sábado, 4 de mayo de 2013

La Junta ultima la ley para proteger de abusos en hipotecas y preferentes




Consumo abre una sanción a Telefónica de 920.000 euros por infracciones muy graves
LAEDICION.NET.-El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, avanzó ayer que la Administración regional ultima un decreto de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios que llevará al Parlamento para su aprobación a finales de este mes o primeros de junio. La normativa pretende hacer frente a los abusos bancarios sobre las participaciones preferentes y las cláusulas sobre las hipotecas. Para ello, se incrementarán las inspecciones y las sanciones administrativas.

Valderas precisó que con la nueva normativa la Junta pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente a los pagos de los mismos, así como también a las personas que avalen operaciones de préstamo o crédito. "Impulsar un mayor nivel de inspección, dar más alcance y celeridad a las sanciones que se ponen encima de la mesa para que pasen a beneficiar cuando haya un abuso a los ciudadanos", es la intención de la Junta según explicó en rueda de prensa el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales.

La Junta de Andalucía ya sancionó, a raíz de un expediente iniciado en 2011, con 400.000 euros a una entidad bancaria y hay pendientes nuevas sanciones a organismos financieros por participaciones preferentes, por un importe cercano al 1,5 millones de euros, aunque el vicepresidente no detalló a qué entidades corresponden.

Valderas realizó este anunció al tiempo que informó que la Junta ha abierto un expediente sancionador por un importe de 920.000 a la compañía Telefónica por cometer, supuestamente, tres infracciones calificadas como muy graves en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, unas sanciones que son el resultado de las inspecciones realizadas por los servicios provinciales de Huelva en la campaña de control del sector de telecomunicaciones.

Las multas se han impuesto, como detalló Valderas, por la falta de información en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato del coste del servicio de detalle de llamada, entre otras cuestiones.

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