DISCURSO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA

Miguel Fernández Ordóñez
GOBERNADOR
DISCURSO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL BANCO DE ESPAÑA
Sras. y Sres. consejeros:
La presentación del Informe Anual, 2011 tiene lugar en un contexto extremadamente difícil
para Europa en general y para España en particular, caracterizado por la intensidad de la
crisis de la deuda soberana en la zona del euro y por la recaída de la economía española
en la recesión.
El año 2011 se caracterizó por el agravamiento de la crisis de la deuda soberana del área
del euro, que pasó de afectar a unos pocos países en situación de relativa vulnerabilidad
a extenderse a otros con fundamentos económicos más sólidos, adquiriendo de esta
manera un carácter sistémico. Esta recaída de la economía de la UEM no solo significó un
retroceso en la recuperación del área, sino que también fue uno de los principales determinantes
de la interrupción del proceso de reactivación del crecimiento mundial que se
había iniciado un año antes.
Los detonantes de la crisis fueron, por una parte, la insuficiente adaptación de las políticas
económicas nacionales a las exigencias de la pertenencia a una unión monetaria, que se
tradujo en la acumulación de importantes desequilibrios que colocaron a algunas economías
en posición de vulnerabilidad, y, por otra parte, la falta de consenso político a nivel
europeo para abordar las debilidades del diseño institucional del euro, lo que explica en
gran medida la extensión de las tensiones a países con desajustes de menor magnitud.
A lo largo de 2011 y en el período transcurrido de 2012 se han dado pasos positivos. Diversos
países han impulsado ambiciosos programas de ajuste fiscal, han llevado a cabo procesos
de recapitalización y reestructuración de los sistemas bancarios, y han aprobado
reformas estructurales en el mercado de trabajo y en los sectores de servicios. Asimismo,
a escala europea se han reforzado los mecanismos de seguimiento de los límites de endeudamiento,
así como los procedimientos para sancionar su incumplimiento, y se ha promovido
—en el marco del nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza— el reconocimiento
explícito del compromiso de estabilidad presupuestaria en las legislaciones
nacionales. Además, junto a estos avances en el ámbito fiscal, se ha creado un nuevo
marco para la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, denominado
Proce dimiento de Desequilibrio Excesivo, que deberá servir para detectar con anticipación
situaciones de vulnerabilidad y para articular las medidas necesarias para corregirlas.
Asimismo, se ha progresado en la creación de un mecanismo permanente de gestión
de crisis, con el establecimiento de un Mecanismo Europeo de Estabilidad.
En definitiva, se han producido importantes avances, pero con frecuencia estos cambios
han ido, como suele decirse en los mercados, «por detrás de la curva», en la medida en
que su desarrollo se ha producido con excesiva lentitud y han estado sometidos a demasiadas
fricciones, lo que ha alimentado las dudas de los inversores acerca de la capacidad
de los Gobiernos europeos para avanzar de forma consensuada en los asuntos clave para
la gobernanza del área.
En estas condiciones, la acción del BCE ha sido decisiva para preservar la estabilidad del
área. Cuando en la segunda parte de 2011 se reavivaron las tensiones en los mercados de
deuda, el BCE reaccionó con diversas medidas orientadas a confirmar la orientación exBANCO
DE ESPAÑA 4 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL, JUNIO 2012
pansiva de la política monetaria, a restaurar el funcionamiento de su mecanismo de transmisión
y a romper el proceso de retroalimentación entre los riesgos del sistema bancario
y el riesgo soberano. Adicionalmente, se aprobaron importantes medidas de carácter no
convencional, entre las que cabe destacar la ampliación del horizonte de los préstamos de
liquidez hasta un plazo de tres años, en dos subastas especiales celebradas en diciembre
de 2011 y en febrero de 2012.
