LAEDICION.NET.-El
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ese es el hombre de quien Luis
Bárcenas y su entorno esperan recibir el pago que exigen por su silencio a
Mariano Rajoy: la anulación total del caso Gürtel.
O al menos esa es la versión que se extiende desde hace tiempo en algunos ambientes del PP madrileño y en la que, curiosamente, encajan perfectamente como piezas de un rompecabezas pulcramente colocadas, los últimos acontecimientos judiciales que se han desarrollado alrededor del caso. Sobre todo los movimientos de la Fiscalía Anticorrupción, un cuerpo que depende directamente del Ministerio de Justicia. O sea de Gallardón.
Según estos rumoress. Hace tiempo que el presidente del Gobierno conoce el precio que el antiguo tesorero del PP le exige para no poner sobre la mesa los documentos que posee y que acreditan, más allá de la duda, el esquema de financiación irregular vigente en el partido durante más de dos décadas. Los donantes, los receptores de los sobres y algunas otras sorpresas más escondidas en la cuentas de ese pasado, a veces no tan remoto, que complica el presente de esta formación política.
Bárcenas quiere quedar completamente libre y para siempre de toda posible acusación relacionada con este asunto. Y sobre todo evitar la cárcel. No hay otro pacto posible. Y no sólo eso. Quiere ver movimientos en la esfera judicial que le tranquilicen porque vayan en la dirección que el considera correcta y que no es otra que la destinada a convertir el 'caso Gürtel' en un nuevo 'caso Naseiro'. Para que termine del mimo modo. Archivado por un defecto de forma en la instrucción y con todos sus implicados libres.
Y por si alguien tenía dudas sobre las intenciones de Bárcenas, el propio interesado ha usado Intereconomía como plataforma para hacer públicos sus deseos y que nadie pueda decir que no los ha manifestado. En dos entregas que tuvieron lugar el pasado viernes 22 de marzo y el lunes 25, el ex tesorero del PP lo puso todo negro sobre blanco. Nada de sutilezas. Las cosas como son.
Bárcenas ya indicó en esas comparecencias públicas que el caso partía viciado por un defecto de forma relacionado con las grabaciones que permitieron iniciar la investigación. Una línea que están siguiendo ahora sus abogados en combinación con los representantes legales de otros antiguos notables del PP, en este caso del entorno de Esperanza Aguirre.
Todos ellos se han unido al recurso presentado por Francisco Correa, el presunto líder de la trama, que solicitaba la nulidad de la causa con el argumento de que las grabaciones particulares realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda que permitieron el inicio de la acciones judiciales eran ilegales. Ahora, para Bárcenas y los suyos, lo fundamental es que triunfe el derecho procesal. Ni el penal, ni el civil, ni el mercantil, les interesa.
Pero para que la estrategia prospere, todo debe ser caso Gürtel, no puede haber piezas separadas ni jueces que compliquen la situación. Baltasar Garzón ya sabe algo de esto y de cómo su intento de investigar hasta el fondo a esta trama corrupta le ha supuesto salir de la judicatura. También por culpa de unas escuchas que ordenó y que, supuestamente, eran ilegales.
Y hasta ahí todo parecía tranquilo. Entre otras cosas porque era Federico Trillo, ese eficiente murciano del Opus Dei quien se encargaba del asunto. Todo un seguro para Bárcenas y los suyos. Pero hubo movimientos en el partido, Trillo se fue de Embajador a Londres y empezó a cundir el nerviosismo en el entorno del ex tesorero del PP.
Y, según estas crónicas apócrifas, sin contrastar y posiblemente falsas, para calmarle le recordaron que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estaba al tanto de la operativa que se empleó para desactivar el 'caso Naseiro' porque el realizó entonces la investigación interna encargada por el partido en relación con aquel asunto.
Pero estas aseveraciones no habrían conseguido tranquilizarle del todo. Más aún cuando en septiembre del pasado año, Bárcenas, según ha relatado la revista Interviú, se empezó a sentir molesto por el acoso al que le sometían un par de fiscales, que decían contar con el apoyo de su jefe el Fiscal General de Estado, Eduardo Torres Dulce, nombrado por Gallardón.
El momento era más crítico aún porque al ex tesorero del PP le constaba que las comisiones rogatorias encargadas a Suiza iban a dar fruto y se descubriría el dinero que tiene en el exterior. Entonces decidió ponerse en marcha, sobre todo cuando ya en 2013, una vez descubiertas sus cuentas secretas sintió que nadie se movía para protegerle.
Ahí aparecieron sus famosos papeles. Y ahí empezó a dejar claro que él asumiría sus responsabilidades, pero solo las suyas. Más claro que si iba a la cárcel no iría sólo. Así que era hora de que el ministro de Justicia empezara a moverse.
Y eso estaría haciendo Gallardón ahora. Según la rumorología de la que hablamos: activar a la Fiscalía para que todo el caso, sin excepciones que pongan en peligro la estrategia como la que planteaba Gómez Bermúdez al reclamar la investigación de la querella de IU, quede en manos de Ruz se quede todo con todo, un magistrado eventual al que en septiembre sustituirá Miguel Carmona. Un ex magistrado progresista muy amigo del ministro, según se dice.
Y por ahora, la liturgia se cumple. Ruz se ha quedado con el caso tras la decisión sobre la competencia adoptada ayer por la Audiencia Nacional, aunque la sala lo hiciera sin que se produjera una votación unánime. Pero tanto da, porque se trata de una resolución inapelable.
