La Fiscalía tiene en su punto de mira a una treintena de alcaldes y concejales

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-. Las irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas centra la mayoría de las denuncias, sobre todo en el Levante. En abril del año pasado había ya más de quince alcaldes y concejales en la provincia imputados por la Fiscalía de presuntos delitos relacionados con el Urbanismo. Desde esa fecha, cuando se puso en marcha la Operación Costurero que concluyó con la detención de 24 personas, entre ellas el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón y su concejal de Urbanismo Manuel Tijeras, los casos se han multiplicado por dos. La psicosis llegó a tal punto que el alcalde de Vera, Félix López (imputado por una presunta trama de recalificación de suelo a cambio de comisiones) se vio obligado a convocar una rueda de prensa para desmentir que su Ayuntamiento estaba siendo intervenido por la Guardia Civil. La sensación de intranquilidad se vio acrecentada tras la detención del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, junto con su interventor accidental, José Alemán y varios empresarios y familiares de los mismos el pasado día 20 de octubre.

Lo cierto es que desde entonces, se han incrementado exponencialmente, al mismo tiempo que incesantes rumores de estar ante el inicio de una campaña de actuaciones de las autoridades judiciales.

El desordenado crecimiento urbano, sobre todo en el Levante de la provincia y la constatación de la existencia de miles de residencias ilegales, han llevado a la imputación de los alcaldes y ex alcaldes de Partaloa (Federico Molina), Oria (José Pérez), Albox (Francisco Granero) y Cantoria (Pedro María Llamas) por presuntas irregularidades en la concesión de licencias de ocupación. Por continuar en el Levante, el ex primer edil de Garrucha, Andrés Segura está acusado de firmar presuntamente convenios con una empresa que pagó más de 2,5 millones de euros para legalizar 28 viviendas que no lo estaban. Mención aparte merece el culebrón del hotel edificado en la playa de El Algarrobico, a pesar de que aún no se ha imputado a ningún cargo su responsabilidad en la misma.

Los ediles de Lúcar, Sorbas, el ex regidor de Níjar o el ex diputado provincial y concejal de Lubrín Juan López Camacho, también están siendo investigados por su implicación en delitos relacionados con la ordenación territorial de sus respectivas localidades, con lo que la sensación de la generalización en la comisión de delitos es casi total.