Las medidas adoptadas en el triple frente de las políticas económicas nacionales, la reforma
de la gobernanza europea y, de forma destacada, la acción del BCE resultaron esenciales
para contener el agravamiento de las tensiones, que podría haber derivado en una
crisis sistémica de consecuencias difíciles de prever. Con todo, estas medidas no suponían
una solución definitiva, sino que simplemente permitieron ganar un tiempo muy valioso
para que los Gobiernos continuaran avanzando en la resolución de los retos pendientes
y para que las medidas adoptadas pudieran comenzar a ofrecer sus frutos.
La resolución definitiva de la crisis soberana en Europa requiere avances importantes en
diversos campos. En el corto plazo, es esencial culminar la reforma en marcha de la gobernanza
y ponerla en práctica, incluyendo la entrada en pleno funcionamiento del Mecanismo
Europeo de Estabilidad. Asimismo, es preciso encontrar un equilibrio adecuado
entre dos objetivos complementarios: la consolidación fiscal y el crecimiento económico.
Por ello es necesario añadir al «paquete fiscal» alcanzado a finales del pasado año un
nuevo «paquete de crecimiento».
Con una perspectiva más de medio plazo, es necesaria una reflexión profunda sobre la
UEM que queremos tener dentro de 10 años. Esta crisis ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades
que pueden emerger en una unión monetaria sin políticas fiscales y financieras
comunes, por lo que merece la pena considerar una mayor cesión de soberanía en
estos ámbitos.
Pasando ya al ámbito nacional, los retos a los que se enfrenta la economía española son
enormes. El episodio más reciente de la crisis de la deuda soberana está teniendo consecuencias
muy severas sobre la confianza de los agentes y sobre las condiciones de financiación
de la economía, lo que la sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad. Tras
encadenar dos trimestres de crecimiento negativo, nuestra economía se encuentra de
nuevo en fase recesiva y las perspectivas de recuperación no son inmediatas. Además, la
prolongada debilidad cíclica impide avanzar más rápidamente en el saneamiento de las
cuentas públicas y en la reducción del endeudamiento del sector privado, y arroja dudas
sobre la capacidad de resistencia del sistema financiero. Esto ha desatado tensiones en
el mercado de deuda y se han puesto en marcha mecanismos perversos de retroalimentación
de las mismas.
Por último, la economía española afronta un severo bloqueo en su capacidad de obtener
financiación exterior. Aunque a corto plazo ello no supone una restricción efectiva sobre
los flujos ordinarios de financiación —dada la posibilidad que tiene el sistema bancario de
acudir a la financiación del BCE—, la prolongación de una situación de este tipo sería
extremadamente perniciosa en el medio plazo.
España se encuentra en esta situación pese a que en los últimos años las autoridades
españolas han desarrollado reformas de calado con el fin de resolver las ineficiencias en
su funcionamiento económico, corregir el grave deterioro de las finanzas públicas y sanear
y reestructurar el sistema financiero, para restaurar los flujos de financiación.
BANCO DE ESPAÑA 5 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL, JUNIO 2012
La resolución de estos problemas está consumiendo más tiempo del previsto, pero eso no
debería llevar a incurrir en fatiga reformista. Es preciso perseverar en las acciones de política
económica ya emprendidas, de manera que se recuperen los niveles de competitividad
necesarios para asegurar un funcionamiento armonioso en la UEM, se restauren los
canales ordinarios de financiación y se culmine la corrección de los desequilibrios acumulados
en estos últimos años, en particular en relación con las finanzas públicas. Estos requisitos
se han de cumplir para que la economía empiece a generar empleo y a crecer.
El ajuste sigue recayendo sobre la demanda interna, en la que repercuten la corrección de
los desequilibrios, los esfuerzos de consolidación fiscal y el endurecimiento de las condiciones
de financiación. El sector exterior continúa amortiguando el impacto del gasto interno
sobre la actividad, como resultado tanto del dinamismo de las exportaciones como
de la atonía de las compras al resto del mundo, pero su contribución es insuficiente para
detener la caída del producto.
