Hoy comienza en Palma el juicio Scala por la malversación de 8,2 millones

LAEDICION.NET.- La sección primera de la Audiencia de Palma acoge desde hoy el juicio del caso Scala de corrupción, contra 18 acusados entre los que figura un conseller autonómico, por la presunta malversación de 8,2 millones de euros en la legislatura 2003-2007, en la que era presidente balear Jaume Matas.

La instrucción de este caso dio lugar a una imagen simbólica de la corrupción en Baleares, cuando en el registro del domicilio de una de las implicadas apareció enterrada una lata de Cola-Cao que ocultaba presunto dinero malversado.
La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 114,5 años y multas de 19 millones de euros para los acusados, a los que atribuye el expolio de 8,27 millones de euros entre los fondos públicos saqueados, los sobrecostes de contratos amañados y las comisiones cobradas.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha programado un total de 27 jornadas para la celebración de este juicio, que podría prolongarse hasta mediados de mayo.
El principal acusado es el exconseller de Comercio, Industria y Energía entre 2003 y 2007, Josep Juan Cardona, que se enfrenta a 21 años de cárcel y multa de 7,5 millones de euros por siete delitos de corrupción.
La Fiscalía le considera promotor y director de una trama orquestada en torno al Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) para apropiarse durante 4 años de fondos públicos mediante un saqueo sistemático, según figura en el escrito de acusación del ministerio público, de más de 400 páginas.
De los mismos delitos que el exconseller -asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación y falsedad documental por funcionario y en documento mercantil, así como fraude a la administración- está acusado también el ex director general de Promoción Industrial en la legislatura 2003-07, Joseph Kurt Viaene, "mano derecha" del exconseller, que se enfrenta a una petición de pena de 20 años y la misma multa.
La tercera principal acusada es la exdirectora del CDEIB, Antonia Ordinas, en cuyo domicilio se halló la famosa lata de Cola-Cao.
Para Ordinas, que ha colaborado en la investigación de los hechos y ha devuelto dinero, la Fiscalía pide 7 años de prisión así como una multa de 1,05 millones.
La Fiscalía considera a los tres -Juan, Viaene y Ordinas- planificadores de los delitos y responsables de "actos materiales decisivos y nucleares" que permitieron las malversaciones, así como de incrementar los fondos del CDEIB para apropiarse de ellos.
Los tres principales acusados, con la colaboración de los otros quince encausados, crearon una trama de empresas con hombres de paja o testaferros a las que adjudicaron numerosos contratos financiados con fondos públicos que se quedaron.
Según el Ministerio Fiscal, en esta causa es que no existe contrato ni soporte documental alguno que justifique el cobro de cuantiosas facturas presentadas por la trama, por trabajos y servicios que, de ser reales, hubieran exigido un procedimiento negociado sin publicidad para ser contratados que no se hizo.
Para los otros quince encausados, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre el medio año y los 10 años de cárcel y multas de hasta un millón de euros. Doce de los acusados han reconocido su participación en los hechos y han colaborado con la Justicia.
Además hay un decimonoveno implicado en la trama que no ha sido localizado por lo que no se le ha llegado a acusar.