O al menos esa es la versión que se extiende desde hace tiempo en algunos ambientes del PP madrileño y en la que, curiosamente, encajan perfectamente como piezas de un rompecabezas pulcramente colocadas, los últimos acontecimientos judiciales que se han desarrollado alrededor del caso. Sobre todo los movimientos de la Fiscalía Anticorrupción, un cuerpo que depende directamente del Ministerio de Justicia. O sea de Gallardón.
Según estos rumoress. Hace tiempo que el presidente del Gobierno conoce el precio que el antiguo tesorero del PP le exige para no poner sobre la mesa los documentos que posee y que acreditan, más allá de la duda, el esquema de financiación irregular vigente en el partido durante más de dos décadas. Los donantes, los receptores de los sobres y algunas otras sorpresas más escondidas en la cuentas de ese pasado, a veces no tan remoto, que complica el presente de esta formación política.
Bárcenas quiere quedar completamente libre y para siempre de toda posible acusación relacionada con este asunto. Y sobre todo evitar la cárcel. No hay otro pacto posible. Y no sólo eso. Quiere ver movimientos en la esfera judicial que le tranquilicen porque vayan en la dirección que el considera correcta y que no es otra que la destinada a convertir el 'caso Gürtel' en un nuevo 'caso Naseiro'. Para que termine del mimo modo. Archivado por un defecto de forma en la instrucción y con todos sus implicados libres.
Y por si alguien tenía dudas sobre las intenciones de Bárcenas, el propio interesado ha usado Intereconomía como plataforma para hacer públicos sus deseos y que nadie pueda decir que no los ha manifestado. En dos entregas que tuvieron lugar el pasado viernes 22 de marzo y el lunes 25, el ex tesorero del PP lo puso todo negro sobre blanco. Nada de sutilezas. Las cosas como son.
Bárcenas ya indicó en esas comparecencias públicas que el caso partía viciado por un defecto de forma relacionado con las grabaciones que permitieron iniciar la investigación. Una línea que están siguiendo ahora sus abogados en combinación con los representantes legales de otros antiguos notables del PP, en este caso del entorno de Esperanza Aguirre.
Todos ellos se han unido al recurso presentado por Francisco Correa, el presunto líder de la trama, que solicitaba la nulidad de la causa con el argumento de que las grabaciones particulares realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda que permitieron el inicio de la acciones judiciales eran ilegales. Ahora, para Bárcenas y los suyos, lo fundamental es que triunfe el derecho procesal. Ni el penal, ni el civil, ni el mercantil, les interesa.
Pero para que la estrategia prospere, todo debe ser caso Gürtel, no puede haber piezas separadas ni jueces que compliquen la situación. Baltasar Garzón ya sabe algo de esto y de cómo su intento de investigar hasta el fondo a esta trama corrupta le ha supuesto salir de la judicatura. También por culpa de unas escuchas que ordenó y que, supuestamente, eran ilegales.
Y hasta ahí todo parecía tranquilo. Entre otras cosas porque era Federico Trillo, ese eficiente murciano del Opus Dei quien se encargaba del asunto. Todo un seguro para Bárcenas y los suyos. Pero hubo movimientos en el partido, Trillo se fue de Embajador a Londres y empezó a cundir el nerviosismo en el entorno del ex tesorero del PP.
Y, según estas crónicas apócrifas, sin contrastar y posiblemente falsas, para calmarle le recordaron que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estaba al tanto de la operativa que se empleó para desactivar el 'caso Naseiro' porque el realizó entonces la investigación interna encargada por el partido en relación con aquel asunto.
Pero estas aseveraciones no habrían conseguido tranquilizarle del todo. Más aún cuando en septiembre del pasado año, Bárcenas, según ha relatado la revista Interviú, se empezó a sentir molesto por el acoso al que le sometían un par de fiscales, que decían contar con el apoyo de su jefe el Fiscal General de Estado, Eduardo Torres Dulce, nombrado por Gallardón.
El momento era más crítico aún porque al ex tesorero del PP le constaba que las comisiones rogatorias encargadas a Suiza iban a dar fruto y se descubriría el dinero que tiene en el exterior. Entonces decidió ponerse en marcha, sobre todo cuando ya en 2013, una vez descubiertas sus cuentas secretas sintió que nadie se movía para protegerle.
Ahí aparecieron sus famosos papeles. Y ahí empezó a dejar claro que él asumiría sus responsabilidades, pero solo las suyas. Más claro que si iba a la cárcel no iría sólo. Así que era hora de que el ministro de Justicia empezara a moverse.
Y eso estaría haciendo Gallardón ahora. Según la rumorología de la que hablamos: activar a la Fiscalía para que todo el caso, sin excepciones que pongan en peligro la estrategia como la que planteaba Gómez Bermúdez al reclamar la investigación de la querella de IU, quede en manos de Ruz se quede todo con todo, un magistrado eventual al que en septiembre sustituirá Miguel Carmona. Un ex magistrado progresista muy amigo del ministro, según se dice.
Y por ahora, la liturgia se cumple. Ruz se ha quedado con el caso tras la decisión sobre la competencia adoptada ayer por la Audiencia Nacional, aunque la sala lo hiciera sin que se produjera una votación unánime. Pero tanto da, porque se trata de una resolución inapelable.
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