sábado, 18 de mayo de 2013

IU denuncia el 'uso político del empleo público' en Níjar a través de las concensionarias





LAEDICION.NET.-NÍJAR.- Ante el intento de despido de más de 50 trabajadoras que actualmente ejercen su actividad en el Servicio de Ayuda a Domicilio, servicio en concesión administrativa del Ayuntamiento de Níjar, el Grupo municipal de Izquierda Unida ha manifestado su profundo malestar y su total apoyo a estas trabajadoras.
“Este intento de despido contradice claramente el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 15 y 70 del vigente Convenio Colectivo Estatal de Dependencia. En el pleno del 14 de mayo presentamos una “Moción No Resolutiva” exigiendo que desde este Ayuntamiento se pongan los medios para que de manera inmediata se restablezcan los derechos de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, concesionado por el Consistorio, y se ponga freno a las presiones que se están ejerciendo contra estos trabajadores”, explica el portavoz de IULVCA Níjar, Alexis Pineda”.
Expresamos nuestra máxima indignación ante las presiones a las que están siendo sometidas las trabajadoras por parte de la empresa concesionaria para que extingan voluntariamente sus contratos y consideramos inaceptable que nuestro alcalde haya intentado confundir a las trabajadoras, anunciándoles que no eran objeto de subrogación y encontrando por nuestra parte sólo dos posibles causas: la falta de información y desconocimiento de nuestro primer edil y el intento de hacer una concesión “a medida” con personal afín a su partido.
IU denuncia el uso político del empleo público sistemáticamente en Níjar a través de la contratación de concesiones de toda índole.
Con la presencia de las trabajadoras afectadas con sus batas blancas en el Pleno, se interpeló al alcalde a manifestarse al respecto en varias ocasiones, mediante mociones, ruegos y preguntas sin ningún resultado.
El alcalde ha manteniendo absoluto silencio ante las decenas de trabajadoras que esperaban sus palabras sin dignarse dirigirse a su pueblo.
“Tememos además que finalmente sea nuestro Ayuntamiento quien tenga que sufrir los costes por despido indebido si la nueva concesionara no pagara las indemnizaciones correspondientes. No podrá negar el Alcalde que ha sido informado de la vulneración de la ley que suponen estos despidos, teniendo claramente las trabajadoras derecho legal a la subrogación”, matiza Pineda.

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