En este contexto, durante 2011 y lo que llevamos de este año ha proseguido el proceso de
continuada destrucción de empleo y, debido a las perspectivas inciertas que rodean a la
economía española, no cabe esperar un cambio de tendencia a muy corto plazo. No obstante,
a medida que se vaya superando este episodio, cabe prever que las reformas aprobadas
en el ámbito del mercado de trabajo tengan un impacto positivo sobre la generación
de empleo, contribuyan a adecuar las condiciones laborales a las circunstancias específicas
de las empresas y faciliten una reasignación más eficiente de los recursos productivos,
lo que, en último término, debería determinar un aumento de los niveles de productividad.
La debilidad cíclica y el adverso comportamiento del mercado laboral no se han trasladado
suficientemente al mecanismo de formación de costes y precios, que sigue mostrando
inercias importantes. El ajuste de los costes laborales por unidad de producto se está
consiguiendo primordialmente gracias a las elevadas ganancias de productividad que genera
la destrucción de empleo, mientras que la moderación de la inflación ha corregido en
menor medida el diferencial acumulado durante la etapa expansiva.
Este comportamiento pone de manifiesto el lento e imperfecto funcionamiento del canal
de la competitividad, que en principio debería generar una contención de los precios y los
costes en aquellas economías que acumulan mayores desajustes externos. De hecho, el
logro de mejoras permanentes en la competitividad requiere ajustes de costes y precios
de mayor entidad y ganancias de productividad asociadas a mejoras genuinas de eficiencia
productiva.
No obstante, desde el año 2007 el déficit exterior de la economía española se ha corregido
sustancialmente, pasando de un 10 % del PIB en 2007 a un 3,4 % del PIB en 2011. Esta
reducción del déficit se ha fundamentado en el dinamismo de las exportaciones y en la
debilidad de las importaciones, en consonancia con la debilidad de la demanda interna. A
pesar de ello, existen algunos elementos que condicionan la culminación de este proceso
de ajuste, como son el saldo deficitario de la balanza energética y la elevada magnitud del
componente de pagos por rentas de inversión, con un saldo negativo equivalente al 2,7 %
del PIB en 2011, que está muy relacionado con el elevado nivel que ha alcanzado la Posición
de Inversión Internacional. Todo ello acentúa la importancia de aquellas reformas que
contribuyan a la corrección del déficit mediante el impulso de las ganancias de competitividad
sostenibles en el medio y largo plazo. La corrección de este desequilibrio es especialmente
urgente en la medida en que la dependencia del ahorro externo se ha constituido
en un importante factor de vulnerabilidad de la economía española durante la crisis.
BANCO DE ESPAÑA 6 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL, JUNIO 2012
El aumento de la dependencia de la financiación exterior en el período previo a la crisis es
la consecuencia de la elevada acumulación de deuda por parte de las empresas y las familias,
que provocó también un sobredimensionamiento de nuestro sistema bancario. La
necesidad de corregir estos desequilibrios supone una dificultad añadida para la recuperación
de la economía, dado que limita los márgenes disponibles para incrementar la inversión
y el consumo recurriendo a la financiación ajena.
También es crucial continuar con la reestructuración del sistema bancario, de manera que
cuando se recupere la demanda solvente pueda contar con un flujo normal de financiación,
que, tanto en nuestro país como en el resto de la Europa continental, se canaliza fundamentalmente
a través de entidades de crédito. No obstante, debe tenerse en cuenta que
empresas y familias tienen todavía que llevar a cabo un proceso relativamente dilatado de
reducción de sus niveles de endeudamiento, por lo que, en el corto plazo, la recuperación
del crecimiento no podrá apoyarse en el crédito tal como sucedió en el pasado.
En esta línea, durante el año 2011 el crédito al sector privado no financiero se redujo en
torno a un 4 %, aunque se observaron diferencias sectoriales relevantes. En el caso de los
hogares, el ritmo del desendeudamiento ha sido algo más lento, mientras que, en el caso
de las empresas, la reducción del crédito fue más acusada en aquellos sectores, como la
construcción y la promoción inmobiliaria, que se habían sobredimensionado en mayor
medida antes de la crisis. En cambio, la necesidad de ajuste es menor en aquellas empresas
de gran tamaño cuyo crecimiento se ha basado en buena medida en un aumento de
la diversificación geográfica.
