El Congreso pide al Gobierno que reforme el acceso a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial

Tras una sentencia del TJUE que declara la norma discriminatoria

LAEDICION.NET.-La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a reformar la normativa sobre acceso a la pensión de jubilación para los trabajadores a tiempo parcial mediante la negociación con los agentes sociales y, posteriormente, en el Pacto de Toledo y teniendo siempre en cuenta la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado mes de noviembre una sentencia declarando la regulación del cálculo de la pensión para contratos a tiempo parcial contraria a la directiva de igualdad de género, dado que al calcularse la prestación por jubilación en función de las horas trabajadas traducidas, según una fórmula, a días es muy difícil poder acceder efectivamente a una pensión. La alegación de discriminación por sexo se debe a que la mayor parte de los contratos a tiempo parcial se hacen a mujeres.
El caso llegó al TJUE a raíz de la denuncia de una mujer que, tras cotizar 18 años por un trabajo de cuatro horas semanales no consiguió pensión por el método de cálculo. Según el Tribunal, la mujer afectada habría tenido que trabajar durante cien años para alcanzar el tiempo mínimo requerido para acceder a la pensión.
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Así las cosas, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y CiU han presentado sendas proposiciones no de ley ante la Comisión de Empleo del Congreso para instar al Gobierno a reformar la legislación en materia de Seguridad Social aplicable a los trabajadores con contratos a tiempo parcial.
El PP, por su parte, ha propuesto una enmienda transaccional, en la que se emplaza al Ejecutivo a "continuar y concluir con la mayor celeridad posible el diálogo abierto con los interlocutores sociales, y después en el Pacto de Toledo, para acordar las modificaciones de las condiciones de acceso a las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial".
El objetivo es "poner fin a la discriminación que sufren (estos trabajadores) y evitar así que la normativa española relativa a esta cuestión sea contraria a la directiva europea de Igualdad Trato en Seguridad Social, de acuerdo con las consideraciones que ha formulado el TJUE el 22 de noviembre de 2012, de forma que sea compatible con la sostenibilidad del sistema".
"SIN PAUSAS Y CON PRISA"
Según ha señalado la portavoz 'popular' en la materia, Carmen Álvarez-Arenas, la coincidencia sobre este asunto es "clara", aunque el PP discrepa de las propuestas concretas de modificación que plantean algunos grupos, como IU-ICV-CHA, porque el ámbito de propuesta de cambios debe ser, primero, la negociación con los agentes sociales y, luego, el Pacto de Toledo. "Hay que trabajar con responsabilidad. Queremos impulsar el trabajo en esta materia, sin pausa y con prisa", ha apostillado.
Por eso ha rechazado incluir en la iniciativa una previsión explícita sobre por dónde deberían ir las modificaciones normativas, y ha señalado que esta revisión debe hacerse en el marco del "debate ya abierto sobre la reforma de las pensiones". "Hay que intentar que todo cuadre, es complicado y debemos dejar trabajar a quien tiene que hacerlo", ha zanjado, recordando que cualquier cambio en esta materia "tendrá implicaciones para los derechos ya adquiridos en otras circunstancias" y, por tanto, en los complementos a mínimos.
DOBLE PENALIZACIÓN
El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha lamentado que el contrato parcial español suponga una "doble penalización", ya que tienen menos base de cotización y además sufren un cómputo que "impide prácticamente que puedan acceder en condiciones de normalidad a una pensión de jubilación". "Por tanto, urge la trasposición de esa interpretación a la legislación española", ha exigido.
Tras alertar que este tema afecta a "muchos colectivos, cada vez más jóvenes pero especialmente a las mujeres", el diputado catalán ha lamentado que el modelo de contratación parcial es "perverso" y además se recurre a él porque no existe otra opción. Por eso, cree que "urge resolver" una situación que "traslada la discriminación de género del ámbito laboral al ámbito de la Seguridad Social".
"Ahora no tenemos excusa. Espero que podamos llegar a un acuerdo, pero no puede ser un brindis al sol. Que se adapte la legislación a la directiva europea no es suficiente, eso ya es una obligación del Gobierno. Deberíamos concretar un poco más", ha señalado Coscubiela.
DISCRIMINACIÓN PATENTE
Su homólogo en UPyD, Álvaro Anchuelo, ha exigido que se cumpla la sentencia del TJUE con las modificaciones normativas necesarias para eliminar esta "discriminación tan patente" cambiando el método de cálculo. "Es imprescindible hacerlo y pronto, para evitar miles de impugnaciones de personas en situación similar que colapsen los juzgados de lo social y fomentar el uso de este tipo de contrato", ha añadido.
El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha recordado que las sentencias del TJUE son "de obligado cumplimiento", por lo que "España deberá adoptar las medidas para" trasponer este fallo judicial. "Nos consta que el Gobierno comparte esta preocupación y ha abierto diálogo con los agentes sociales para ver cómo modificar esta legislación. Hoy no estamos en condiciones de debatir cómo debemos modificarlo, pero sí de emplazar al Gobierno claramente a abordar esta cuestión", ha añadido, pidiendo al Ejecutivo y a los agentes sociales a "ponerse las pilas y dar solución a este problema".
Finalmente, Sabino Cuadra (Amaiur) ha lamentado que este tema no haya sido abordado de forma más urgente tras la sentencia del TJUE, y que no se incluyera ya, por ejemplo, en la reforma del régimen de los trabajadores del ámbito doméstico, la mayoría de los cuales se rige por un contrato a tiempo parcial. Asimismo, ha pedido una solución retroactiva.