El fiscal denuncia a dos funcionarios de Granada por espiar las nóminas
Se hicieron con los certificados digitales de cargos públicos
del Ayuntamiento, entre ellos el alcalde La investigación sigue abierta
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La
Fiscalía de Granada acaba de presentar en los juzgados una querella contra dos
funcionarios municipales por, presuntamente, haber espiado las nóminas y
retenciones de IRPF del alcalde y de otros cargos locales, una acción que los
denunciados afirman haber realizado sólo para poner en evidencia "los
problemas de seguridad que tenía la base de datos documental del Consistorio".
Sin embargo, en la querella de la Fiscalía, que firma el fiscal delegado del Servicio de Criminalidad Informática, Francisco Hernández, se atribuye a ambos trabajadores, ya cesados en sus cargos, dos posibles actos ilícitos. En concreto, se les imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y otro de la misma naturaleza pero en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información, "al ostentar los querellados la función de encargados de los ficheros y sistemas accedidos".
Aunque la querella está dirigida expresamente contra los dos referidos funcionarios, J.A.S.R. y E.P.F., el Ministerio Público comunica al juzgado que también actuará contra "cualesquiera otras personas que resulten identificadas en el curso de la instrucción -del caso- como coautoras o cómplices de las anteriores".
El fiscal explica que a mediados de 2011 se produjo una reorganización administrativa del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento, siendo cesado como director técnico el querellado J.A.S.R., que a partir de ese momento quedaba adscrito al director técnico recién nombrado. Por su parte, el querellado E.P.F. fue igualmente cesado como subdirector de Soporte, pasando al puesto de jefe de servicio de la Subdirección de Desarrollo y Soporte del CPD, en atención a la fusión de dos departamentos en este nuevo y las funciones por él desarrolladas. El cese de este último se produjo, según las fuentes consultadas, en julio de 2012, un mes después del incidente de seguridad.
El fiscal afirma que "los querellados mostraron su desacuerdo con estas decisiones tanto de manera oficial como en comentarios y manifestaciones propias relativas a sus nuevos puestos".
Sin embargo, en la querella de la Fiscalía, que firma el fiscal delegado del Servicio de Criminalidad Informática, Francisco Hernández, se atribuye a ambos trabajadores, ya cesados en sus cargos, dos posibles actos ilícitos. En concreto, se les imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y otro de la misma naturaleza pero en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información, "al ostentar los querellados la función de encargados de los ficheros y sistemas accedidos".
Aunque la querella está dirigida expresamente contra los dos referidos funcionarios, J.A.S.R. y E.P.F., el Ministerio Público comunica al juzgado que también actuará contra "cualesquiera otras personas que resulten identificadas en el curso de la instrucción -del caso- como coautoras o cómplices de las anteriores".
El fiscal explica que a mediados de 2011 se produjo una reorganización administrativa del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento, siendo cesado como director técnico el querellado J.A.S.R., que a partir de ese momento quedaba adscrito al director técnico recién nombrado. Por su parte, el querellado E.P.F. fue igualmente cesado como subdirector de Soporte, pasando al puesto de jefe de servicio de la Subdirección de Desarrollo y Soporte del CPD, en atención a la fusión de dos departamentos en este nuevo y las funciones por él desarrolladas. El cese de este último se produjo, según las fuentes consultadas, en julio de 2012, un mes después del incidente de seguridad.
El fiscal afirma que "los querellados mostraron su desacuerdo con estas decisiones tanto de manera oficial como en comentarios y manifestaciones propias relativas a sus nuevos puestos".
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