Todos los elementos a los que acabo de referirme condicionarán la pauta de salida de la
recesión. La necesidad de reducir los niveles de endeudamiento y las exigencias de consolidación
fiscal seguirán limitando las posibilidades de expansión del gasto interno, por
lo que la recuperación deberá bascular en torno a la demanda exterior neta. Simultáneamente,
es preciso empezar a revertir la dinámica del endeudamiento externo, lo que requiere
seguir avanzando en el logro de una posición más equilibrada en nuestros intercambios
con el exterior, superando los obstáculos que suponen el elevado componente
de rentas de inversión y la dependencia de las importaciones energéticas.
Por ello, la recuperación de la competitividad juega un papel determinante para que la
demanda externa supla la falta de soporte de la demanda interna y para estimular el crecimiento
por el lado de la oferta, que en las circunstancias actuales constituye la única vía
disponible.
Para superar la crisis es necesaria una política económica con una orientación de medio
plazo, que permita culminar la corrección de los desequilibrios macroeconómicos que aún
persisten, avanzar en el saneamiento de todos los sectores y abordar las reformas estructurales
pendientes.
La consolidación fiscal es ineludible para restaurar el crecimiento a medio plazo, a pesar
de que la magnitud y la pauta temporal del ajuste exigido tengan efectos negativos a corto
plazo. Es la única estrategia disponible para recuperar la confianza de los mercados. El
cumplimiento de los objetivos fijados requiere una ejecución rigurosa de los presupuestos,
a la que deben contribuir todas las Administraciones Públicas. A este fin debería
servir el fortalecimiento del marco presupuestario que comporta la reciente Ley de Estabilidad
Presupuestaria, que establece límites explícitos a los niveles de déficit y endeudamiento,
en línea con las exigencias a nivel europeo, e incluye requisitos de información
BANCO DE ESPAÑA 7 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL, JUNIO 2012
más estrictos y nuevos mecanismos coercitivos para asegurar el cumplimiento de los
objetivos fiscales por todos los niveles de gobierno.
Asimismo, la estrategia de consolidación de las cuentas públicas debe tener en cuenta
también las consideraciones de medio y largo plazo que afectan a las finanzas públicas,
en particular las asociadas al envejecimiento de la población, como son el gasto en pensiones
y en sanidad.
Por último, cabe destacar que la debilidad del mercado laboral y del crecimiento han sido
los principales factores que han determinado el limitado avance en la corrección del déficit
público en 2011. Sin una recuperación del empleo y del crecimiento a largo plazo será
más costoso avanzar en la consolidación fiscal, por lo que es prioritario impulsar las reformas
estructurales. Entre ellas, es prioritaria la de avanzar al máximo en la denominada
flexiguridad, que debería complementarse con un nuevo impulso a la liberalización de los
mercados de bienes y servicios que favorezca la competencia, la formación en nuevas
tecnologías, la innovación y la mejora del capital humano.
Otra de las principales prioridades de la política económica debe ser continuar con el proceso
de saneamiento, recapitalización y reestructuración del sistema bancario español.
Desde el año 2009, las medidas en este terreno han respondido a un conjunto de principios
comunes a todas ellas, si bien los cambios en las condiciones económicas y de los mercados
han obligado a los Gobiernos a irlos modulando. Entre estos principios cabe destacar
el de limitar en lo posible el uso del dinero público y reducir al mínimo el tiempo de presencia
del Estado en las entidades; el impulso de procesos de integración y reestructuración
para contrarrestar la excesiva fragmentación y el sobredimensionamiento del sector; el fomento
del saneamiento de los balances para hacer frente al deterioro de la calidad de los
activos; el reforzamiento de la solvencia de las entidades; la resolución de las debilidades
estructurales del modelo de la cajas de ahorros, y el fomento de la transparencia.
