Absuelto del director de Noticias de Almería por la querella que le puso el hermano del vicepresidente Chaves

Por unas informaciones sobre el caso Climocubiertas publicadas cuando dirigía el gratuito Diario de Almería
LAEDICION.NET.-Cuatro años después de publicar un información titulada “El hermano de Chaves debe dinero a la Seguridad Social tras recibir obras en Almería” cuando era director del periódico gratuito Diario de Almería (nada que ver con la actual cabecera del grupo Joly), Rafael M. Martos ha sido absuelto de los delitos de injurias y calumnias que le imputaba Antonio José Chaves González, hermano del vicepresidente tercero Manuel Chaves González.

Antonio José Chaves reclamaba una indemnización de 90.000 euros más los intereses correspondientes, así como una multa de 150 euros diarios durante catorce meses, y dos años de prisión. Eso supuso que la juez de instrucción ordenara al periodista ingresar una fianza de 200.000 euros y de 120.000 euros a la empresa editora. Precisamente estas cuantías tan desorbitadas provocaron que la Asociación de la Prensa emitiera una nota criticando la desprotección de los periodistas.

El actual director del periódico digital Noticias de Almería (noticiasdealmeria.com), representado por el letrado Emilio López Gutiérrez, ha recibido sentencia absolutoria por la juez titular del número tres de lo Penal de Almería, Ana Belén Vico Serrano, quien considera que “no se aprecia esta juzgadora que la descripción que se hace una supuesta “deuda a la seguridad Social”, o el hecho de que se recogiera en el periódico que “el hermano de Chaves (Antonio José Chaves, hoy querellante) acumulase deudas con la Seguridad Social tras recibir obras en Almería”, o finalmente, la alusión a que el mismo “se embolsaría casi cinco millones de euros tras recibir adjudicaciones en Berja y Pulpí, haciendo que su empresa cuadruplique su calor en sólo dos años”, o finalmente la referencia a la adjudicación de obras a la empresa de Antonio José Chaves tales como una guardería adjudicada por vía de urgencia y un polideportivo adjudicado por la Consejería de deporte, afirmando que en total por ambas obras, la emrpesa de Antonio José se embolsaría casi dos millones de euros, pueda considerarse incluida en ningún delito tipificado por el Código Penal”.

En ese sentido la juez deja claro que al no existir imputación de delitos en la información que elaboró Martos, no puede existir calumnia alguna. Es más, la magistrada critica el contenido de la querella, al señalar que en la misma “se habla de imputación de un delito de cohecho y de tráfico de influencias, no se concreta cuál o cuáles de los diferentes delitos comprendidos entre los artículos 419 a 431 del Código Penal era el que se pretendía haberse imputado”.

En referencia a las posibles injurias, la firmante de la sentencia, tras analizar esta figura desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión, y apuntar de nuevos los contenidos de la información, indica que “es lo cierto que entiende esta juzgadora que ningún calificativo objetivamente injurioso, vejatorio e insultante se utiliza para referirse al hoy querellante, tratándose únicamente de una serie de informaciones que, independientemente del interés informativo o no que pudieran tener y de la intención política que en ellas pueda subyacer, no pueden extenderse en su contenido al ámbito de la injuria”. Finalmente concreta que “ni siquiera las expresiones contenidas en la controvertida publicación podrían reputarse gravemente injuriosas en el sentido exigido jurisprudencialmente”.

La información fue publicada en Diario de Almería el 13 de julio de 2006, y aportaba nuevos datos sobre el que fue denominado caso Climocubiertas que había destapado el periódico El Mundo-Andalucía. Ese periódico descubrió que el entonces presidente de la Junta de Andalucía y hoy vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, había colocado a su hermano Leonardo como director general de Infraestructuras Deportivas en el organigrama de la administración autonómica. Y precisamente desde esta Dirección se encargaron numerosas obras, muchas de ellas por vía de urgencia y otras directamente por procedimientos directos, a la empresa Climocubierta, en la que figuraba como apoderado el hermano de ambos, Antonio José.

Estas adjudicaciones se produjeron por toda Andalucía, y Martos quiso seguir la posible ramificación en la provincia de Almería, informando de las obras de Berja y Pulpí, y de que la empresa tenía deudas con la Seguridad Social notificadas a la misma poco después de recibir los contratos públicos.

Mientras en Sevilla la querella contra El Mundo fue archivada antes de la apertura de juicio oral, en Almería siguió su curso, hasta la absolución cuatro años después.

El hecho de que el periódico en su momento publicara una carta de Antonio José Chaves, que quiso ejercer su derecho a rectificación, no evitó que la querella fuera interpuesta, y tampoco este hecho ha sido recogido en la sentencia, por lo que no parece tener ningún sentido que los medios de comunicación acepten casi como una obligación -y es que la ley lo recoge como tal- que quienes son objeto de una noticia tengan espacio para responder.