Los Goya, críticos con la crisis Los convenios y la responsabilidad

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La gala de los Goya ha mantenido un equilibrio entre la intrínseca lectura crítica del mundo de la cultura y el espíritu festivo de la entrega más preciada de premios a los profesionales de la cinematografía española. Este sector, sometido como los otros, al envite de los recortes podía celebrar en esta ocasión el mejor año en décadas en lo económico y lo artístico, con producciones supertaquilleras y un público entregado a al cine hecho en casa.
Pero es cierto que el mundo de la cultura y del espectáculo ha mantenido en todo momento una actitud fiscalizadora respecto al poder establecido por cuanto la reflexión y el cuestionamiento de la realidad forman parte, indefectiblemente, de su código genético. El no a la guerra de la gala de los Goya del 2003 transformó la crítica en un brecha entre los profesionales del espectáculo y la derecha política, encarnada en el PP. Aunque las circunstancias negativas de ahora son de carácter económico, el colectivo ha vuelto a mobilizarse para denunciar las dificultades propias de la industria cinematográfia y cultural, como el recorte a las ayudas y la subida del IVA hasta el 21%, o la galopante crisis y los casos de corrupción. Más de dos horas de televisión en prime time constituía, sin duda, un altavoz de primera magnitud para las quejas del sector.
Los convenios colectivos, en los que se recogen las mejoras de las plantillas en las negociaciones con las empresas, son el reflejo del proceso inverso. La situación económica, con un paro del 26%, y el marco legal de los despidos que dibuja la reforma laboral crean las condiciones para esa marcha atrás. En los últimos días hemos asistido a la firma de acuerdos con unos contenidos imposibles hace apenas unos años. Los grandes sindicatos, aunque no firman algunos de ellos, suscriben la mayoría porque saben que no hay vuelta de hoja, ante la amenaza de deslocalización. En esas condiciones no es de extrañar que en convenios como el de los grandes almacenes, que afectan a 230.000 personas, las partes han pactado congelación salarial hasta el 2016, lo que puede suponer un recorte del 10% en total, más un aumento de 26 horas anuales no retribuidas. El pacto no cuenta con la rúbrica de CCOO y UGT.
Los nuevos convenios constatan la pérdida consciente de poder adquisitivo de los trabajadores a favor de la competitividad de sus empresas con la esperanza de que esta devaluación posicione bien a la economía para cuando se inicie la salida del túnel. Un ejercicio de responsabilidad en estos tiempos de escándalos que debería servir de ejemplo.