Entre las medidas adoptadas en el año 2011 al que se refiere el Informe que presento hoy,
cabe destacar la aprobación en febrero del Real Decreto Ley 2/2011, de reforzamiento del
sistema financiero. Esta norma supuso la elevación de las exigencias de capital principal al
8 % con carácter general, y hasta el 10 % para las entidades no cotizadas y con una elevada
dependencia de la financiación mayorista, que eran las que concentraban las principales
dudas. Para garantizar que todas las entidades podían cumplir con estos requerimientos,
se decidió que el FROB actuara como un mecanismo de salvaguarda o backstop.
Además, el RDL instituyó la obligación de operar mediante bancos para aquellas entidades
que requirieran apoyo público, con el objetivo de reforzar su capacidad de obtención de
fondos, así como la transparencia hacia los inversores. Estas medidas —junto con la reforma
de las pensiones— contribuyeron de forma muy positiva a la relajación de las tensiones en
los mercados que se observó en la primera mitad del año 2011, llegando a reducirse la
prima de riesgo en algún momento por debajo de los 200 puntos básicos.
Tras la aprobación del RDL, las entidades y las autoridades concentraron sus esfuerzos en
asegurar su cumplimiento, así como en el desarrollo de los procesos de integración entre
entidades y en la implantación de los cambios en el modelo societario derivados de las
modificaciones en la regulación de las cajas de ahorros. Los requisitos fijados en el RDL
obligaron a 13 entidades a aumentar su capital por un importe de más de 13.000 millones
de euros, por lo que en la segunda prueba de resistencia realizada por la Autoridad Bancaria
Europea no precisaron aumentos de capital complementarios. Sin embargo, el recrudecimiento
y la generalización de la crisis en el verano de 2011 llevaron a las autoridades
BANCO DE ESPAÑA 8 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL, JUNIO 2012
comunitarias a exigir a las entidades de mayor tamaño un aumento temporal de los requerimientos
de capital y la creación de un colchón transitorio extraordinario asociado a las
pérdidas potenciales en la cartera de deuda soberana. Estos nuevos requisitos se aplicaron
a las cinco mayores entidades españolas, para las cuales se calcularon unas necesidades
de capital adicionales de algo más de 26.000 millones de euros.
Todos estos desarrollos permitieron lograr avances significativos en el proceso de saneamiento
y reestructuración del sistema bancario español. Así, desde el inicio de la crisis
hasta principios de este año se constituyeron provisiones de una magnitud en torno al
13 % del PIB, las entidades reforzaron su solvencia aumentando significativamente su
capital, la gran mayoría de las cajas de ahorros acometieron su transformación en bancos
y desaparecieron en torno a 30 entidades, cuya gestión quedó, en la mayoría de los casos,
en manos de otras más sólidas y eficientes. En lo relativo a la capacidad instalada en
el sector y a la escala de las entidades, hasta diciembre de 2011 el número de empleados
y de oficinas se redujo alrededor del 12 %, situándose en cifras similares a las que existían
a finales de 2004, y el tamaño medio de las entidades medido por su activo se multiplicó
por dos.
Sin embargo, estos progresos no fueron suficientes para recuperar la confianza de los
inversores en la solidez de nuestro sistema bancario, porque, dada la recaída en una doble
recesión, la insuficiente reducción del déficit público y la continuación de los efectos de la
crisis de la deuda soberana, persistieron las dudas acerca de la calidad de los activos
relacionados con la construcción y la promoción inmobiliaria.
