jueves, 28 de febrero de 2013

Los imputados en un fraude masivo en ayudas pactan con el fiscal



LAEDICION.NET.-Medio centenar de acusados reconocen su participación en los hechos y aceptan entre 9 meses y tres años de cárcel Con un beneficioso pacto empezó y terminó ayer, en el edificio central de la Caleta, el juicio a 50 granadinos acusados de participar en un importante fraude de subvenciones llevado a cabo entre 2007 y 2009. Casi todos aceptaron nueve meses de prisión como autores de un delito contra el sistema de la Seguridad Social, después de que las partes llegaran a un acuerdo antes de la celebración de la vista, que comenzó hora y media después de lo previsto.

Fue la representante de la Fiscalía quien, una vez estuvo colocado todo el mundo en su sitio -hubo que habilitar el salón de plenos de la antigua Diputación Provincial debido al elevado número de encausados y letrados de la causa-, detalló al tribunal los detalles del pacto alcanzado, que además de rebajar considerablemente las penas a todos los imputados ha evitado otros 23 días de enjuiciamiento.

La fiscal explicó que modificaba sus conclusiones provisionales de modo que, en primer lugar, retiraba la acusación contra dos de los acusados: Miguel B. R. y Carmelo S. Z., un chatarrero y un toxicómano que figuraban como administradores de dos empresas a través de las que se cometió el fraude. La Fiscalía concluyó que ninguno de ellos tuvo participación en los hechos y ambos quedaron absueltos en el acto. En segundo lugar, pidió tres años de prisión para el principal responsable de la trama, Emilio S. R., así como dos años de cárcel para su esposa, su hermana, su madre, su cuñada y otras dos mujeres. En tercer y último lugar, rebajó de tres años a nueve meses la pena privativa de libertad que solicitaba para los 41 procesados restantes, que son los trabajadores que fueron contratados de forma supuestamente fraudulenta. Se da la circunstancia de que, además, a dos de ellos sólo se les impondrán tres meses de cárcel, al considerar como atenuante el hecho de que hayan devuelto las cantidades que cobraron indebidamente.

Las otras dos acusaciones que hay en la causa (Abogacía del Estado y Tesorería de la Seguridad Social) se adhirieron a esta nueva calificación de los hechos, al igual que las defensas de todos y cada uno de los acusados, que mostraron su conformidad con los cambios introducidos. De este modo, el reparto de penas que se plasmará en la sentencia -que se notificará a los acusados entre los días 11 y 15 de marzo en la Audiencia- será de una condena de tres años de prisión, seis de dos años, 39 de nueve meses y dos de tres meses. Con estos castigos, si ninguno de los condenados tiene antecedentes penales, sólo el principal responsable de la trama entraría en prisión, al ser las penas impuestas iguales o inferiores a 2 años, y mostrarse además la Fiscalía de acuerdo con que se les conceda la suspensión de la ejecución de las condenas -o su sustitución- si así lo solicitaran sus defensas.

Para la Fiscalía hubo finalmente dos delitos de fraude de subvenciones en este caso, que no tiene que ver con el macrofraude destapado con la operación Genil, investigado por el Juzgado de Instrucción 9 y sin fecha aún de juicio.

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