El PP considera a Griñán «el cajero de los ERE

caso de los ere fraudulentos

Zoido anuncia que planteará la solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados del actual presidente de la Junta de Andalucía para que aclare el asunto

Ha criticado que desde la Junta de Andalucía se haya tolerado "el despilfarro, sin poner cortapisas" después de hasta 17 advertencias de la Intervención General

LAEDICION.NET.- UGT y CCOO se han defendido de nuevo de las acusaciones que les implican en el caso y han negado que hayan participado en una "trama corrupta" para lucrarse El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha acusado hoy al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de ser "el cajero de los ERE" fraudulentos, mientras que los sindicatos se han desligado de la "trama corrupta" al negar que hayan participado en la gestión de expedientes para lucrarse. Zoido también ha pedido que comparezca Griñán ante el Congreso para aclarar por qué no modificó el procedimiento de los ERE, lo que ha provocado las críticas de dirigentes socialistas andaluces, que lo consideran un "desprecio".

De esta forma los partidos continúan con las acusaciones que se han lanzado esta semana después de que la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso, reactivara la investigación con una nueva rama de los ERE, por la que hasta el momento han sido encarceladas siete personas de las 22 imputadas. Griñán, en una entrevista que publica hoy "El Mundo", ha negado tener responsabilidades políticas en el caso y que estuviera al corriente o que fuera avisado por la Intervención General sobre ese escándalo ya que, en todo caso, lo que hay es "reptiles utilizando un fondo legal" aprobado en el Parlamento.

Ha afirmado que no se ha planteado dimitir y ha señalado que no se ha producido financiación ilegal del PSOE-A sino un supuesto uso indebido de fondos públicos y "gente que se ha repartido esos fondos inadecuadamente" y que "tendrán que devolver el dinero". Zoido, en una rueda de prensa en Sevilla, ha dicho que los andaluces y los españoles han sabido "que durante mucho tiempo parece ser que el señor Griñán ha sido el cajero de los ERE" y le ha exigido que explique ante el Congreso cómo se nutría la partida 31L, que presuntamente eludía los controles de fiscalización.

Ha precisado que "el dinero no lo tenía el consejero de Empleo, sino el de Hacienda, y éste es, según el interventor general de la Junta, quien cebó sin límites dicha partida", en referencia a cuando Griñán fue consejero de Economía y Hacienda. Ha anunciado que mañana planteará al grupo parlamentario popular la solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados del actual presidente de la Junta de Andalucía y de su predecesor en el cargo, Manuel Chaves.

En este sentido, ha relatado que Griñán, siendo ministro de Trabajo, dictó una orden ministerial el 19 de abril 1995 para evitar que se concedieran "sin ningún tipo de procedimiento y control" ayudas sociales vinculadas a ERE, como según ha asegurado ocurría con su antecesor, Chaves, pero sin embargo no lo hizo a su llegada a la Junta de Andalucía.

Los sindicatos se desmarcan

Ese anuncio ha conllevado las críticas de los dirigentes socialistas, como la presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, quien cree que se trata de un "disparate jurídico" y una "burla" al Parlamento de Andalucía. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, se ha mostrado en esa línea y ha señalado que Zoido, "hace el ridículo" y "desprecia" el Parlamento, ya que su doctrina es que vayan al Congreso "sólo los ministros de hace diecisiete años o más".

Por otra parte, los sindicatos UGT y CCOO se han defendido de nuevo de las acusaciones que les implican en el caso y han negado que hayan participado en una "trama corrupta" para lucrarse con los expedientes de regulación de empleo ni en Andalucía ni en España. Los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y de UGT, Manuel Pastrana, ha comparecido hoy, por separado y respaldados por un miembro de la ejecutiva confederal de ambos sindicatos, para negar que hayan cobrado comisiones ilegales de 4,2 millones por su participación en la tramitación de los ERE fraudulentos, tal como apunta en el último auto la juez encargada de investigar el caso.

Además, han censurado que la juez Mercedes Alaya dé credibilidad a las acusaciones del directivo de Vitalia Antonio Albarracín -en prisión provisional- en el sentido de que los sindicatos cobraban sobrecomisiones por su asesoramiento en la tramitación de los ERE "sembrando una sombra de sospecha" sobre la labor que realizan en defensa de los trabajadores.