Para tratar de eliminar esta fuente de incertidumbre, en la primera parte de este año se
adoptaron diversas medidas que ahondan en los principios que han venido gobernando el
proceso de reestructuración del sistema financiero, como son la aceleración del saneamiento
de los balances, el reforzamiento de su solvencia, el impulso de los procesos de
integración y el fomento de la transparencia. El RDL 2/2012 aprobado en febrero estableció
un incremento de las provisiones para los activos relacionados con la construcción y
la promoción inmobiliaria, así como la creación de un colchón de capital para cubrir posibles
pérdidas derivadas de los activos problemáticos asociados al suelo y a las promociones
en curso. Más recientemente, en mayo de 2012, el Gobierno aprobó el RDL 18/2012,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, con el objetivo
de disipar las dudas en relación con la calidad de la cartera inmobiliaria no dudosa de
las entidades de crédito españolas. Para ello, se han elevado sustancialmente las provisiones
para los activos relacionados con la construcción y la promoción inmobiliaria clasificados
como no problemáticos, adelantando el impacto de potenciales deterioros adicionales
en esta cartera. Las entidades que experimenten un déficit de capital como
consecuencia de estas nuevas exigencias deberán reforzar su capital, pudiendo recurrir al
apoyo financiero del FROB en caso de que sea necesario.
En conjunto, los saneamientos y el aumento del capital derivados de los dos reales decretos
ley aprobados este año supondrán una considerable ampliación del colchón del
sistema bancario frente a potenciales pérdidas. De hecho, cuando estas medidas se
hayan implementado completamente, las provisiones constituidas por el sector bancario
español desde inicios de 2008 ascenderán a una cifra cercana al 19 % del PIB. Adicionalmente,
se ha introducido la obligación de transferir los activos inmobiliarios problemáticos
adjudicados a sociedades de gestión de activos y se ha puesto en marcha un programa
de evaluación de toda la cartera de activos crediticios del sector bancario
realizado por empresas privadas.
BANCO DE ESPAÑA 9 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL, JUNIO 2012
Terminaré mi intervención dedicando algunas reflexiones a dos cuestiones que considero
muy relevantes: la recuperación de la confianza y la trascendencia de contar con organismos
reguladores independientes.
En la difícil situación por la que atraviesa la economía española, la variable más crítica no
es, por grave que sea su evolución reciente, ni el crecimiento ni el paro, sino el deterioro
de la confianza. El objetivo prioritario de las actuaciones de todas las autoridades debe
ser la recuperación de la confianza perdida, pues sin ella no será posible reemprender el
crecimiento y la creación de empleo. El bajo nivel de confianza al que hemos llegado en
los últimos meses y semanas hace que la resolución de los problemas fiscales y financieros
en España se haya vuelto más difícil y costosa.
El impacto potencial sobre la confianza debe ser, por tanto, un criterio de primer orden de
cualquier acción de las autoridades, de los representantes políticos y de los agentes económicos.
En este sentido, se debería desplegar un esfuerzo particular para explicar todas
las decisiones adoptadas por los diferentes Gobiernos de España que han sido bien recibidas
y valoradas por los mercados, como las reformas estructurales, la reforma de pensiones
o la reciente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, entre otras. Igualmente, será
necesario acometer un esfuerzo común, en interés de todos los sectores de la economía
española, de divulgación y profundización de las medidas adicionales que deban adoptarse
próximamente para afrontar la crisis. No hay otra tarea más importante y urgente en el
corto plazo que la de recuperar la confianza perdida, y para ello es imprescindible un trabajo
conjunto de todos los responsables políticos, económicos y sociales y de todas las instituciones
con responsabilidad en la definición y aplicación de las políticas económicas.
Un determinante fundamental de la confianza es la credibilidad de las instituciones reguladoras
y supervisoras, basada en su capacidad para ejercer sus importantes funciones
con criterios de profesionalidad e independencia. Si este es siempre un elemento esencial
de la reputación económica de un país, lo es más cuando la confianza está en entredicho
y la recuperación del crecimiento depende de la financiación externa de su economía.
De la misma forma que en su famoso libro Adam Smith observó que la riqueza de las naciones
estaba entonces muy relacionada con el nivel de apertura de su comercio, hoy podemos
constatar que los países más ricos y con mayor solidez democrática del mundo son los que
cuentan con organismos reguladores y supervisores competentes e independientes que suponen
un contrapeso a las posibles tentaciones intervencionistas de los Gobiernos.
