Anticorrupción ve ya muy difícil aplicar atenuantes a Iñaki Urdangarin

El duque, que insiste en culpar a los demás y no colaborar, se juega la cárcel si se prueba la evasión fiscal, y los últimos informes revelan que la hubo
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Iñaki Urdangarin, la Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro esperan que se reparta la última carta de la partida del caso Nóos. Es una mano en la que el yerno del rey se juega la cárcel si se confirman las acusaciones de evasión y/o blanqueo de capitales. El naipe que falta tiene forma de pieza secreta en la que se incluyen comisiones rogatorias sobre paraísos fiscales e informes de Hacienda. Pero en realidad, todo es una pose. Al menos en la Fiscalía y la Agencia Tributaria ya saben que la carta que el crupier está a punto de dar al duque, desde luego, no es un as. Porque los informes ya apuntan que, al menos por tres vías diferentes, Urdangarin, primero con su socio y luego por libre, sacó de España centenares de miles de euros.
El marido de Cristina de Borbón tiene desde hace meses muy complicado, no imposible, eludir una condena de menos de dos años de cárcel con la que evitaría entrar en prisión, pues no tiene antecedentes penales.
La aplicación de una atenuante era a ojos del juez y los fiscales el único as que podía guardar Urdangarin durante la declaración en el juzgado para lograr una condena benévola y no pisar la cárcel. Eso sí, para lograr esa escalera de color no servían los faroles, era indispensable que el expresidente del Instituto Nóos se aviniese a colaborar. Que se acogiese a la figura del «arrepentimiento espontáneo» y lo pusiera fácil a las acusaciones para bajar el listón de sus peticiones de pena.
Sin embargo, esa hipótesis se esfumó en febrero, cuando Urdangarin compareció ante Castro. Aquel 25 de febrero, lejos de tirar de la manta, se vistió de tahúr, lo negó todo y culpó de todas las irregularidades a su antiguo socio, Diego Torres.
A estas alturas de la instrucción, afirman en la Fiscalía Anticorrupción, solo podría aplicarse una «leve atenuante», y si hay un golpe de efecto «tremendo», una confesión de último minuto sobre un aspecto de envergadura que permitiera a la justicia dar pasos de gigante en sus pesquisas. Con ese «ínfimo» descuento, al abogado de Urdangarin no le salen las cuentas para sacar airoso a su cliente de esta difícil partida. Y eso que intuye que las cartas van a ser aún mucho peores a cuenta del dinero en el extranjero.
La Fiscalía tiene intención de sentarlo en el banquillo por cuatro delitos, por el momento. A saber: malversación, fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación. Excepto este último, el resto conllevarían cárcel para Urdangarin (entre cuatro y once años). Con ese arco, explican fuentes judiciales, cabe la aplicación de eximentes, sobre todo en la medida en que Urdangarin y Torres accediesen a «reparar el daño causado» o «disminuir sus efectos» poniendo sobre el tapete todas las fichas; esto es, el total del dinero que se llevaron de las Administraciones más, según fija la ley, un tercio de lo malversado.
Pero con la «más que probable» inminente acusación por defraudación fiscal todo se va a complicar, hasta el punto de hacer casi imposible pedir una pena que permita eludir la cárcel. La Fiscalía cree tener indicios de poder probar el fraude a Hacienda desde el 2006 (lo anterior habría prescrito) no ya desde Nóos, que el yerno del rey abandonó en el 2006, sino a través de la fundación de niños discapacitados y de otras empresas.
Delito
Por las informaciones recabadas por Hacienda, la cantidad sustraída al fisco por el tándem Urdangarin-Torres superaría «con creces» los 120.000 euros, importe mínimo para hablar de delito. Y además, recuerdan en la Agencia Tributaria, se dan las dos circunstancias para entender que la defraudación fue agravada: «uso de personas interpuestas para que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario» y «existencia de una estructura organizativa» para ejecutar el fraude.
Con este escenario, la acusación contra el duque podría moverse entre 6 y 16 años de cárcel. Y «eso si no hay cargos por blanqueo», lo que subiría la horquilla a entre 6,5 y 24 años. Para los fiscales, un acuerdo sería como dejar la partida con las cartas ganadoras en la mano. «Demasiadas pruebas de evasión y blanqueo para pensar en atenuantes o pactos y abandonar la partida», insisten en Anticorrupción.