Inspectores de la Junta hacen el censo de viviendas vacías

LAEDICION.NET.-Los funcionarios tendrán también que controlar las VPO que no cumplan con la norma de ocupación El cuerpo de inspectores de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ya han iniciado las inspecciones para realizar el censo de viviendas vacías que existen actualmente en la provincia de Almería. Así lo confirmó a este periódico la propia Consejería, desde donde además indicaron que el Decreto-Ley "no supone incremento de costes en materia de personal, por lo que se aplicarán los medios disponibles (en este caso, los funcionarios que, tanto en Servicios Centrales como en la Delegación, desempeñen funciones en puestos de inspección) para realizar el sondeo y recuento de inmuebles". No obstante, según indicaron, "cuando resulte necesario se podrá habilitar adicionalmente a funcionarios para el ejercicio de funciones inspectoras en materia de vivienda".

Los inspectores cuentan con un mes de plazo para iniciar las correspondientes inspecciones, según se recoge en la Disposición Adicional primera del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril cuyo objetivo no es otro que aplicar la ley y contribuir a mitigar de forma urgente los efectos perjudiciales que la no habitación de las viviendas producen en el derecho de acceso a la vivienda. A partir de entonces, la Delegación de Vivienda de Almería podrá iniciar las actuaciones sancionadoras que crea convenientes.

El cuerpo de inspectores también va a controlar el número de viviendas de Protección Oficial (VPO) que han sido adjudicadas para comprobar la correcta ocupación y cumplimiento de la normativa. Tal y como indicaron desde la propia Consejería, este cuerpo de funcionarios de la administración también tendrá como objeto de inspección dichos casos, además de otros supuestos que puedan aparecer en los correspondientes Planes de Inspección de Vivienda.

Cabe recordar que el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda permite a la Junta expropiar viviendas tanto a los bancos como a las empresas en los casos de desahucio a familias en una situación social complicada. La administración podrá sancionará a entidades bancarias e inmobiliarias para aflorar el stock en alquiler. La norma no incluye las segundas residencias y fija ayudas al alquiler.