En la comunidad internacional hoy se acepta que los Gobiernos tienen tareas muy importantes
en el campo financiero, como diseñar las estrategias de reestructuración, determinar
los instrumentos de resolución, decidir el uso de los recursos públicos, etc. Pero
también hay un amplio acuerdo en que su ejecución sea realizada por reguladores y supervisores
independientes.
Al asignar la tarea reguladora y supervisora a instituciones independientes que actúen con
criterios técnicos sólidos se aleja el peligro de que las decisiones estén sometidas a la
influencia de los vaivenes políticos o de los grupos de interés. También hay razones de
capacidad técnica. Los supervisores independientes y profesionales disponen del tiempo
y de los medios para acumular unos conocimientos enormemente ricos, que, dadas las
especiales características de la actividad financiera, resultan esenciales para abordar los
problemas en este sector, minimizando al mismo tiempo los errores y los efectos colaterales
indeseados.
BANCO DE ESPAÑA 10 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL, JUNIO 2012
Contar con instituciones reguladoras y supervisoras independientes no garantiza en absoluto
que estas no se equivoquen. Pero con ellas se consigue que las decisiones no estén
teñidas de motivaciones políticas coyunturales. Yo no puedo decir que el Banco de España,
en su tarea de supervisión, no haya podido equivocarse en ocasiones, pero sí puedo
asegurar que las decisiones del Banco de España han estado siempre basadas en criterios
exclusivamente profesionales.
Este es un aspecto importante de la independencia. La independencia no es algo con lo
que se nazca, no es una etiqueta que se otorgue por alguien, la independencia se demuestra,
la independencia se ejerce o no se ejerce. Nadie es independiente por lo que es, sino
por lo que hace. Pero otro aspecto importante para garantizar la independencia de estas
instituciones es el de evitar que los Gobiernos o grupos de interés puedan afectar a la
misma. En el caso concreto del Banco de España, el respeto por parte de las autoridades
a su independencia y reputación es un elemento crucial para mantener la confianza interna
y externa en nuestro sistema bancario y para superar los grandes retos a los que nos
enfrentamos en estos momentos.
Lógicamente, este respeto a la independencia de los entes reguladores y supervisores
debe ir acompañado inexcusablemente de una obligación por parte de los mismos de rendir
cuentas ante el Parlamento del desempeño de sus funciones. Y esta rendición de cuentas
ante los representantes de la nación no debería ser solo una obligación de estos entes, sino
también un derecho, ya que la transparencia que proporciona el Parlamento es una ayuda
inestimable para salvaguardar la independencia de la institución de las posibles interferencias
de las autoridades y grupos de interés.
Señor subgobernador, señores consejeros y directores generales, quiero agradecerles a
ustedes y a todo el personal del Banco su colaboración durante estos seis años y expresarles
mi profundo reconocimiento a la competencia y entrega con la que desempeñan la
importante responsabilidad que tienen asignada.
Pero deseo finalizar con un agradecimiento especial a quienes han participado en la tarea
supervisora del Banco de España estos años. Han sido muy importantes las actuaciones
de las direcciones de Supervisión, Regulación y del Servicio Jurídico con las entidades
más vulnerables, como, por ejemplo, apartar a la mayoría de los gestores de 30 entidades
de crédito, transformar las cajas de ahorros en bancos o evaluar numerosos planes de
saneamiento y recapitalización, cumpliendo en todo momento con el encargo de los
distintos Gobiernos de minimizar el recurso al contribuyente. Y cabe destacar también
que la imagen (medida por sus ratings) de nuestros grandes bancos se ha mantenido
sistemáticamente por encima de la de los 23 mayores bancos del mundo durante toda la
crisis, hasta que, en las últimas semanas, se ha entrado en una espiral de caídas de las
calificaciones y se han extendido las dudas sobre la totalidad de nuestro sistema bancario.
Pero no es momento para el desánimo. Seguro que, cuando el tiempo coloque a cada
uno en su sitio, su trabajo durante estos años de crisis será reconocido y justamente
valorado por todos.
Muchas gracias.