Caso ERE
LAEDICION.NET.-La instructora concluye que los sindicatos
recibieron 7,6 millones durante una década por "facilitar" los
procesos de reestructuración empresarial, ya que no realizaron "ningún
servicio".La juez Mercedes Alaya, que
investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones
vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía,
acusa a los sindicatos UGT y CCOO de financiarse irregularmente con
los 7,6 millones de euros que estas organizaciones percibieron “de manera
arbitraria e ilegítima” de las consultoras.
En el auto que este martes
por la noche acordó la prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros
del dueño de Uniter, José González Mata, la juez Alaya asegura que
esta entidad realizó pagos periódicos a UGT y CCOO que
"no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado,
pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los
justificara".
Según la instructora, estos
sindicatos "indiciariamente habrían impuesto, de manera arbitraria e
ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de
los procesos de reestructuración empresarial" y que recaerían en Uniter
como "principal beneficiaria de estos grandes procesos, como en otros
casos lo exigirían de las empresas que promovían los expedientes de regulación
de empleo".
La juez Alaya concluye que,
de esta manera, los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las
subvenciones públicas anuales, "encontrarían durante una década en
Andalucía esta otra forma de financiación irregular".
Según los datos bancarios y fiscales, el dueño de Uniter destinó a través de
sus empresas 3.253.031,61 euros a UGT y CCOO, mientras que
Vitalia destinó 4.291.384,10 euros y el bufete sevillano Estudios Jurídicos
Villasís otros 104.400 euros. En total, la cifra que recibieron los sindicatos
asciende a 7.648.815 euros, tal y como puso de manifiesto la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente atestado aportado al sumario
de los ERE.
Alaya detalla que los pagos
de Uniter a los sindicatos se realizarían a través de al menos seis
entidades: Atlantis Asesores –dedicada a la distribución de productos
aseguradores por el sindicato CCOO-; ASP Asesoramiento seguros –correduría de
seguros de UGT que en 2007 ingresó en el grupo Atlantis-; la Federación
Minerometalúrgica de CCOO; Temiqui S.A., cuyo único socio es la Federación
Estatal de Industrias Químicas de UGT; ITG S. A., que pertenece a UGT; y la
Federación Agroalimentaria de Cádiz (UGT), que según Alaya habría recibido
"regalos, catering y diseños gráficos" de Uniter.
La instructora señala que Atlantis
habría recibido de Uniter entre 2003 y 2010 la suma de 1,5 millones de euros,
cantidad que procedería de los fondos destinados por la Junta para el abono de
las subvenciones sociolaborales y que "sin lugar a dudas abonaría la
intervención de Uniter en futuros expedientes, pues era obvia la influencia
ejercida por los sindicatos en los procesos de reestructuración empresarial,
sobre todo en los más importantes que eran a su vez los que mayor negocio
generaban".
De la contabilidad de
Uniter, Alaya señala que sólo cogiendo al azar algunas anualidades,
esta consultora de seguros habría abonado a UGT en 2006 la cantidad de
239.600 euros y 279.661 euros en 2008, mientras que a CCOO en 209 se
le habrían abonado 232.980 euros y 226.159 en 2010 en concepto de comisiones,
unas retribuciones que "serían reconocidas entre otros por Salvador Mera
Crespo, secretario regional de la Federación de Industrias Afines de UGT",
señala Alaya en el auto de prisión de González Mata.
La juez destaca la "actuación
decisiva" de lo sindicatos en el "ilícito uso de fondos
públicos" por parte de este empresario jerezano, "tanto de contacto
como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del
proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter o de
la propia empresa".
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