es “el que adquiere la vivienda, bien sea la entidad financiera, bien el adjudicatario final del inmueble en la subasta correspondiente”. Por tanto, “es razonable liberar a quien sufre esta ejecución hipotecaria de la obligación de pago de la plusvalía municipal, para que sean los adjudicatarios del inmueble quienes deban tributar finalmente por este impuesto”, ha defendido la delegada.
La intención municipal es que la propuesta tenga efectos retroactivos “para que también puedan beneficiarse de ella las personas desahuciadas en los últimos meses, debido al incremento de la morosidad que se ha producido por la virulencia de la actual crisis económica”.
Dancausa ha recordado que no es la primera vez que desde el Consistorio de Madrid se toman iniciativas en ese sentido. En diciembre de 2011 el Pleno del Ayuntamiento aprobó una proposición, por unanimidad de todos los grupos municipales en la que se instaba al Gobierno de la Nación a que modificase la Ley de Haciendas Locales para que la plusvalía municipal fuese abonada en los casos de ejecuciones hipotecarias por el adquirente del inmueble, es decir, la entidad financiera.
El Gobierno de la Nación acogió dicha propuesta en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, pero circunscribiéndola a los deudores que se encontraban en los umbrales de exclusión a que se refiere dicha norma.
La incidencia de esta medida sería prácticamente inapreciable en el presupuesto municipal. Primero, como explican, porque dado su carácter extraordinario no se recogen en las previsiones de ingresos que por este impuesto se consignan en los presupuestos municipales y, segundo, porque las probabilidades de éxito en el cobro de este tipo de contribuyentes es prácticamente inexistente.
Desde el Ayuntamiento también se está trabajando con la Administración central para que los cambios de titularidad catastral derivados de ejecuciones hipotecarias se realicen lo más rápido posible y evitar cobros indebidos a estas personas del Impuesto de Bienes Inmuebles y la Tasa de Basuras.
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