Rubalcaba propone que las empresas no puedan dar dinero a los partidos

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto para prevenir la corrupción que las empresas no puedan dar dinero a los partidos políticos y que las implicadas en casos de financiación irregular no puedan contratar con la administración.
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Este domingo, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto que las empresas no puedan dar dinero a los partidos políticos y que las implicadas en casos de financiación irregular no puedan contratar con la administración para evitar casos de corrupción. Rubalcaba también ha propuesto crear una unidad de asuntos internos del Estado compuesta por "hombres de negro incorruptibles" que puedan entrar por sorpresa en los despachos de los cargos públicos y que la Audiencia Nacional sea la competente para investigar los casos de corrupción.
El líder del PSOE ha expuesto estas medidas en su intervención en la clausura del Congreso del PSE en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En opinión de Rubalcaba, urgen poner en marca actuaciones como éstas al alertar de que "la mezcla de corrupción y crisis es mortal para el sistema democrático".
El PSOE ha propuesto prohibir las donaciones de empresas a los partidos para evitar "sospechas", la creación de una Oficina Anticorrupción, la competencia de la Audiencia Nacional en estos casos, e inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción para contratar con la administración. Fuentes del PSOE han detallado a Efe las cuatro medidas anunciadas en Bilbao por Rubalcaba para luchar contra la corrupción.
Las fuentes han explicado que la prohibición de que personas jurídicas puedan hacer donaciones a los partidos políticos eliminaría las "sospechas" y los "recelos" que estas ayudas despiertan en los ciudadanos. Recuerdan que las donaciones por parte de personas individuales pueden responder a una identificación ideológica, pero no así las donaciones de las empresas, que responden a intereses. Por ello, el PSOE considera que su prohibición dejaría "negro sobre blanco" la financiación de los partidos y permitiría deducir que todo gasto que exceda la financiación pública o individual acreditada responde a una financiación ilegal.
Otra de las propuestas anunciadas hoy por Rubalcaba es que las empresas que aparezcan implicadas en casos de corrupción política sean inhabilitadas para contratar con cualquier administración, organismo o empresa pública por el tiempo que dure la condena de los responsables.
Se trata, según el PSOE, de una medida destinada a desalentar a las empresas tentadas de estos comportamientos, ante el riesgo de ser vetadas de las contrataciones públicas en todo el territorio nacional y respecto de todas las administraciones, ya sea central, autonómica o local.
Por su parte, la Oficina Anticorrupción que proponen los socialistas debería tener capacidad de actuación directa en todo el sector público del Estado y también en las Administraciones Locales y gozaría de autonomía funcional, aunque dependería orgánicamente de la Vicepresidencia del Gobierno. La Oficina, que dispondría de un personal cualificado suficiente, llevaría a cabo sus actividades de acuerdo con un plan anual que incluiría actuaciones programadas, aleatorias y derivadas de denuncias previas.
Podría relacionarse directamente con la Fiscalía, con la Agencia Tributaria o con la Oficina de Conflictos de Intereses, y tendría competencias en todas las Comunidades Autónomas tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración.
La última de la propuestas avanzadas por Rubalcaba es el traspaso a la Audiencia Nacional de la competencia para investigar y enjuiciar todos los delitos relacionados con la corrupción política. Se trata de delitos como la prevaricación, el cohecho, la apropiación indebida, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias o los delitos urbanísticos, cometidos por cargos públicos en cualquier punto del territorio nacional.
A juicio del PSOE, las tramas de corrupción pueden actuar de forma simultánea en varios puntos de España y ante distintas administraciones públicas, lo que origina una "fragmentación artificial" de las actuaciones judiciales que, en ocasiones, llega a impedir el conocimiento real de los "complejos circuitos" de la corrupción.
Además, según los socialistas, los jueces pueden verse presionados por el entorno social y geográfico que, aunque no es capaz de violar su independencia, sí puede trasladar la sensación de que los implicados pueden eludir sus responsabilidades.
Las fuentes consultadas destacan que la Audiencia Nacional se ha especializado en la instrucción y juicio de delitos de alto contenido económico y goza de una "justificada fama de independencia y libertad de actuación". La competencia de la Audiencia Nacional permitiría además, según el PSOE, el establecimiento de doctrina unánime con la que enjuiciar todos los casos que se resuelvan ante ella, de forma que no se produzcan resoluciones divergentes para supuestos que los ciudadanos estiman idénticos.