Intuyo que el Gobierno se ha instalado en un mundo feliz en el que el talante anestesia el ambiente y aplaca los sentidos. A la negación de la crisis económica se ha unido las declaraciones del recién estrenado Ministro de Trabajo e Inmigración, D. Celestino Corbacho que, sin ningún rubor, ha asegurado en el Parlamento que la “inmigración no es un problema”, obviando, contra toda lógica, las penosas consecuencias de la inmigración ilegal, un argumento nada progresista y totalmente alejado de la realidad.
Alguien debería aclararle al señor Corbacho que la inmigración ilegal no es un problema, sino un auténtico drama, o es que el Gobierno desconoce que hay inmigrantes que mueren intentando alcanzar nuestras costas, o inmigrantes que sufren la extorsión y el chantaje de mafias infames, o inmigrantes con cara y ojos que demandan una serie de servicios públicos a nuestras Comunidades Autónomas.
A parte del discurso, políticamente correcto, sobre las bondades de la inmigración, que estoy seguro de que compartimos la inmensa mayoría de las personas, la inmigración también comporta otras repercusiones de carácter social, jurídico y económico, que las autoridades públicas no pueden ignorar.
Sucede que, en política, los olvidos interesados no son nunca un buen comienzo, porque muestran a las claras el carácter de los políticos.
En esta línea, si hay una tarea pendiente por parte de los estados miembros de
En la persecución y detención de estas organizaciones reside uno de los grandes objetivos de los países desarrollados.
Por todo ello, le ruego al Ministro que abra los ojos, despierte de su sueño y llame a las cosas por su nombre.
José-Domingo Lázaro Álvarez
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