Pancartas y parados

Javier Aureliano García Secretario General del Partido Popular de Almería Creo que resulta ocioso entrar en una guerra de cifras acerca del seguimiento de la reciente huelga general convocada por UGT y CC.OO. Sinceramente, no merece la pena discutir sobre si fueron más o menos ciudadanos los que secundaron la movilización de unos sindicatos que otorgan sin sonrojo más de siete años de paz social en la calle al calamitoso gobierno de Zapatero y no han esperado ni cien días para intentar incendiar la calle contra el Gobierno que acaba de recibir el encargo mayoritario de los españoles de cambiar la situación a la que nos han conducido las políticas erróneas que tanto aplaudieron los mismos que ahora agitan la pancarta. La actitud del Gobierno de Mariano Rajoy ante la movilización ha sido impecable: ha garantizado los derechos de todos los ciudadanos. Tanto de los que quisieron hacer huelga y manifestarse en las calles, como de los que decidieron acudir con normalidad a su trabajo como todos los días o, simplemente, consumir y comprar en los comercios de su localidad. Respetando a los que piensen que la mejor respuesta ante la actual situación es la huelga y la movilización, creo que no podemos perder de vista que por mucho piquete, mucho cierre o mucha pancarta que se ponga en la calle, al minuto de acabar la jornada de huelga general, en España seguía habiendo más de 5,3 millones de personas que no pueden ejercer su derecho al trabajo, sencillamente, porque no lo tienen. ¿Qué respuestas o propuestas tienen los sindicatos para todos estos millones de españoles que a diario se ven obligados a parar? No creo que el siliconazo y la manifestación tengan la más mínima utilidad en estos casos. Evidentemente, los sindicatos tienen derecho a convocar la huelga, del mismo modo que el Gobierno tiene la obligación de gobernar haciendo aquello que cree que es mejor para el interés general. En este sentido, las reformas estructurales que el Gobierno está acometiendo son las que España necesita y Europa ha para acelerar la salida de la crisis, reducir la senda de destrucción de puestos de trabajo y que se vuelva a generar empleo. Los sindicatos no son los enemigos del Gobierno. Los únicos enemigos del ejecutivo que preside Mariano Rajoy son la crisis, el paro y la falta de confianza. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto derrotar. Y para ello, desde las diferentes administraciones, seguimos trabajando para sacar a España de esta situación. Y en esa acción de gobierno, que es entendida y asumida desde la responsabilidad y el sentido común, estamos apostando por el diálogo y por la aplicación de medidas sensatas y razonables que están pensadas especialmente para favorecer la creación de puestos de trabajo en todos los sectores. Se trata de una reforma del empleo que busca consolidar y estabilizar las contrataciones y que da herramientas a empresa y trabajadores para que puedan salir juntos de la crisis, haciendo que el despido sea siempre el último recurso. Desde el Gobierno se ha explicado la reforma con suficiente calma y tranquilidad, aunque en vista de la reacción de los sindicatos da la sensación de que si no hubiera sido por la reforma laboral, habrían buscado otra argumentación para hacer contra el gobierno del PP lo que no hicieron contra los calamitosos gobiernos de Zapatero. Y es que salta a la vista la huelga del pasado jueves tenía más componente político que puramente sindical. Ello debería llevar a los trabajadores afiliados a los sindicatos mayoritarios a plantearse si ése es el mejor papel que pueden jugar estos colectivos o si la necesaria labor de las organizaciones sindicales ha acabado derivando hacia labores que no son sino la correa de transmisión o caja de resonancia de intereses políticos concretos.