ENTRA EN VIGOR LA DIRECTIVA EUROPEA CONTRA LA MOROSIDAD

LAEDICION.NET.-Hoy sábado 16 de marzo entra en vigor la directiva que pretende acabar con la morosidad en los pagos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la Unión Europea. Por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) solicita al Gobierno que haga todo lo que sea necesario para que se cumpla el plazo de pago de 30 días que establece dicha  Directiva Europea.

La Directiva 2011/7/UE armoniza por primera vez los plazos de pago de las Administraciones Públicas. Éstas tendrán que pagar sus facturas en 30 días naturales desde la recepción de la factura. Si dicho plazo no es respetado automáticamente y sin necesidad de recordatorio el acreedor tiene derecho a los intereses de demora: referencia ECB+ 8% además de 40 euros de costes de cobro (automáticamente).

Además, ATA recuerda que a partir de hoy, cualquier cláusula que excluya el pago de intereses de demora o una cláusula que establezca plazos superiores a los establecidos (30 es la regla general y hasta un máximo de 60 días naturales para empresas que operan en el sector de la sanidad pública y ciertas empresas públicas) serán automáticamente nulas y/o darán derecho a un resarcimiento por daños y perjuicios (a determinar por cada Estado miembro).

“Era absolutamente necesario que se estableciese un régimen sancionador y se inhabilitasen las cláusulas que excluían el pago de intereses o ampliaban los periodos establecidos legalmente. De nada sirve la norma si se permite su incumplimiento, y al que la incumple, no se le aplica una penalización ejemplarizante”, añade Lorenzo Amor, Presidente de ATA.

En este sentido, desde ATA recuerdan que en España las Administraciones Públicas adeudan en torno a 4 mil millones de euros en facturas impagadas a los autónomos y microempresas y que aún estamos muy lejos de los 30 días pues el periodo medio de pago actual es de 148 días. Periodo, que se eleva hasta los 154 días de media para los Ayuntamientos, que lamentablemente son las administraciones para las que mayoritariamente trabajan los autónomos. Por su parte, las Comunidades Autónomas pagan, de media, en 142 días, siendo la Administración Central la que más se acerca a lo que establece la Directiva, con una media de pago de las facturas de 47 días.

En el ámbito de la empresa privada, los plazos de pago se sitúan, de media, en 95 días, existiendo una relación directa entre el tamaño de la empresa y el tiempo de demora en cobrar las facturas: cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el número de días que tarda en abonar los servicios que le ha prestado un autónomo. Así, mientas que la gran empresa, considerada esta la que cuenta con más de 1.000 trabajadores, tarda una media de 133 días en pagar las facturas, el periodo medio de pago entre autónomos desciende a los 67 días.

Por ello, y para intentar poner freno a un problema tan grave para el colectivo de autónomos como es la morosidad pública, responsable del cierre de una de cada cinco autónomos y empresas y uno de cada cuatro parados, es imprescindible que se luche contra esta práctica y se obligue a cumplir con lo que establece la Directiva.

Para ello, y siendo posibilistas, desde ATA pedimos al Gobierno cumpla la promesa que realizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relativa a que el autónomo que tenga dificultades para cobrar una factura de una administración pueda acudir directamente a Hacienda para que se la paguen. Luego será el Estado quién le descuente el importe a ese ayuntamiento o comunidad autónoma de su participación en los ingresos públicos.

Además resulta imprescindible como ya hemos reclamado en numerosas ocasiones desde ATA que el Gobierno permita al autónomo compensar las deudas que tenga con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas impagadas que a su vez mantenga una administración con él ; o bien, que pueda obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. "La Directiva que hoy se aprueba es un gran avance y esperamos que esta vez se cumpla íntegramente y que el Gobierno sea el primero en velar por ello" concluye Lorenzo Amor.