La Consejería de Vivienda publica en el BOJA la declaración de interés social de un piso en Huelva en manos de un fondo que gestiona activos inmobiliarios
LAEDICION.NET.-Las reservas de los inspectores de la troika
europea y el rechazo del Gobierno central no amilanan al Ejecutivo andaluz
del PSOE e IU, que está decidido a aplicar contra viento y marea el
decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía, que
prevé expropiaciones temporales de viviendas a los bancos. El Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes el primer
expediente de declaración de interés social de la cobertura de necesidad de una
vivienda ubicada en Huelva, que es el paso previo a la expropiación de la
misma.
Tal y como recoge el anuncio de la Consejería de Fomento y Vivienda,
se trata de la primera expropiación del uso de un inmueble propiedad del
Fondo AyT Hipotecario Mixto III, una sociedad gestora de activos,
mayoritariamente inmobiliarios y procedentes de entidades financieras. La
delegada de Fomento y Vivienda en Huelva, María C. Villaverde Fernández,
firmó este anuncio el 17 de mayo pasado después de haberlo solicitado la
inquilina de la vivienda, María del Carmen A. H., para evitar que se consumara
un lanzamiento judicial.
El decreto ley de función social de la vivienda convalidado por
el Parlamento autonómico por el PSOE e IU persigue la expropiación temporal
por un plazo de tres años del uso de las viviendas «en inminencia» de
desahucio «en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física
o psíquica de las personas», según explicó la consejera del ramo, Elena
Cortés (IU). Afecta a entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades
de gestión de activos, como sucede en este caso.
El Fondo AyT Hipotecario Mixto III poseía en Andalucía un total de 1.411
activos a fecha del 31 de diciembre de 2012, según la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Mediante el citado anuncio, la delegada de Vivienda
somete a información pública el expediente de declaración de interés social
de la vivienda y la necesidad de ocupación de la misma «a efectos
expropiatorios» conforme al decreto-ley 6/2013. Se da un plazo de 15 días
hábiles a las partes afectadas para que realicen sus reclamaciones y sugerencias.
La medida expropiatoria se produce una semana después de que el
portavoz del Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon
O'Connor, adelantara que los inspectores de la troika (formada por
la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) van a
analizar si el decreto en tramitación se ajusta a las condiciones del
rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros concedido por el
Eurogrupo a España.
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